Por Jaime García Chávez
— De trascendencia nacional y de alto impacto local en Chihuahua es la desaparición forzada de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene, todos de apellido Alvarado, desde el 29 de diciembre de 2009. Ellos fueron aprehendidos por soldados pertenecientes al 35 Batallón de Infantería, que recurrió a un “levantón” a la más pura usanza de los que dan los agentes de la delincuencia organizada.
El hecho sucedió en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, durante el sexenio calderonista y en medio del Operativo Conjunto orquestado en contubernio con el Gobierno de José Reyes Baeza Terrazas. Como se sabe, fueron años de abuso por los que no han respondido al menos dos de sus actores: la ex Procuradora Patricia González y el General José de Jesús Espitia Hernández, entonces comandante de la Quinta Zona Militar con sede en la capital del estado de Chihuahua.
Son hechos que han dejado una estela de dolor en la región, pero también de una lucha tenaz para que se haga justicia. Pero todo indica que las fuerzas armadas son intocables por el brazo de la ley, protegidas en un fuero digno de los peores tiempos de la primera parte del Siglo XIX mexicano; comprensible esto en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, pero inadmisible en el actual, que tiene conocimiento de primera mano de los sucesos y que ha caído –a contrapelo de sus compromisos públicos concretos– en incumplimiento de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a nuestro estado nacional a reconocer las grandes violaciones a los derechos humanos, desde luego a reparar el daño causado y a deslindar responsabilidades.
Esta sentencia fue dictada en diciembre de 2018, prácticamente en simultaneidad de la apertura del actual sexenio que quedó obligada a cumplimentarla en un año y no lo hizo. Aquí hay un desacato por el cual se deben rendir cuentas y fincar responsabilidades.
Las víctimas, en especial los parientes cercanos que apoyaron el pronunciamiento final de la Corte, no han dudado en equiparar a López Obrador en esta materia con Calderón y Peña Nieto, al parecer carente de voluntad para imponer justicia cuando las fuerzas castrenses están como responsables de atropellos tan graves como los que aquí reseño.
Como se puede advertir, la justicia ni es pronta ni es expedita, pero aun cuando llega tarde, su cumplimiento se neglige, se le da largas, con la deliberada intención de doblegar a los reclamantes. Es una historia que ha plagado de agravios al país entero, y ya sabemos lo que sucede con procesos de esta índole que terminan por estallar y hasta barrer con todo lo que hay, como sucedió con el inicio de la Revolución mexicana.
En el contexto actual, el caso de los Alvarado llama la atención porque en el reciente informe de la señora Rosario Piedra al Congreso de la Unión se le despreció como punto de agenda necesario, cuando que se trata de algo ineludible. Esto significa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se torna en un simple aparato sumado al coro de una retórica y no a la actuación para preconizar y exigir que no se violenten los derechos humanos, como ha sucedido en este caso y agravado por una violación adicional, el desacato a una resolución internacional que compromete el prestigio de México en esta materia.
Además hay un paralelismo con el silencio de otras agendas de carácter urgente, como el trato que se le está dando a los migrantes en la frontera con Guatemala, que trasciende a Centroamérica. Una CNDH así no le sirve a nadie y al parecer hay un afán de desmantelar ese tipo de autonomías tan importantes para el país. La señora Rosario Piedra está acreditando con hechos los argumentos con los que se confrontó la pertinencia de su nombramiento.
Malos vientos corren para la justicia: el caso Alvarado, la ausencia de pronunciamientos de la CNDH, la filtración de una pretendida reforma a la legislación penal propia de los países atrasados, autoritarios o dictatoriales, y hasta ese afán de ir en contra de lo mejor que hay en la Ley de Amparo para despojar a los gobernados, a las personas en general, de una herramienta importantísima para la resistencia civil y que es rica herencia de un liberalismo que, parece, se profesa por el actual Gobierno de los dientes para afuera.
Me interesa de todo lo dicho en este texto el caso Alvarado, que marcará la pauta para catalogar a este Gobierno en sus relaciones con el Ejército: o más de lo mismo o una nueva ruta.