Por Francisco Ortiz Pinchetti
— El número oficial de mexicanos muertos por la COVID-19 habrá llegado este viernes a los 50 mil, según los registros de la Secretaría de Salud. Sabemos que el número real es mucho mayor. Aterrador. Sobre todo porque la tendencia de contagios y fallecimientos sigue al alza, a pesar de todos los contradictorios vaticinios de la autoridad sanitaria.
Hay sin embargo otro aspecto de esta tragedia de la que nada se informa. Me refiero a efectos colaterales de la pandemia que al parecer no se cuantifican. No hablo de los efectos económicos que esta contingencia ha dejado y dejará a nuestro país, ciertamente catastróficos. Tampoco de la hecatombe educativa que se avecina. Hablo de los miles y miles de mexicanos con padecimientos rutinarios, eventuales o crónicos, que han dejado de ser atendidos por la conversión de hospitales y la reorganización de los servicios médicos debido a la pandemia.
Y no hay información oficial al respecto.
Hace un par de semanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el hecho de que los servicios de prevención y tratamiento de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la emergencia en la región de las Américas.
Informó que una encuesta de la propia OPS/OMS confirmó que el impacto es mundial y que la interrupción de los servicios de salud de rutina constituye una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas.
Y es que desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, males renales y diabetes.
Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de la COVID-19. El tratamiento y los cuidados para estos pacientes deberían continuar, advirtió la OPS; pero no ocurre así. En el 89 por ciento de los países americanos que respondieron a la encuesta, el personal de los ministerios de salud que trabajaba en la esfera de las ENT fue parcial o totalmente reasignado para apoyar la respuesta a la pandemia. “Los países deben buscar formas innovativas de garantizar su continuidad al mismo tiempo que hacen frente al coronavirus”, alertó la organización.
Y aportó un dato elocuente: antes de la COVID-19, el 81 por ciento de todas las muertes en países de América se debieron a ENT. Se estima que 62 millones de personas en los países de América viven con diabetes, y 1.2 millones de personas viven con cáncer sólo en América Latina y el Caribe. Además, alrededor de una de cada cuatro personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad crónica.
También el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha referido al asunto. En un mensaje, advirtió específicamente que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en las mujeres, niños y adolescentes “pueden ser mayores” que las muertes que en sí ha generado la pandemia.
En México, sin embargo, no parece haber siquiera consciencia de este tema.
Desde principios de la contingencia, los principales institutos nacionales de especialidades de nuestro país cerraron sus servicios habituales para convertir sus hospitales a la atención exclusiva de la COVID-19. Me refiero a institutos como el de Enfermedades Respiratorias, el de Nutrición y el de Cardiología, entre otros. También el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el “Federico Gómez”, el “Gea González”; centros médicos como el 20 de Noviembre, del ISSSTE, y decenas de hospitales de zona del IMSS y de la SSA en todo el país, dedicados total o parcialmente al coronavirus.
Esas instituciones han tenido que cancelar la atención a sus cientos y cientos de pacientes habituales, muchos de ellos en situación de salud muy precaria, cuyos tratamientos implican un seguimiento puntual en consultas, análisis de laboratorio, intervenciones clínicas de diversa índole.
Para tener idea de las dimensiones del problema basta saber que según estadísticas del sector salud, cada año, en condiciones normales, se otorgan más de 250 millones de consultas de primera vez y subsecuentes en el país. El número de intervenciones quirúrgicas supera las 700 mil anuales.
He tenido la mala experiencia de sufrir las limitaciones forzosas de la atención médica. No en lo personal, pero sí con el caso de un familiar cuyo tratamiento en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) se ha visto interrumpido. Consultas de seguimiento se han cancelado y estudios programados se han postergado. Como si la enfermedad pudiera ser obligada a un receso “por causas de fuerza mayor”.
Esa falta de atención a pacientes ambulatorios en el INCMNSZ obligó, por recomendación de los propios especialistas, a recurrir a la atención del IMSS, dado que el paciente es derechohabiente. La experiencia ha sido verdaderamente penosa, no por mala voluntad sino por la limitación de servicios que se suma al burocratismo habitual y la falta de personal médico que efectivamente ha sido reasignado a la batalla contra la COVID-19. Afortunadamente, mi familiar tuvo a final de cuentas, luego de inacabables trámites y traslados, una respuesta adecuada que por lo pronto lo pone a salvo de una complicación mayor.
No es el caso de muchos otros enfermos rutinarios, ambulatorios o no contagiosos, como se les cataloga. Son miles. Muchos habrán muerto en estos meses por falta de atención. Nadie los cuenta. Y de ellos ninguna autoridad del sector salud hace siquiera referencia. Ni una palabra. Son invisibles. Válgame.
@fopinchetti