— Hace casi siete años se produjo el derrame de desechos tóxicos más cuantioso en la historia de la minería mexicana: El 6 de agosto de 2014 un represo de aguas contaminadas con químicos cedió y volcó su líquido virulento en el arroyo Las Tinajas, de ahí fueron al Bacanuchi y más allá, al río Sonora que nace a unos kilómetros apenas de las instalaciones de la mina propiedad del Grupo México, responsable de la explotación.
Fueron unos 40 millones de litros de aguas contaminadas con ácido sulfúrico y minerales como cobre, cadmio y hierro que llegaron al cauce y lo colorearon de anaranjado, como una señal eficaz del peligro.
La responsabilidad por el macro daño al medio ambiente apunta al propietario de la minera. Su yerro se acentúa si se toma en cuenta que por un día al menos evitaron avisar sobre un evento que tiene serias consecuencias para la vida y salud de la población asentada en una cuarta parte del Estado de Sonora.
Eso fue, o bien para ganar tiempo y disimular la responsabilidad, o simplemente por negligencia. No fue sino hasta que los vecinos de las corrientes advirtieron la coloración roja del líquido, que aceptaron el desastre: Hubo muy poca preocupación por la salud y bienestar de las personas que viven en la cuenca del río Sonora.
En aquel momento el vicepresidente de relaciones internacionales de la empresa afirmó: “Observamos que parte del problema fueron esas lluvias que removieron mucho el material que cubría el tubo que conecta y eso fue lo que ocasionó que se desbordara esa solución (química)”.
Resulta simplón el argumento. Si los aguaceros lo debilitaron es patente que estaba mal construido, sin ganas y sin una inversión adecuada. Es totalmente inadmisible culpar a la meteorología por el rompimiento de un represo que, por definición, se construye para evitar que se desborde.
En ese entonces el presidente era Enrique Peña Nieto y su Gobierno intentó salir del compromiso cuidando las formas, sin resolver a fondo el problema: El Grupo México aceptó su responsabilidad y se formó un fideicomiso para atender el quebranto, tanto la contaminación de las aguas como la amenaza a la salud y bienestar de los pobladores de esa región central de nuestra entidad.
La minera entregó dos mil millones de pesos para las labores de remediación del desastre. Unos meses después, todavía dentro del Gobierno anterior, se declararon terminados los trabajos, de una forma apresurada y por demás desaseada, y se devolvió al Grupo México unos 800 millones de pesos. Muchos perjudicados no estuvieron de acuerdo, les pareció que los trabajos fueron más cosméticos que profundos, y solicitaron de la Suprema Corte de Justicia un amparo por no haber sido consultados sobre la terminación de los trabajos en el río.
El tribunal supremo les dio la razón en marzo del 2020, y consideró ilegal la extinción del fideicomiso por haberse “cerrado unilateralmente sin haber cumplido con el proceso de remediación y reparación de los daños”.
Ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) organizó una reunión para evaluar los resultados del Fideicomiso Río Sonora, en la ciudad de Ures, Sonora, los días 22 y 23 de mayo, hoy sábado y mañana domingo.
Sus resultados pueden poner en cuestión la terminación del fideicomiso. Ya la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, adelantó que todavía quedaban medidas pendientes para la remediación del daño.
Este episodio apunta más allá de sí mismo: En los últimos 20 años se alentó la actividad minera en el País. Se trató de atraer inversión y generar empleos, sin considerar la necesidad de un desarrollo natural armonioso y humano.
Es urgente reconocer los costos que la actividad ha tenido, en términos de daño al medio ambiente y la población; hay que vigilar sus actividades con firmeza y equidad, diligencia que faltó hace seis años en el río Sonora.
Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.
Correo: e.camou47@gmail.com