Por Patricia Mayorga/Proceso
Desde el 2007, los pobladores del municipio de Ocampo, Chihuahua, viven con el temor de que su casa se venga abajo, a causa de los trabajos que desarrolla en ese lugar la minera Frisco.
Y es que sus viviendas sufren un hundimiento progresivo. El pasado miércoles 28 la mitad de un cerro se vino abajo sin que la minera ni las autoridades municipales y estatales atendiera la emergencia.
Lorena Hernández es una de las afectadas por los hundimientos. Refiere que hace un año fueron desalojadas siete familias del lugar, luego de que sus viviendas se hundieron de 10 a 15 metros.
Desesperada, dice a la reportera: “Hoy nuevamente se derrumba donde mismo, ayúdenme a compartir para que llegue a una autoridad competente, la minera Frisco no se hace responsable de sus actos y daños a nuestras viviendas”.
Frisco compró hace casi siete años la mina en esta población de la Sierra Tarahumara. Antes estaba en manos de la empresa Gammon Lake que más tarde cambió de nombre y se llamó Aurico Gold.
“Hace tres años, cuando trabajaba en la mina, los mismos trabajadores decían que ya estaban trabajando muy arriba, casi a la intemperie, que se estaba cayendo todo”, recuerda Janeth Gastélum, quien vive fuera de la cabecera de Ocampo desde hace dos años, pero sus familiares todavía permanecen en la zona de riesgo.
Las casas que más riesgo corren son, dice, las que están ubicadas en las faldas del cerro.
Gastélum indica que la minera no se hace responsable de los daños, pero la población afectada argumenta que adquirió la compañía con el conocimiento de las afectaciones y de las condiciones del entorno natural dañado desde hace décadas.
Laura Hernández videograbó el más reciente hundimiento de su casa que colinda con la de su madre.
“Tuvimos que abandonar las casas, nadie se hace responsable. Frisco nos reubicó en otro lugar, a la salida del pueblo, a unos 15 o 20 minutos, pero las casas están en pésimas condiciones”, cuenta.
Y añade que entre las siete familias que fueron desalojadas hace un año se encuentran adultos mayores, un joven con discapacidad y niños.
Laura Hernández refiere que sólo algunos recibieron apoyo de la minera reubicándolos a la orilla del pueblo, pero otros pagan renta.
Lo único que piden los habitantes de Ocampo es que Protección Civil evalúe la situación.
El problema se remonta a marzo de 2012, cuando se registró un derrumbe en la mina José María de Ocampo. En aquella ocasión resultaron heridas dos personas y perdió la vida el minero José Alfredo Flores Flores, originario de San Luis Potosí.
A raíz de ese incidente, el pueblo se unió para reclamar a los concesionarios por las constantes explosiones que estaban afectando sus casas, además de que los trabajadores carecían de las más elementales medidas de seguridad.
La mina estaba a cargo de la empresa Aurico Gold de México. El derrumbe los alertó y alzaron de nuevo la voz, después de cinco años de lucha silenciosa contra la empresa, para que les reconstruyera sus casas. Nunca les respondieron.
Aquella ocasión exigieron que las autoridades privilegiaran su integridad como mexicanos y no dieran prioridad a los intereses económicos con extranjeros. La única consecuencia positiva fue que el Ejército mexicano le clausuró a la mina la autorización para denotar explosivos durante los cambios de turno, pero sólo por un tiempo.
La situación generó movilización de todo el pueblo, se manifestaron en la entrada de la minera para exigir atención a las autoridades y de los directivos de la empresa. Crearon un comité conformado por varias dependencias, directivos de la mina, dos personas del poblado y dos mineros, para impulsar peritajes que realizaron expertos. Nada sucedió.
La compañía minera liquidó con el cien por ciento a los mineros inconformes, una vez que denunciaron que escuchaban caer piedras en el interior y alertaron que el riesgo de otro derrumbe, era latente. Se fueron 52 mineros originarios de varios estados del país y de otros municipios de Chihuahua.
Ante la presión del pueblo fue clausurada, temporalmente, la parte de la mina derrumbada.
Uno de los representantes ciudadanos, el profesor Alfredo Gutiérrez Araujo, quien formó parte del comité que logró ingresar a la mina para supervisión en 2012, informó: “Encontramos mallas muy deterioradas, lugares donde no hay mucho oxígeno. El riesgo con las mallas que están deterioradas es que están muy cargadas de piedras y si una se llega a caer, puede ocasionar un accidente a uno o más trabajadores”.
El motivo de las casas cuarteadas era que cuando salía un turno, explotaban los cerros que albergan la mina, para que los mineros del turno entrante pudieran sacar el mineral, el oro y plata que se extrae. Eso sucedía todos los días desde hacía ya cinco años.
Aquel año, los trabajos de la minera ya iban avanzados. El exterior de los cerros ya evidenciaba que estaba explotado casi todo el cerro principal de la mina. Los pobladores y mineros sabían que abajo del pueblo hay explosivos almacenados de manera permanente.
En la cabecera del municipio viven alrededor de 250 habitantes. Los deterioros grandes de las casas, derivados de las explosiones constantes de la mina, se registran desde 2007, cuando llegó la anterior compañía a explotar la mina histórica. Ocampo es un pueblo minero desde el siglo XIX.