Por UAM | Desinformémonos.org
Los problemas cotidianos de destrucción, despojo y abuso de los recursos del planeta han puesto a las comunidades indígenas en resistencia frente al modelo económico que pone en riesgo la propia existencia de estos pueblos, afirmó la doctora Carmen Cariño Trujillo, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco explicó que desde hace 500 años con el inicio de la colonización se ha padecido de megaproyectos que perjudican el medio ambiente y ese esquema se mantiene hoy en día. La región de la mixteca oaxaqueña, por ejemplo, está amenazada por la minería y la explotación del litio, toda vez que dichas actividades afectan el suministro de agua en las 16 poblaciones de la zona.
“A la falta de precipitaciones por el cambio climático se suma el bombardeo de nubes con yoduro de plata para favorecer la lluvia, técnica que afecta el ciclo natural del vital líquido”, señaló en la mesa Pueblos originarios ante crisis ambiental e impacto para la salud del ciclo La vida en la diversidad: experiencias de México.
Para la investigadora, las poblaciones son las que están enfrentando los problemas, pues el gobierno no propone soluciones.
En la mixteca desde hace tiempo se cosecha el agua de lluvia, se ahorra el recurso, se plantan variedades nativas y desde la comunidad las mujeres se han organizado para brindar educación y aplicación de saberes ancestrales, aunque existe un proceso de recolonización del territorio con fines de explotación, reconoció.
La doctora Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, advirtió que “vivimos una crisis socioambiental que afecta a la sociedad y la naturaleza, pero además es civilizatoria al no dar respuesta a las necesidades de la población mundial. El modelo desarrollista nos lleva a una debacle de la sociedad y del medio ambiente y la respuesta del Estado no es para salir de la crisis, sino para favorecer a las grandes empresas”.
La explotación de esos territorios se remonta desde la conquista y se ha reproducido para seguir prevaleciendo sobre los derechos de los pueblos originarios, en los que persiste una crisis de salud, exclusión y despojo.
Con el cambio de régimen se esperaba una cuarta transformación distinta, “pero se impone el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, idea planteada desde la conquista que profundizará la exclusión”.
La activista dijo que esa obra se articula con el plan del tren maya, con la refinería de Dos Bocas y los gasoductos para la venta del gas natural.
“La región del Istmo se ha militarizado para garantizar las inversiones y reprimir la resistencia social y con los proyectos eólicos instalados en la zona, los empleos propuestos por esos parques han resultado una promesa incumplida”.
Cruz Velázquez explicó que la afectación más grave para el campo es el cambio del clima que perturba el trabajo de las comunidades de esa zona, pero la respuesta ha sido el sistema corporativo gubernamental que ofrece programas de ayuda, que los habitantes se ven obligados a aceptar por carecer de alternativas productivas.
“Los pueblos indígenas hemos preservado la biodiversidad en México y en el mundo, ahora nos quieren quitar nuestra tierra para volvernos parias en nuestro propio país”, sentenció.
La maestra Zenaida Pérez Gutiérrez, coordinadora del programa Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A. C. sostuvo que la realidad contra este sector es una persistente discriminación, despojo de sus territorios y una fuerte violencia.
Frente a los megaproyectos las mujeres están excluidas de los espacios de toma de decisiones a pesar de la existencia de protocolos internacionales que establecen esos derechos.
Ante el COVID-19 la población nativa quedó fuera de la atención de los servicios de salud gubernamentales, por lo que hubo un retorno al uso de la medicina tradicional de hace cientos de años y ahora se pide su reconocimiento.
La doctora Laura Raquel Valladares, investigadora del Departamento de Antropología de la sede Iztapalapa –moderadora de la mesa– señaló que 25 por ciento de mexicanos es de origen indígena y 25 millones de personas se autoadscriben como pertenecientes a alguna etnia originaria.
En México, existen 68 diferentes pueblos que han vivido en condiciones de exclusión y discriminación, distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán y Veracruz.
Los índices de desarrollo social muestran grandes rezagos en los poblados originarios, agravados por la crisis ambiental, que profundiza el problema histórico de la pobreza.
A pesar de ello, “los indígenas son actores políticos muy importantes que proponen soluciones a la crisis nacional y defienden sus territorios y formas organizativas como la horizontalidad y el trabajo colectivo”, concluyó.
La mesa Pueblos originarios ante crisis ambiental e impacto para la salud es parte del ciclo La vida en la diversidad: experiencias de México del Programa Martes UAM de Humanidades, coordinado por la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Casa abierta al tiempo.