Rubén Villalpando | La Jornada |
Ciudad Juárez, Chih., Quince empresas mineras explotan en Chihuahua un total de 3 millones 565 mil 834 hectáreas –equivalentes a 14.41 por ciento del territorio estatal– en 62 de los 67 municipios de la entidad.
Solamente en Delicias, Gómez Farías, La Cruz, Meoqui y San Francisco del Oro no hay concesiones mineras.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los consorcios se asentaron con permisos de anteriores gobiernos federales en territorios ejidales y propiedades ancestrales de las etnias rarámuri, pima, guarojía y tepehuana, que no reciben beneficios por la extracción de minerales, pero sí resienten los estragos ambientales y sociales causados por la actividad.
La gran extensión concesionada para la minería se concentra en pocas empresas. El Clúster Minero de Chihuahua, organismo del gobierno estatal, señala que en 2020 operaban en la sierra de Chihuahua 15 firmas. Las principales eran Agnico Eagle, Dia Bras Mexicana, Grupo Coanzamex, Peñoles, Minera Plata Real y Grupo México.
La industria minero-metalúrgica asentada en territorio estatal produce plata, oro, cobre, plomo y zinc, y hasta 2020 daba empleo a 20 mil 347 personas.
Antes de 2018 se entregaron 4 mil 354 títulos de concesión minera, a pesar de las protestas de grupos originarios, así como de pequeños propietarios y ejidatarios que, según agrupaciones ecologistas, no obtienen provecho alguno de la extracción de minerales y sí muchos daños, como deforestación, erosión y pérdida de suelo fértil.
Otros menoscabos son el desplazamiento de pobladores, modificación del relieve del suelo, impacto visual, alteración de la dinámica de los procesos de ladera y de los niveles freáticos.
El rechazo a la instalación de minas canadienses en el estado ha tenido éxito sólo en dos casos, uno de ellos en 2012: luego del asesinato de Ismael Osorio, líder de la agrupación campesina El Barzón, y de su esposa, Manuela Solís, la asamblea ejidal del poblado Benito Juárez, ubicado en el municipio de Buenaventura, decidió por mayoría clausurar las instalaciones de Mag Silver y de su filial Cascabel, a las que emplazaron a llevarse maquinaria, equipo y personal.
En una asamblea a la que acudieron 240 ejidatarios, se leyó el oficio UCPAST/Eu/12/1307 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, en el cual se precisó que Mag Silver debía dejar Benito Juárez por extraer aguas superficiales y no tener permiso alguno.
Además, el dirigente local del Partido de la Revolución Democrática, Javier Meléndez, a quien se atribuyen vínculos con el Partido Acción Nacional, intentó obtener un permiso para instalar una mina en la comunidad de Samalayuca, en Ciudad Juárez, lo que desató protestas de ambientalistas de esa localidad y de El Paso, Texas, al igual que de los agricultores de los ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, quienes lograron evitar su instalación.
El territorio chihuahuense cuenta con importantes reservas de oro, plata, plomo, cobre y zinc. La Cámara Minera de México dio a conocer en 2019 que esa actividad en el estado aportó ese año 17.2 por ciento del oro, así como 20.8 de la plata, 2.2 del cobre, 15.3 del zinc y 14.9 por ciento del plomo producidos en el país.