Por Karla Quintana / Raíchali
Chihuahua- Las autoridades de todos los niveles de gobierno han desacatado las resoluciones de jueces que han ordenado el respeto al territorio, al bosque, al agua y a otros derechos humanos de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
Lo anterior, de acuerdo a integrantes de comunidades rarámuri de Huetosachi, Bacajípare y Mogótavo del municipio de Urique; Bosques de San Elías Repechique del municipio de Bocoyna; de El Manzano, municipio de Uruachi; y Monterde, municipio de Guazapares, las cuales han expuesto esos señalamientos ante diputadas y diputados del Congreso del Estado durante varias reuniones realizadas entre el 04 de septiembre y 16 de octubre.
El tema central que empujan en el legislativo es la violación sistemática a los derechos de las comunidades indígenas, a pesar de las sentencias favorables que ordenan la restitución de sus derechos, indemnización de daños y el retorno digno de las personas desplazadas a sus respectivas comunidades.
En las reuniones han estado acompañados por la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y la organización Awé Tibúame, para exigir atención y soluciones concretas a los conflictos que enfrentan, en especial aquellos derivados de megaproyectos turísticos y de tala ilegal, que afectan gravemente sus territorios.
El 24 de septiembre tuvieron un primer encuentro con el priísta Arturo Medina, presidente de la comisión de asuntos indígenas, y aparte con la bancada de Morena, mientras que el 16 de octubre pasado, hicieron lo propio con integrantes de la bancada de Acción Nacional (PAN).
Durante una visita realizada entre el 13 y 14 de octubre a la región, la diputada por Morena, Leticia Ortega Máynez, recorrió las áreas impactadas por proyectos turísticos en las comunidades Repechique, Huetosachi, Bacajípare y Mogótavo.
El recorrido incluyó el basurero de San Rafael, en el municipio de Urique, y arroyos contaminados por las descargas de aguas residuales provenientes de hoteles, del Aeropuerto de Creel, evidenciando el daño ambiental en la zona.
En defensa del medio ambiente, de sus territorios y de los derechos colectivos, las comunidades indígenas hicieron un llamado a todas las fracciones parlamentarias, a las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil para que escuchen sus demandas. Insistieron en la necesidad de llegar a acuerdos que solucionen las problemáticas que enfrentan y subrayaron la importancia de proteger el futuro de la Sierra Tarahumara.
Sentencias ganadas
Alrededor de 120 personas de las comunidades de El Manzano y Monterde se encuentran desplazadas desde 2015 y 2014 respectivamente, obligados por el crimen organizado que disputaron su territorio. No ha habido justicia a pesar de asesinatos que se registraron previo, durante y después de los desplazamientos, ni garantías de seguridad para que puedan retornar.
En 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resolvió que la gobernadora María Eugenia Campos Galván como jefa del Ejecutivo y la la Fiscalía General del Estado, fallaron en proveer a las comunidades un ambiente seguro y digno.
El 3 de mayo del 2024, el Sexto Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa con sede en el la Ciudad de México confirmó la concesión por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua en el aparato 917/2021, la protección al colectivo de personas en condición de desplazamiento interno forzado de las comunidades de El Manzano y Monterde.
La comunidad de Bosques San Elías Repechique promovió el amparo 422/2014 en abril de 2014, por la omisión de consulta en el proyecto del Aeropuerto Internacional Barrancas del Cobre que fue ganado y se ordenó la indemnización a las rancherías afectadas.
Este año, el juzgado federal Décimo de Distrito del Estado de Chihuahua emitió una sentencia a favor de la comunidad en el reconocimiento de la posesión de su territorio de 11 mil hectáreas.
La comunidad de Huetosachi presentó una demanda en 2009 ante la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior del Estados, en el que aplicó los convenios internacionales y el órgano judicial reconoció los derechos de propiedad sobre su territorio ancestral.
Las problemáticas de todas estas comunidades las exhibieron desde el 4 de septiembre pasado, ante los integrantes de la nueva legislatura.
Reunión en Palacio de Gobierno
El 16 de octubre, las mismas comunidades y organizaciones sostuvieron una reunión en palacio de gobierno con los titulares de la Secretaría General de Gobierno (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPYCI) y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En ese encuentro expusieron nuevamente las afectaciones que han sufrido las comunidades debido a los megaproyectos turísticos en las Barrancas del Cobre en las comunidades de Urique y Bocoyna, lo que ha agravado el desplazamiento forzado, la violación de sus derechos y la contaminación de sus territorios.
Durante la reunión, las y los funcionarios estatales se comprometieron a revisar los casos de cada comunidad y se comprometieron a dar seguimiento mediante nuevas mesas de diálogo para plantear soluciones.
Sin embargo, las comunidades enfatizaron que seguirán buscando justicia a través de todos los medios posibles, que incluye el acercamiento a diputadas y diputado, así como buscar el diálogo con las instancias del gobierno federal.