Ciudad Juárez—Murieron en México 39 hombres asfixiados, calcinados, dentro de una celda de un edificio del Gobierno y las respuestas todavía se escapan. El incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ha puesto al país frente a las heridas de su política migratoria. ¿Cómo pueden decenas de hombres ahogarse en el humo frente a las cámaras de seguridad, frente a los guardias encargados de vigilarlos? ¿Qué falló para que nadie los sacara de ese calabozo? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades?
La última tragedia de Juárez es latinoamericana: la mayoría de los fallecidos, 18, eran de Guatemala, siete de Venezuela y siete de El Salvador, seis de Honduras y uno de Colombia. El más joven tenía 18 años, el mayor 51. Todos eran hombres. De los 27 heridos, 16 están en estado crítico —11 siguen sedados e intubados—, y algunos presentan quemaduras en casi el 30% del cuerpo. Habían sido arrestados y trasladados al centro de detención por no tener los papeles en regla, pero no estaban acusados de ningún delito.
Cuando se desató el incendio, provocado a modo de protesta dentro de la celda, los agentes se marcharon sin abrirles la reja. Fueron los bomberos quienes forzaron la entrada unos 15 minutos después para rescatar a los supervivientes. La Fiscalía General de la República (FGR), que ha asumido la investigación, ha liberado seis órdenes de detención: contra tres trabajadores federales de migración, dos miembros de la empresa de seguridad privada Camsa y contra el migrante al que acusan de haber iniciado el fuego. Están imputados, de momento, por homicidio y lesiones. Tres días después de la peor tragedia registrada en un centro gubernamental, que ha revelado de nuevo la crudeza de ser migrante en México, siguen apareciendo irregularidades en la detención, la reclusión y la evacuación de las víctimas.
La detención
Ciudad Juárez lleva meses convertida en una olla a presión. Aquí convergen los migrantes que llegan del sur para cruzar a Estados Unidos —tanto mexicanos como latinoamericanos— con aquellos que el Gobierno de Joe Biden expulsa bajo el polémico Título 42. Recalan en la ciudad fronteriza pensando en marcharse, pero mientras tanto deben sobrevivir. Algunos consiguen trabajos legales mal pagados que dan un respiro a su situación migratoria, muchos aguantan gracias a los albergues y la caridad. La concentración de migrantes había empezado a molestar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien dijo hace un par de semanas: “Nuestra paciencia se acaba”. Desde entonces se habían precipitado los comentarios y las acciones contra ellos.
Desde el lunes por la mañana se desató en Juárez una feroz redada contra los migrantes. Los testimonios recopilados por EL PAÍS señalan que las detenciones se dieron a la salida de hospitales, dentro de tiendas de alimentos, a las puertas de estancias gubernamentales, en las calzadas y también cerca del muro fronterizo que los separa de El Paso, en Estados Unidos. El Gobierno estatal reportó el lunes 71 migrantes retirados de las calles por presuntos disturbios. Algunos de los que fueron arrestados ese día han contado a este periódico que estaban limpiando vidrios, pidiendo dinero en los cruceros o vendiendo dulces, otros iban simplemente caminando en la calle. Muchos fueron rodeados por distintas fuerzas de seguridad: desde agentes migratorios hasta policías municipales. Todos fueron trasladados al centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami) situado a tres kilómetros de la frontera.
De acuerdo con la ley mexicana, las personas extranjeras pueden ser llevadas a las llamadas estaciones migratorias “cuando no puedan acreditar su situación migratoria regular”. Sin embargo, al menos dos de los migrantes detenidos este lunes tenían permiso para residir en México. Es el caso del colombiano Julián Villamil, quien había entrado el 7 de febrero como turista en un vuelo procedente de Bogotá a Ciudad de México. Contaba con 90 días para transitar libremente por el país. Su novia y su suegra lo esperaban en Cincinnati. Lo agarraron en la puerta de su Airbnb a las 15.00 horas. Murió en el incendio. Tenía 22 años. El venezolano Eduard Carballo López había conseguido un trabajo que le facilitó un documento de tránsito. Fue arrestado a las 13.00 horas cuando iba a comprar medicamentos para su hija enferma. Sigue en el hospital en estado “delicado” por la intoxicación de humo. Ninguna autoridad ha explicado cómo es posible el arresto de personas que sí cuentan con permiso legal.
La reclusión
La estación migratoria de Ciudad Juárez es una de las primeras del país. Fue creada en 1995 con capacidad para 60 personas, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2019. No se han hecho remodelaciones desde entonces. A las 21.00 horas, momentos antes de que se iniciara el fuego, estaban recluidos al menos 83 adultos en ese centro: 68 hombres y 15 mujeres, sin contar a los niños que estaban también en el edificio con sus madres. Todavía no hay datos precisos de cuánto tiempo llevaban ahí los migrantes que no fueron detenidos ese día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al centro del Inami como un “albergue”, pero este inmueble ha sido definido por la CNDH como “un modelo de alojamiento tipo carcelario, similar al utilizado en los Centros de Reinserción Social, que conserva criterios de contención y represión de las personas en contexto de movilidad, como si se les atribuyeran conductas delictivas”. Esto implica que los migrantes no podían moverse libremente dentro del inmueble, ni mucho menos salir de ahí.
Al entrar en el centro, los migrantes fueron despojados de todas sus pertenencias: desde los celulares hasta los cordones de las zapatillas. Los encerraron en una sala con barrotes blancos, de paredes altas, que tiene en la parte de arriba cinco ventanucos. Al final del cuarto está el baño. Tenían una colchoneta para cada dos personas. Estos colchones de gomaespuma ya demostraron en el incendio de Hogar Seguro de Guatemala, donde fallecieron 41 niñas, que son altamente inflamables. No tenían agua potable. Esto ha sido reconocido este jueves por los agentes de migración, quien aseguran que la dirección ni siquiera les asegura botellas de agua para ellos, por lo que los arrestados pasaban el encierro sin poder beber nada.
Ante esas condiciones, y estando bajo llave, los migrantes prendieron algunas de las colchonetas como forma de protesta. ¿Cómo lo hicieron? La FGR primero apuntó a que habían pelado algunos cables y de ahí habían conseguido la chispa, ahora se asoma con fuerza la teoría de que un guardia facilitó un mechero y un cigarro a uno de los detenidos. En su conferencia de este jueves, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, ha evitado posicionarse: “Todo eso forma parte de la investigación”.
La evacuación
El fuego se extendió rapidísimo. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo en apenas 30 segundos el humo que salía de dos colchonetas incendiadas termina por tapar toda la sala hasta que ya no se ve nada. En ese mismo video se observa también cómo un agente de Camsa y dos federales, un hombre y una mujer, se pasean por la sala sin dirigirse hacia la celda en llamas, donde un migrante pega una patada a la puerta y otro se acerca a la verja a tratar de hablarles. Ninguno se gira, tampoco nadie trata de abrir el candado. Los tres se marchan.
Este miércoles, el abogado Jorge Vázquez Campbell presentó una denuncia —a la que tuvo acceso Associated Press— en la que acusa al delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, de haber dado la orden por llamada telefónica de no abrir la verja a los migrantes “bajo ningún motivo”. Vázquez Campbell dice que no desvela a quién representa por miedo a represalias hacia sus clientes. El Inami no ha respondido a esta acusación y tampoco lo ha hecho Rosa Icela Rodríguez, quien dijo no tener constancia de esta supuesta llamada.
La defensa de algunos funcionarios del Inami hacia sus compañeros detenidos es que “los acontecimientos se desarrollaron de una manera muy rápida y muy intensa, el gas tóxico que se emana de los colchones es prácticamente veneno para el cuerpo”, ha dicho hoy el agente federal Jesús Ignacio Molina Leiva: “Nuestros compañeros hicieron lo que pudieron. El compañero que se ve atravesando iba por el extintor”. Sin embargo, esto no se aprecia en las imágenes difundidas. Molina Leiva y otra decena de trabajadores migratorios buscan que las responsabilidades no se queden en sus tres colegas arrestados, sino que escalen hasta Francisco Garduño, director de Instituto de Migración.
