Por Ecos de Mirabal
El cambio de administración en el Gobierno del Estado modificó la situación legal de Mogótavo, comunidad enclavada en la región de Divisadero Barrancas, municipio de Urique.
Antes de que terminara la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, el Ministerio Público se desistió de la imputación por despojo agravado que había en contra de tres gobernadores indígenas.
Sin embargo, a partir de que Maru Campos llegó al Gobierno del Estado el conflicto revivió.
A solicitud de los empresarios y políticos que denunciaron a los indígenas de Mogótavo, la jueza de control Zulema Sandoval reabrió la causa penal 143/2021 y ordenó que continúe la investigación, argumentando que las razones que expuso el Ministerio Público no fueron suficientes para validar el desistimiento.
La decisión de la jueza se supo en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de octubre en Cuauhtémoc.
Como se había publicado anteriormente, el diputado priísta Omar Bazán Flores y los empresarios Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alvelais, denunciaron por despojo agravado a tres gobernadores indígenas, argumentando que el territorio de Mogótavo les pertenece porque lo compraron en más de dos millones de dólares a Odile Sandoval en el 2008 para convertir la zona en desarrollo turístico.
La comunidad de Mogótavo, donde habitan más de 300 personas de 80 familias rarámuri, ha intentado regularizar su territorio desde la década de los ochentas, pero, en lugar de reconocer el territorio a los tarahumaras, la autoridad agraria favoreció a la familia Sandoval otorgándole el título definitivo.
El diputado priísta y los empresarios pretenden incluso desalojar la Escuela-Albergue, la Iglesia y el panteón que hay en el lugar.
Después de que la jueza de Control decidió continuar con la investigación en contra de los gobernadores indígenas, la comunidad de Mogótavo realizó una asamblea donde decidió fortalecer su defensa.
“La comunidad nunca ha perdido la posesión de los territorios que habitamos, no tiene ningún sentido que las casas, escuelas y servicios que se hayan construido de 2016 a la fecha causen despojo por empresarios que nunca han vivido en nuestra comunidad, porque lo que nuestros hijos hicieron en el territorio que les pertenece, no causa molestia a nadie que no sea de ahí. Como comunidad, al informarnos esta resolución en asamblea, acordamos seguir unidos, seguir luchando, estar atentos y organizados para defender lo que por justicia es nuestro, de nuestras hijas e hijos. Agradecemos a las personas, asociaciones civiles y comunidad rarámuri que han estado atentas a nuestra situación, les pedimos que sigan solidarizándose con nuestra lucha, porque las agresiones continuaran, pero nosotros seguiremos aquí, no nos iremos, seguiremos luchando en contra de intereses políticos y económicos que pretenden despojarnos de nuestro territorio ancestral”, informó la asamblea de Mogótavo, en un comunicado.