— Chihuahua.’-A cuatro días de que el Partido Acción Nacional defina su candidata o candidato a la gubernatura, el exsecretario de Hacienda de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral, aceptó públicamente que él mismo entregó los pagos de la nómina secreta a legisladores y otras personas de la vida pública de la entidad, a partir de 2014.
El exfuncionario justificó que él tenía el cargo más no el control de los recursos públicos del Estado y aseguró que desde 2014 trabajó bajo amenazas.
Herrera Corral ofreció una rueda de prensa después de que el secretario del ayuntamiento de Chihuahua y exdiputado local de Acción Nacional, César Jáuregui Moreno, exhibió llamadas telefónicas entre ambos, en las que el extesorero dice que el Ministerio Público del gobierno estatal lo ha presionado para declarar en contra de Jáuregui y de María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua con licencia y aspirante a ser candidata por la gubernatura.
La primera llamada que exhibió en la rueda de prensa fue el 28 de noviembre y una segunda el 28 de diciembre pasado, asegura.
En una rueda de prensa posterior, el exsecretario de Hacienda respondió y aceptó que existieron las llamadas, pero fueron sacados de contexto y editadas por César Juáregui.
Anoche, al hablar de la situación, el gobernador Javier Corral Jurado informó que las audiencias del caso de la nómina secreta iniciarán el martes 26 de enero, ya que el gobierno estatal fue notificado.
Más de 30 entregas al margen de la ley: Herrera
Acompañado por su esposa, Jaime Herrera se presentó ante los medios de comunicación, para confirmar que es testigo con identidad reservada y ha declarado en contra de quienes forman parte de la nómina secreta, proceso en el que está involucrado también el exgobernador César Duarte.
Recordó que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda de octubre de 2012 a octubre de 2016, período que calificó como una terrible realidad.
“Durante ese tiempo quien era gobernador del estado ordenó entregar pagos a diversas personas, siempre orientado a lograr el control de las instituciones y lograr beneficios económicos y políticos para él y muchos otros servidores públicos de aquella época”, agregó.
Dijo que por decisión propia, desde finales de 2016, cuando concluyó el gobierno de Duarte, se acercó a colaborar con las dependencias estatales para que se conozca la verdad sobre el periodo de corrupción de César Duarte.
En la rueda de prensa sólo abordó el tema de la nómina secreta o caja chica.
“Particularmente de más de 30 entregas que hice al margen de la ley, ordenadas por el exgobernador. En todo caso he aportado datos basados en la verdad (…) lo he realizado de manera libre, para que los hechos que me constan, se apegan a la verdad. Jamás he mentido ni he calumniado”.
Por primera vez hizo una declaración pública y se vio obligado porque César Jáuregui hizo señalamientos sobre mi persona que le afectan a él y a su familia.
“Fui objeto de grabaciones ilegales que, mediante engaño y mala fe, fueron obtenidos por César Jáuregui sin mi consentimiento (…) preguntas inducidas, se conoce como dolo y mala fe”.
Motivos electorales
Refirió que además de ser colaborador en la administración de María Eugenia Campos, Jáuregui es su operador político en la búsqueda de la candidatura por el PAN, para el gobierno del estado.
“Estas grabaciones ocurridas hace apenas unos días, pretenden ser utilizadas de manera mediática para la contienda y dentro del proceso penal que se le sigue a Maru y al propio César Jáuregui. Estas dos personas fueron legisladores en el periodo de 2013 a 2016. Ellos recibieron más de 30 entregas de dinero entre 2014 y 2016, por diferentes montos”, agregó.
Confesó que él mismo les entregó el dinero en efectivo. Sus declaraciones no se basan en lo que escuchó, sino en lo que vio y participó.
“Hay pruebas robustas y contundentes de que así fue. Fueron entregadas y firmaron por cada entrega, porque el entonces gobernador César Duarte, buscaba pagar favores y contratos locales”.
Campos Galván y Jáuregui aprobaron junto con el resto de la legislatura de 2013 a 2016, la cuenta pública de 2014 del gobierno de Duarte, así como el nombramiento de 13 magistrados “a modo” impuestos por el exgobernador y otros dictámenes, de acuerdo con Herrera.
“Cuando hablamos de iniciativas, el entonces gobernador quería que fuera de esa manera. Jamás se entregaba un peso que no fuera instruido por el gobernador”, insistió.
Justificó que, desde septiembre de 2014, cuando el abogado Jaime García Chávez interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, en contra de Duarte, Herrera y el exdiputado federal Carlos Hermosillo por el caso del banco Unión Progreso, él se vio atado al exgobernador.
“Me llevaron a una situación de presión y amenazas, por eso no pude salir (del gobierno). Amenazas de muerte y de todo. Esos hechos han sido denunciados, investigados y concluidos (…) salirme significaba perder mi libertad y otras cosas”, respondió a la prensa local.
Dijo que la Fiscalía General del Estado y el gobernador Javier Corral Jurado le han apoyado, después de que decidió acogerse al beneficio de la figura de criterio de oportunidad y colaborar con las autoridades en las investigaciones contra la red duartista.
Amenazas
Aseveró que ha recibido amenazas de gente cercana a César Duarte y presiones de la Fiscalía General de la República desde 2018, por acusaciones que ha tenido que atender y sacar adelante.
Luego hizo responsables de su seguridad y la de su familia, a María Eugenia Campos Galván y a César Jáuregui. “De ellos depende mi seguridad”, dijo al reconocer su error por dejarse engañar con las llamadas y ofreció disculpas por el lenguaje soez y vulgar que usó.
Durante la noche, en el canal 28 de Chihuahua, Javier Corral dijo que Herrera Corral tuvo que salir a atajar la manipulación de las llamadas y utilizar la buena fe de mucha gente en el proceso electoral.
Aseguró que Herrera es uno de varios testigos protegidos que han declarado sin presión, para acogerse a los beneficios que les da la ley.
Javier Corral explicó que el proceso contra Jáuregui y Campos, como los de otras personas involucradas en la nómina secreta, se abrieron apenas en diciembre y no antes, porque ese caso está directamente relacionado con el proceso de extradición de César Duarte y no podían actuar antes.
Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020, por lo que la judicialización del caso les llevó hasta diciembre. A partir de entonces, la defensa de los acusados ha dilatado el proceso porque han solicitado amparos.
Finalmente, el gobierno estatal fue notificado para iniciar las audiencias de imputación el martes 26 de enero, ante el Poder Judicial. El PAN define la candidatura al gobierno estatal, el domingo 24 de enero.
El gobernador aseguró que el caso de la nómina secreta, es uno de los más sólidos que tiene la Fiscalía, porque han declarado varios testigos y cuentan con documentación y pruebas contundentes.
César Jáuregui presentó las llamadas por fragmentos, él mismo explicaba cada uno y aseguró que se fabricó el caso en su contra y de Campos Galván con la amenaza a un testigo protegido, para evitar la candidatura de la alcaldesa con licencia.
“Consiguen ustedes algún testigo protegido, a ese testigo protegido lo amenazan, le dicen que de no dar la versión que el Ministerio Público requiere para incriminar una persona, le puede ir muy mal (…) consiguen algún peritaje también falso, integran un expediente, lo llevan al Poder Judicial y luego consiguen alguna vinculación a proceso. En casos extremos se llega anular la defensa de la persona que está siendo sujeta a ese proceso mediante la prisión preventiva. Y eso provoca que esa persona no tenga absolutamente ningún elemento para defenderse. Así se fabrican algunos casos en Chihuahua”, resumió el exlegislador panista.