Chihuahua.- Personas indígenas de siete comunidades de cuatro municipios se manifestaron en la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado, para exigir atención inmediata de las autoridades ante el incumplimiento de varias sentencias ganadas en la lucha por su territorio.
Se trata de integrantes de Bosques de San Elías Repechique (del municipio de Bocoyna), Mogótavo, Huetosachi, Bacajípare (del municipio de Urique), personas desplazadas de Monterde (del municipio de Guazapares) y de El Manzano (municipio de Uruachi).
Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde del jueves, representantes de estas comunidades estuvieron en la Plaza Hidalgo, frente a la sede del Poder Ejecutivo, para exigir la atención de la Secretaría General de Gobierno, ya sea por su titular Santiago de la Peña, o por el subsecretario de Gobernación, Óscar González Luna. Por lo menos en un par de ocasiones, esos funcionarios han pospuesto las reuniones ya pactadas.
Al no obtener respuesta, decidieron trasladarse al Congreso del Estado para reunirse con el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidente de la Comisión Legislativa de Pueblos y Comunidades Indígenas y quien ocupa una curul destinada a una o un legislador indígena por el distrito 22.
Durante su paso por el Congreso, sostuvieron encuentros con diputados de Morena, entre ellos Edin Cuauhtémoc Estrada, Leticia Ortega Máynes, Rosana Díaz Reyes, María Antonieta Pérez Reyes, Óscar Daniel Avitia Arellanes y Elizabeth Guzmán Argueta.
En estas reuniones, además de pedir apoyo para el cumplimiento de las sentencias que han ganado en distintos litigios, las comunidades presentaron un plan de desarrollo elaborado en conjunto con la organización Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), titulado Nátiga Busuré.
Este documento aborda temas clave como salud, medio ambiente, educación, seguridad, economía, turismo y artesanías, con el objetivo de garantizar el bienestar y la autonomía de las comunidades indígenas.
“Conciben el desarrollo como una vida tranquila, respeto y armonía con la naturaleza, en donde puedan habitar y sembrar las tierras para tener alimentos sanos; (…) donde puedan respirar aire puro; en donde puedan recuperarse y vivir sus tradiciones; con trabajos estables, con comercios justos para el turismo, la artesanía y así se ejerza su autonomía,” menciona el plan Nátiga Busuré.
El plan también responde a las obligaciones de los gobiernos federal y estatal en relación con la creación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que busca compensar a las comunidades afectadas por el proyecto turístico en la región.
Historia de lucha territorial y problemáticas del turismo
Acá algunos detalles de las sentencias que han ganado.
La comunidad de Huetosachi, un ejemplo emblemático de la lucha por los derechos territoriales, ha defendido desde 2009 su territorio frente a las presiones del turismo masivo y los intereses privados. En 2017, tras años de lucha legal, lograron una sentencia que reconoce a la comunidad como legítimos propietarios de su territorio ancestral.
Sin embargo, el turismo en la zona ha provocado graves problemas, como la contaminación de fuentes de agua debido a las descargas de aguas residuales de hoteles en El Divisadero y la acumulación de basura por parte de los visitantes. Estas condiciones han generado problemas de salud entre los habitantes, especialmente en Bacajípare y Mogótavo.
“Nosotros ahí vivimos, de ahí somos, y hemos tratado de platicar con los de aquí (…) con todos los servicios que hay aquí”, expresó Lorenzo Moreno Pajarito, representante de la comunidad de Bacajípare, refiriéndose a la falta de atención por parte de las autoridades.
Por su parte, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique ha luchado por la defensa de su territorio ancestral frente a los intereses de megaproyectos turísticos y de infraestructura.
Desde hace varios años, Repechique ha estado en el centro de una disputa por el uso de sus tierras debido a la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, un proyecto destinado a fomentar el turismo en la región.
Dicha comunidad solicitó que el fideicomiso Barrancas del Cobre se convierta en un recurso privado, ya que no hay avance en los proyectos productivos de la comunidad. “Nos han invitado a las reuniones, pero no se toman acuerdos, ya tenemos tres años”, señaló Teresa González, representante de la comunidad.
Las comunidades de El Manzano y Monterde exigen el cumplimiento de las sentencias emitidas a su favor por el desplazamiento forzado.
Tras años de lucha legal, estas comunidades lograron obtener sentencias que reconocen su derecho al retorno seguro a su territorio. Las resoluciones establecen que el Estado es responsable de implementar medidas que garanticen la seguridad permitiendo que las familias regresen a sus hogares en condiciones dignas.
Finalmente, las comunidades dieron a conocer que insistirán en obtener una reunión con el subsecretario de gobernación y que mantendrán el diálogo con los diputados del Congreso del Estado para buscar soluciones a sus demandas.