Era un secreto a voces. En los ámbitos judiciales se sabía de las presiones directas sobre jueces y magistrados. Presiones y amenazas, extorsiones. Se había convertido en un tema frecuente de las conversaciones entre juzgadores. Lo mismo entre los reporteros que cubren la fuente presidencial. Y trascendía con frecuencia a columnas y análisis políticos publicados en los medios.
El propio Presidente de la República, en una de sus conferencias de prensa matutinas, el 20 de febrero pasado, confesó con sorprendente cinismo que intervino en decisiones del Poder Judicial:
“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato (sic); cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos”, dijo Andrés Manuel López Obrador. “Cuando se daban estos hechos (en referencia a la liberación de Emilio Lozoya) y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”.
Hoy el asunto se hace público y se convierte en escándalo: el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coludido con el asesor jurídico presidencial Julio Scherer Ibarra, ejercía presión a través de sus subordinados cercanos sobre jueces y magistrados, para obligarlos ‘’por las buenas o por las malas” a fallar en determinado sentido sus resoluciones y sentencias.
Han salido a la luz decenas de testimonios que confirman la práctica usual de ese operador principal de Zaldívar Lelo de Larrea. El ministro Presidente se cuidó efectivamente de no ser él personalmente quien ejerciera las presiones contra los jueces (lo que contradice el dicho de Andrés Manuel), pero lo hacía a través de su mano derecha, incondicional y de todas sus confianzas.
Se ha documentado que era en las oficinas de Alpízar Salazar, en el piso 14 del edificio del CJF, donde se citaba a los juzgadores para hacerles las “recomendaciones” del caso. También se hacía eventualmente en un rancho propiedad del propio secretario general.
También hay en la denuncia abundante involucramiento de Scherer Ibarra en esta red de extorsiones y tráfico de influencia, lo cual se suma a la larga lista de episodios turbios de que está colmada su biografía. Larga lista. El documento que será base de la investigación ya ordenada cita ocasiones concretas en las que, personalmente, el titular de la Consejería Jurídica de López Obrador ejerció directamente coerción sobre los juzgadores con objetivos políticos… o económicos.
No es casual que haya sido precisamente Scherer Ibarra quien “recomendó” en su momento a Alpizar Salazar y a Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, ambos operadores principales de Zaldívar Lelo de Larrea, para ingresar al CJF. Desde febrero de 2022 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ellos dos. Al primero se le señaló por extorsiones a jueces y magistrados y, al segundo, por presuntas contrataciones con sobreprecios de al menos un 30 por ciento. Moches, pues. Nada pasó, también casualmente.
Zaldívar Lelo de Larrea se finge ahora sorprendido por algo que él sabía afloraría tarde o temprano. Su inexplicada renuncia a la presidencia de la SCJN y su rápida afiliación pública a la causa de AMLO y a la candidatura de Sheinbaum Pardo se explican por esa razón: buscó su protección.
Numerosas resoluciones de la Corte a favor de los temas del Gobierno durante su gestión como Presidente del supremo tribunal, documentan su incondicionalidad interesada frente al jefe del Ejecutivo. También su significativo silencio –o soterrado apoyo— ante la fallida intentona de Andrés Manuel por alargar el periodo del propio ministro queretano al frente de la Corte, a manera de ensayo sobre su propio afán de mantenerse en la Presidencia de la República más allá de su sexenio.
En ese mismo contexto se inscriben por supuesto las maniobras de Andrés Manuel para imponer como presidenta de la Corte a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, otra incondicional suya, para sustituir precisamente a Zaldívar Lelo de Larrea cuando renunció sin justificar las razones legales para hacerlo. El plan se frustró por la revelación sobre el plagio que ella cometió en la elaboración de su tesis profesional en la UNAM y luego en la de su doctorado.
Por lo demás, el intento anunciado ahora por el mismo ex ministro y la dirigencia formal de Morena de llevar a juicio político a la ministra Piña – quien de inmediato recibió el contundente respaldo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)– es la defensa obvia ante las evidencias de su comportamiento. Es un ardid publicitario que puede tener algún efecto favorable para él, pero que no prosperará en el Congreso. Y él lo sabe. El respaldo y la defensa que de él hicieron de inmediato el Presidente y la candidata de Morena no hacen más que confirmar la colusión.
El uso de la ley para objetivos políticos y económicos fue materia también de un libro, Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T (Ed. Grijalbo, 2023), en la que Hernán Gómez Bruera recoge diversos testimonios sobre esa práctica común y describe la existencia de toda una red de extorsión dirigida desde Palacio Nacional, concretamente desde la Consejería Jurídica… adjunta al despacho presidencial.
Seguramente tendría mucho que decir sobre este personaje el fantasmal procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, particularmente acerca de las “gestiones” ilícitas de Julito, como se conoce en el medio a Scherer Ibarra. Es bien gordo el expediente que le tiene. El problema es que involucra a los otros dos. Válgame.
@fopinchetti