Chihuahua atraviesa por un proceso de banalización de la lucha contra la corrupción política. A partir de septiembre de 2014 (hace más de diez años) todos fuimos testigos de la reacción contra el gobierno corrupto de César Duarte y la indignación popular contra su despotismo, que permeó a toda la administración pública.
Ese año denunciamos que la Constitución era una fachada tras la que se escondía una pandilla depredadora del patrimonio público de los chihuahuenses. César Duarte no sólo fue cuestionado por la corrupción, sino porque era la expresión concentrada de la corrupción priista que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien lo protegió hasta el final.
Unión Ciudadana fue el brazo cívico, de mujeres y hombres libres, que dio la batalla haciendo acopio de formas inéditas de lucha. De alguna manera el encarar a ese gobierno parecía un reto sin destino. No fue así. La lucha de Unión Ciudadana redundó en la derrota absoluta del PRI. Unión Ciudadana no era, ni es, una entidad para luchar por el poder y se preservó en esa condición. Por eso jamás estuvo en la campaña política de Javier Corral, y mucho menos formó parte de su gobierno.
Javier Corral, convertido en gobernador, tenía el compromiso moral y político de seguir la causa de corrupción que se abrió aquel 23 de septiembre de 2014. No sólo no lo hizo sino que hasta despreció la lucha en la que él también fue un actor. Estaba obligado a exigirle a la federación que la causa penal contra Duarte llegara a los tribunales, y además idéntico expediente se “tramitaba» –es un decir– en la Fiscalía General de Justicia de Duarte y a la cabeza de la cual designó a César Augusto Peniche, que venía de los sótanos de la PGR. Hubo una traición que se tradujo en la cerrazón para que se procediera conforme a la ley en contra de la corrupción y la impunidad.
Ya triunfador, Corral, cargado de vanidad y de protagonismo, y carente de experiencia en la lucha anticorrupción, inició su propia senda con los resultados que todos conocemos, pero siempre pisoteando la vieja y sustentada causa que aún duerme en los archivos gubernamentales.
Para llegar al gobierno, Corral solapó, desde su campaña a la gubernatura, y prácticamente todo su quinquenio, la corrupción de María Eugenia Campos Galván, cómplice y beneficiaria económica de Duarte desde su posición en la bancada panista en el Congreso local. El PAN, al igual que otros partidos, ya había sido cooptado y corrompido por el entonces gobernador a punta de cañonazos de dinero y cargos públicos, entre ellos dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Para su conveniencia, Corral coexistió con el grupo de la actual gobernadora, hasta justo el momento en que se iba a decidir la sucesión gubernamental de 2021. Él tenía a su favorito en la persona de Gustavo Madero, y para apoyarlo se quiso emplear un mecanismo absolutamente corrupto, vestido de combate a la corrupción. Corral ya estaba manchado por esta complicidad.
Esto nos sirve para hacer una consideración muy importante: en Chihuahua y en México la lucha anticorrupción, por designio del poder, es algo que sólo puede involucrar a la clase política gobernante. Los ciudadanos tenemos mil trabas y carecemos del derecho de admisión para estas causas.
Por eso ni Peña Nieto, ni Andrés Manuel López Obrador, ni Javier Corral, ni María Eugenia Campos Galván han tenido la voluntad de tramitar conforme a la ley la denuncia con la que se inició la caída del PRI y del duartismo en Chihuahua. El mensaje es claro: el poder convierte a la lucha anticorrupción en un club en el que se necesita la credencial para pertenecer a la clase política, en desprecio absoluto de la ciudadanía a la que despojan de sus derechos.
Y esa es la razón por la que se banalizan las luchas que se inician desde fuera del aparato gubernamental y su clase política. Esa es la experiencia reciente, en una década, del estado de Chihuahua.
Ahora utilizan el recurso de la trivialidad, la verborrea y la chabacanería para tratar a un corrupto que hizo mucho daño a Chihuahua y reintegrarlo a la cotidianidad como si no hubiera pasado nada.
Se está construyendo una narrativa para que soliviantar a estar clase política y que continúen gobernando el estado a partir de 2027.
Chihuahua y su ciudadanía no pueden estar a merced de una pugna utilitarista, sembrada de odios y rencores estériles que se encarnan en tres figuras que han ocupado el Ejecutivo estatal: César Duarte, Javier Corral y María Eugenia Campos.