La disputa por la electricidad, nueva etapa

Por Luis Hernández Navarro

La reforma eléctrica fue derrotada en la Cámara de Diputados. Los partidos de oposición la frenaron. Morena no alcanzó la mayoría calificada. La apuesta gubernamental por la soberanía energética recibió un duro golpe.

Hoy mismo se apagará su brillo, sentenció a los opositores un diputado de Morena, hasta hace poco tiempo beligerante priísta. Pero, admonición aparte, no hay evidencia de que así vaya a ser. De nada sirve que se anuncie que los electores les cobrarán en las urnas su victoria en San Lázaro.

Se les ha llamado, una y otra vez, traidores a la patria y ahí siguen. El PRI de hoy es el mismo que aprobó la reforma energética de 2013. Representa, al igual que el PAN, los intereses de los grandes consorcios energéticos. Sus legisladores tienen dueño.

La oposición echó por la borda la posibilidad de dar un golpe de timón en favor de los intereses nacionales y le hizo el trabajo a los de las grandes empresas extranjeras. Pero no está claro que vaya a pagar una factura que la lleve a desaparecer del mapa político. Los ejemplos abundan. Mario Delgado dirige Morena a pesar de promover la reforma educativa de Peña Nieto y el Partido Verde sigue ganando elecciones, no obstante sus reiteradas traiciones y acomodos.

No lo es, además, porque las grandes empresas energéticas lograron acreditar en la sociedad una matriz de opinión: la reforma es regresiva y tóxica (en realidad una contrarreforma), que atenta contra el ambiente y la libre empresa, y distrae recursos económicos que deberían ser usados en otros rubros. También, que viola tratados de libre comercio, abre la posibilidad de que se pongan aranceles a productos mexicanos, ahuyenta la inversión extranjera, aumenta el costo de la deuda pública, no resuelve los desafíos tecnológicos y provoca apagones. Se presentaron a sí mismas como la fuerza motriz capaz de conducir la transición energética hacia energías limpias y producir electricidad más barata.

No importa que nada de eso sea cierto. Mucha gente lo cree, es parte de su sentido común sobre el problema. La estrategia para defender la reforma eléctrica en la opinión pública fue muy poco consistente. El parlamento abierto tuvo un impacto muy limitado. Fue apenas un asunto de trámite.

La reforma fue derrotada por la correlación de fuerzas derivada de los comicios de 2021. Desde entonces estaba claro que no pasaría, a no ser que se le aseguraran al PRI espacios de poder: Durango, Hidalgo y Edomex. Además, por el abierto rechazo de la Casa Blanca. El Presidente no quiere broncas innecesarias con ese país.

Por duro que sea, el varapalo al proyecto de soberanía energética no lo manda a la lona. Se cierra la puerta pero se abren ventanas: el último resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma a la ley minera que la Cámara aprobó este lunes, a fin de garantizar que el litio sea declarado mineral estratégico propiedad de la nación.

La Corte validó que la ley eléctrica favorezca a la CFE por encima de las centrales privadas y las energías renovables. Sin embargo, su resolutivo no es una autopista sin obstáculos en favor de la soberanía energética; está lejos de ser un triunfo absoluto de la 4T. Por el contrario, es un camino con muchos obstáculos. Hay una disputa por la interpretación del alcance de la decisión. En los tribunales, el Estado podrá recurrir al precedente de no haber declarado inconstitucional la ley, pero está abierta la puerta del pantano de los amparos.

Es muy relevante la resolución de los siete ministros que dijeron que a la SCJN no le toca decidir qué modelo es mejor, pues estaría legislando, y que sólo le corresponde ver si se ajusta a la Constitución. Esto favorece al Estado y limita los amparos. Sin embargo, los amparos siguen vivos y de seguro se viene una nueva avalancha de ellos. Pero limitó el campo de actuación de los juzgados para resolverlos.

Ejemplo de esto son los costos unitarios. Antes se tenía que demostrar que había una mejora al usar los costos unitarios sobre los marginales. Los juzgados ya no deberán meterse a decidir si uno es mejor que otro. Ahora sólo se puede analizar si puede haber competencia usando costos unitarios.

Los conceptos que aún pueden causar amparos son los artículos 2, fracción 6; 26; 53; 101; 108, fracción 6, y el 126, fracción 2. Los que ya no son materia de amparo son los artículos 4, fracción 1; 12, fracción 1; 35 y 108, fracción 5. En los hechos, se abre la puerta a la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales en la materia, el corazón de la política.

También son buenas noticias que la SCJN desestimara la impugnación a la Ley de la Industria Eléctrica por la Comisión Federal de Competencia Económica. La comisión no tiene facultades legales para impugnar la legislación. Es un mercado que no le toca regular. El control exclusivo del Estado sobre el Sistema Eléctrico Nacional y el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica no constituyen monopolio.

A diferencia de la reforma constitucional, el cambio a la ley minera para nacionalizar el litio y declararlo mineral estratégico exclusivo del Estado, fue aprobado en San Lázaro con 298 votos a favor. Sin embargo, enfrentará otras amenazas. Según Keneth Smith, ex jefe de la negociación técnica de México para el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, si el litio no estaba considerado desde un principio en el T-MEC con una reserva específica, la reforma lo contravendría. Veremos si así es.

La disputa por el sector eléctrico, presente en el México moderno, entre los grandes consorcios energéticos y el interés nacional, entra ahora a una nueva fase. Como recuerda el clásico, una cosa es tener el gobierno y otra tener el poder.

Twitter: @lhan55

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