“El derecho que se reconoció violado, se mantiene violado, aún cuando la ley exista”, afirmó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México.
Por Aristegui Noticias
La ley sobre Publicidad Oficial que avanza en el Senado de la República no cumple con estándares internacionales, no garantiza independencia de los medios y la libertad de expresión, señalaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Artículo 19.
En entrevista para AristeguiCNN, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México y Centroamérica, apuntó que esta ley que va a impactar en la vida de todos los ciudadanos no fue discutida apropiadamente y no ataca los problemas por los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo a su organización, con el fin de que el Congreso legislara en la materia antes del 30 de abril, cuando termina su periodo ordinario de sesiones.
Recordó que al momento de emitir la sentencia, la Suprema Corte expuso que existe una violación continua a la libertad de expresión, pero el problema es que “hoy por hoy lo que está haciendo el Congreso es seguir manteniendo la violación de derechos“.
“La falta de regulación del artículo 134 lo que genera es un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico, y por lo tanto, se requieren criterios claros y objetivos para la asignación de la pauta… Nosotros como quejosos de este amparo obviamente decimos este no es un cumplimiento cabal a la sentencia, dado que el derecho que se reconoció violado, se mantiene violado, aún cuando la ley exista”, añadió.
De acuerdo con la directora de Artículo 19, también es preocupante que la Secretaría de Gobernación sea la que vaya a mantener el control de la pauta oficial, porque la publicidad es utilizada como “instrumento de control político para desinformar a la sociedad”.
Por su parte, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó que el gobierno destine grandes cantidades a medios de comunicación y la forma discrecional en que lo hace, “premiando más a los medios que considera que son menos críticos”.
“Es un factor que interfiere en la independencia de los medios, presiona a los medios y afecta en definitiva la libertad de expresión y a la democracia mexicana”, añadió.
Desde el punto de vista de Lanza, “no hay claridad en la discusión” y la ley sobre publicidad oficial que se pretende aprobar -calificada incluso como #LeyChayote- no cumple con los requisitos del derecho internacional en esta materia.
Ruelas coincidió en que esta legislación “no cumple con ninguno de los estándares planteados por la relatoría en los principios relacionados con publicidad oficial y libertad de expresión” por la falta de criterios de asignación, planeación y control.
“Hace falta reconocer que la publicidad oficial no puede ser utilizada para fines de ensalzamiento ni para la sobre exposición de funcionarios públicos porque afecta directamente en las contiendas electorales”, abundó.
Asimismo, observó, “no tiene sanciones específicas para aquellos funcionarios que utilicen el dinero público de manera discrecional para la publicidad oficial”.