Por Libre en el Sur
— México. – La organización Artículo 19 alertó sobre un incremento de las agresiones a periodistas y medios de comunicación en nuestro país, cuya causa principal es la intolerancia de funcionarios públicos.
Indica en un comunicado que en el primer semestre de 2020 esas agresiones se incrementaron en un 45 por ciento, ya que de enero a junio de este año se registraron 406 ataques contra la prensa mexicana, lo que representa un alza del 45 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019, en el que se reportaron 280.
Artículo 19 alerta que en esos primeros seis meses del año, cada 10.75 horas se registró una agresión a la prensa en México.
Los datos recopilados por la organización especializada en la defensa de la libertad de expresión indican que de enero a junio hubo 406 agresiones, 45 por ciento más que las registradas en el mismo lapso de 2019.
Entre esas agresiones destacan amenazas de muerte, hostigamiento, bloqueos informativos y alteraciones de contenido son las principales agresiones, mientras que hubo dos asesinatos de periodistas.
Artículo 19 enfatizó que “existe un efecto multiplicador donde la misma estrategia del Gobierno de Andrés López Obrador se repite en los estados”.
En vez de fungir como espacios de diálogo o de transparencia informativa, acusa, “tanto el Presidente como los gobernadores utilizan las conferencias de prensa, en temas generales y de la salud, para estigmatizar y denostar a la prensa”.
Como ejemplo, el reporte cita a los Gobernadores morenistas de Baja California, Jaime Bonilla, y de Puebla, Miguel Barbosa, a quienes acusa directamente de cometer agresiones a la prensa.
De las 406 agresiones, 199 fueron generadas por autoridades.
“Algunos factores que propagan el crecimiento de las agresiones son la intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público, particularmente vinculado a la pandemia, la represión de protestas, así como la captura del poder público por el crimen organizado”, afirma Artículo 19.
Asimismo, la organización se dice preocupada por el rol de la delincuencia organizada en la violencia contra la prensa. “Quintana Roo, Guerrero, Baja California y Sonora presentan altos porcentajes de agresiones por crimen organizado”, sostiene.
“Los asesinatos, la desaparición de un periodista por más de 48 horas, y las amenazas de muerte por grupos del crimen organizado son una constante en regiones donde la frontera entre el gobierno y el crimen organizado se vuelve difusa”.