Por John M. Ackerman
— “Soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días”, declaró orgullosamente Enrique Peña Nieto en el marco de la inauguración del Centro de Innovación y Desarrollo de la empresa refresquera en 2016. La denominada «Cruzada contra el Hambre», lanzada por Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social durante el mismo sexenio, contó con la activa participación de las empresas trasnacionales Nestlé y Pepsico.
El ex presidente Vicente Fox fue gerente de Coca-Cola para México entre 1975 y 1979 y ha confesado que los primeros donativos para su carrera política provinieron de colegas y empresas relacionados con la firma refresquera (véase: https://bit.ly/2DQScOx). Fox declara que de joven ingería diariamente hasta 12 porciones de este «veneno embotellado» (López-Gatell dixit) y presume que como gerente fue el responsable de conquistar al mercado mexicano para Coke.
El viejo régimen neoliberal no sólo robó y saqueó a la nación, sino que también enfermó a los mexicanos. Como resultado de la vergonzosa alianza entre el gobierno mexicano y empresas de alimentos chatarra, la población hoy se encuentra en una situación sumamente vulnerable.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (https://ensanut.insp.mx/), para 2018 teníamos 8.6 millones de personas con diabetes en México, 10.3 por ciento de la población mayor a 20 años de edad. Según la Academia Mexicana de Medicina, entre 1980 y 2010 aumentó 47 por ciento la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2, pasando de ser la novena causa de mortalidad en 1980 a la segunda causa en 2010 (https://bit.ly/3ip3YPs).
En 2018 ya contábamos con 15.2 millones de personas con hipertensión, lo cual significa 18.4 por ciento de la población adulta mexicana, de acuerdo con la Encuesta Nacional. Ello implica un aumento de 5.9 millones de casos en sólo seis años. La situación respecto de la obesidad y el sobrepeso es aún peor: más de 75 por ciento de los mexicanos hoy sufren de estos males (39.1 por ciento con sobrepeso y 36.1 por ciento con obesidad). Según la OCDE, estas últimas cifras implican un impacto negativo de 5.3 por ciento sobre el PIB anual.
Esta crisis de salud pública tiene una repercusión directa en la tasa de mortalidad para quienes se enferman de Covid-19. Las comorbilidades principales en México son precisamente hipertensión, donde 43.82 por ciento cuenta con esta precondición, diabetes (37.93 por ciento) y obesidad (24.58 por ciento), con datos actualizados al día 8 de este mes. Si no estuvieran tan prevalentes estas condiciones entre la población mexicana nuestra tasa de mortalidad sería mucho menor.
Otro problema estructural es la falta de inversión en salud pública durante la larga noche neoliberal. Durante las últimas tres décadas, el gasto público sólo ocasionalmente rebasó 3 por ciento del PIB e incluso en algunos años, como en 1990 y 1996, fue menor a 2 por ciento (https://bit.ly/3kmuf2F). Peña Nieto dejó más de 300 nuevos hospitales y unidades médicas inconclusos. De ellos, la mitad jamás podrán ser terminadas por ser considerados inviables por fallas estructurales en su diseño.
Ahora bien, el gobierno de López Obrador ha hecho un esfuerzo heroico por aplanar la curva de los contagios por Covid-19, así como por evitar la sobresaturación de pacientes al reconvertir docenas de hospitales a lo largo y ancho del país. El gobierno también proporciona cotidianamente información fidedigna y transparente sobre la pandemia. El subsecretario Hugo López-Gatell ha encabezado 160 conferencias de prensa y actualiza todos los días la página web especializada en la materia (https://coronavirus.gob.mx/datos/).
Adicionalmente, el gobierno se ha negado a caer en la tentación de cerrar fronteras, imponer toques de queda o contraer nueva deuda pública. Los supuestos beneficios a corto plazo de este tipo de medidas de emergencia serían más que revertidos por los efectos negativos a mediano y largo plazo una vez que pasen la borrachera del poder y el dinero fáciles.
En lugar de atender los síntomas de la crisis es mejor atacar las raíces.
Por ejemplo, constituyen avances clave la nueva ley federal sobre el etiquetado frontal de los productos alimentarios y la prohibición en Oaxaca de la venta de refrescos y de comida chatarra a los menores de edad. Los esfuerzos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para regular la importación de glifosato, peligroso herbicida utilizado por la agroindustria para inflar su productividad, también constituye una importante contribución. Y las contundentes acciones de la Secretaría de la Función Pública y otras entidades federales contra la corrupción en el mercado farmacéutico y en favor de la diversificación de proveedores han facilitado el acceso de la población a medicinas y tratamientos a bajo costo.
Quien miente no es López-Gatell, desde luego, sino quienes insisten en cargarle los muertos del viejo sistema neoliberal chatarra a la Cuarta Transformación.