Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
El crematorio donde fueron encontrados 383 cuerpos de personas no identificadas en Ciudad Juárez operaba de forma irregular y desde hace tres años no había sido revisado por las autoridades, así se informó en la primera audiencia realizada en contra de dos personas detenidas como presuntas responsables de conservar y ocultar esos cadáveres que se les entregaron para su incineración.
La tarde del lunes 30 de junio, el propietario y también responsable sanitario del Crematorio Plenitud, José Luis A.C., y su trabajador Facundo Teófilo M.R., fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente. A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión justificada por un plazo de un año; y la siguiente diligencia quedó programada para el próximo 4 de julio a las 11 de la mañana.
Ante la acusación, los dos acusados decidieron no rendir declaración. A ambos se les menciona con su nombre y las iniciales de sus apellidos porque, por instrucciones judiciales, su identidad está bajo reserva por la presunción de inocencia.
Ante el juez, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, dio a conocer al Tribunal de Control que el titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), Luis Carlos Tarín Villamar, informó, a través del oficio 2403/2025, que la última verificación sanitaria al crematorio se realizó el 7 de marzo del 2022, como parte de una comprobación de correcciones de irregularidades derivadas de un acta anterior. En esta revisión no se aplicó ninguna medida de seguridad. Es decir, el crematorio tenía tres años y tres meses sin supervisión.
Esta información contrasta con lo que Tarín Villamar expuso en una conferencia de prensa realizada la semana pasada, cuando declaró que la última revisión a esa instalación se había llevado a cabo en febrero de este año y aseguró que el negocio estaba funcionando de acuerdo con la norma. Además, afirmó que había una supervisión de ese crematorio y que se hacían revisiones “muy seguido”, toda vez que en el año del 2020 este establecimiento fue acreedor a otra sanción. Justificó la presencia de decenas de cadáveres diciendo que el trabajo había sobrepasado a los responsables del negocio.
En la diligencia judicial de este lunes, el fiscal también señaló que, a través del oficio 2401/2025, Tarín le informó a la representación social que, después del hallazgo de los cuerpos, así como de restos corporales, ropa, fauna nociva y documentación de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 –que estaban mezclados con fluidos corporales–, el personal a su cargo procedió a una suspensión total de esa instalación crematoria, debido a un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y por falta de energía eléctrica.
El responsable de la dependencia encargada de la regulación y supervisión de los crematorios, Tarín Villamar, también presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y pidió la intervención de esa autoridad al reconocer que la situación en el crematorio Plenitud rebasaba sus facultades, se informó en la audiencia judicial.
Advierten de riesgo sanitario en zona de crematorio
En otra parte de la diligencia, el agente del Ministerio Público le expuso al juez de Control Apolinar Juárez Castro, que el negocio tampoco contaba con agua potable. Indicó que los cuerpos están en estado de descomposición, que entre estos había fauna nociva, como ratones, y que el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio.
“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción (delictiva) recayó en almacenar los cadáveres… algo alarmante en nuestra comunidad; y las condiciones insalubres, indignas, una falta de respeto a los restos cadavéricos, roedores encima de los cadáveres, un riesgo sanitario para la comunidad, sin una medida para prevenir afectaciones para la salud pública”, argumentó el fiscal en la parte final de la diligencia, cuando expuso las razones por las que los acusados deben enfrentar el proceso penal en la cárcel y en contraposición de lo solicitado por los abogados defensores, quienes pedían una medida cautelar diversa a la prisión preventiva.
El fiscal a cargo, informó al Tribunal que el dictamen de impacto ambiental del crematorio venció el 3 de marzo del 2023. Esto con base en información proporcionada por el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, quien dio a conocer que el dictamen fue otorgado el 22 de febrero del 2022.
Sin energía eléctrica, agua y sin permiso ambiental vigente
La audiencia inició en la sala 1 de los juzgados locales, unos minutos después de las 3 de la tarde, con la formulación de cargos, pues horas antes se había ejecutado una orden de aprehensión en contra de ambos sospechosos.
Al momento de formular la acusación, el fiscal dijo que en el periodo comprendido del 7 de marzo del 2022 al 27 de junio de 2025, en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, colonia Granjas Polo Gamboa, José Luis A.C., en su carácter de propietario y Facundo Teófilo M.R., empleado del establecimiento, mantuvieron ocultos 383 cadáveres en estado de descomposición.
El representante social señaló que ambas personas no llevaron a cabo la cremación de los difuntos en el tiempo que ordenan las leyes vigentes, que es de 48 horas contadas a partir del fallecimiento. También refirió que el establecimiento no contaba con energía eléctrica, ni agua potable, tampoco con cámaras de refrigeración, ni un dictamen en materia ambiental vigente.
Los hechos fueron clasificados como el delito contemplado en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.
“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
El artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.
Ante la acusación, los dos sospechosos guardaron silencio.
Entre las personas que declararon ante el Ministerio Público y que constituyen un dato de prueba en contra de ambos sospechosos, están al menos tres familiares de José Luis, su hermano, Rafael Arellano Cuarón; su madre, Rosa María Cuarón Rivera; y su esposa, Jesica Yaneth Bone Monte; así como peritos, agentes, el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, y el titular de COESPRIS Luis Carlos Tarín Villamar.
El primer dato de prueba citado por el fiscal fue el acuerdo de inicio de la investigación, que emitió otra fiscal el viernes 27 de junio, al tener conocimiento por medio de una nota periodística de que en un inmueble se encontraban decenas de cadáveres.
El segundo dato de prueba referido en la diligencia, es un informe policial del 27 de junio, realizado por varios agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes un día antes habían ido al crematorio, tras recibir una llamada telefónica a las 18:50 horas, en la que se les informaba que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa había decenas de cuerpos.
Los agentes refirieron que al acudir al sitio encontraron un vehículo de capillas Plenitud; decenas de cuerpos apilados y en estado de descomposición en las habitaciones; percibieron olores fétidos, de putrefacción; también vieron una piscina con ropa, envases vacíos con olor a químicos, tanques de gas y dos bolsas con cadáveres, una con el nombre de Martha E. O., y otro con el nombre de Leobario L. Debido a las condiciones climatológicas y a la falta de equipo de protección, decidieron que los trabajos de recuperación de cuerpos e investigación iniciarían hasta el viernes 27 de junio.
La llamada inicial que se recibió en el puesto de mando del 911 y que se registró bajo el folio 0707425214, es otro dato de prueba. Los agentes municipales que respondieron a esa queja documentaron haber llegado a las 18:48 horas del jueves 26 de junio y percibieron un olor fétido que los condujo a un predio el cual estaba abierto e ingresaron.
En el patio, los municipales vieron una carroza abierta, observaron la cabeza de una persona recostada al interior del automotor y le preguntaron si necesitaba ayuda, al ver que no respondía se aproximaron y pudieron ver que no tenía signos vitales, que estaba acartonada. Luego se dirigieron a una habitación con una puerta en color blanco semi abierta y pudieron ver fluidos en el suelo, percibieron un olor penetrante y vieron una gran cantidad de cuerpos, algunos desnudos y otros con ropa, repartidos por varias habitaciones. Entonces procedieron a montar una vigilancia y avisaron a la Fiscalía.
El dueño del crematorio, José Luis, fue asegurado el viernes 27 de junio en las instalaciones de COESPRIS, en Pueblito Mexicano, y al día siguiente detenido, pero por el delito de resistencia de particulares, ya que presuntamente se mostró violento, aventó a un agente ministerial cuando se le cuestionó si “quemaba un cadáver y entregaba cuatro cenizas”.
En la entrevista ministerial, el empresario José Luis A.C., de 37 años, dijo que es dueño del crematorio, el cual es un negocio familiar en el que empezó a participar en 2020 y tras la muerte de su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023, se quedó a cargo.
José Luis también señaló que Facundo Teófilo lleva 40 años trabajando con esa familia y los últimos cinco años como encargado. Indicó que el crematorio daba servicio a las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Latinoamericana y Amor Eterno.
El otro acusado, Facundo Teófilo, de 64 años, fue asegurado en su casa y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para una entrevista ministerial, en la que refirió que en el crematorio no había agua, ni energía eléctrica, ni cámaras de refrigeración, tampoco gas, y dijo que estaba imposibilitado para usar el horno crematorio. También aseguró que todo estaba bien en el establecimiento, excepto que estaba un poco atrasado con el trabajo, primero afirmó que tenía como seis cuerpos pendientes, después que 80 y luego que 160.
Presuntamente, él también se mostró agresivo, insultó a los agentes investigadores y fue detenido por resistencia de particulares. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión y arrestos a ambos hombres.
La esposa del dueño del crematorio, Jesica Janeth Bone Montes, también fue entrevistada por el MP y dijo que José Luis estaba a cargo de contactar a las funerarias para el servicio de cremación, de recibir los cadáveres y de entregar las cenizas. Agregó que en varias ocasiones Facundo faltaba a trabajar, pero no lo podían despedir porque no era tan fácil encontrar a un trabajador con los conocimientos para laborar en un negocio de ese giro.
La mamá del empresario acusado, Rosa María Cuarón Rivera, también fue entrevistada en las instalaciones de la Fiscalía. Ella se identificó como propietaria del inmueble donde funcionaba el crematorio. Explicó que el negocio fue iniciado por su esposo, Luis Arturo Arellano Barnola, quien falleció hace dos años, y como ella tiene problemas de salud, su hijo José Luis lo administra y maneja desde hace dos años.
Casi al finalizar la exposición de datos de prueba, el fiscal citó un dictamen, una opinión técnica y mostró parte de una serie fotográfica tomada por la médico y perito de Servicios Periciales, Ana Lorena González Sánchez. La especialista determinó que el crematorio no estaba en condiciones de uso y señaló que debido al embalsamiento y los químicos usados no se puede establecer con precisión la data de muerte de los cadáveres, pero estimó que podrían tener más de un año en ese sitio.
Algunas de las fotografías mostradas por el representante social al juez correspondían a autorizaciones de cremación a nombre de la funeraria Luz Divina; tanques de gas en el interior; el yeso del techo cayéndose; y cuerpos amontonados que parecían carcomidos, mostrando un color negruzco, incluso con algunos con objetos encima, también restos de cadáveres en estado de descomposición, con gusanos.
Las imágenes fueron observadas por los acusados. José Luis mantuvo en todo momento la mirada fija en el agente del Ministerio Público que presentó la acusación.
Previo a que se formulara la acusación, una de los tres abogados que representó a los detenidos, Mara Aidée Ávila, le pidió al juez que no permitiera que se presentara imputación por el delito federal, al señalar que el juez que emitió la orden de aprehensión lo hizo solo respecto al delito del fuero común y se declaró incompetente por cuanto a la conducta delictiva contemplada en la Ley General de Salud.
El fiscal argumentó que ese era el momento procesal oportuno para dar a conocer el hecho delictivo y la clasificación jurídica tanto a los detenidos como al Tribunal de Control.
Al final, el juez Apolinar Juárez Castro consideró que la formulación de cargos es una facultad exclusiva del Ministerio Público, dijo que hay una conectividad delictiva y permitió que se presentaran cargos legales por ambos delitos.
Otra incidencia fue planteada al juez antes de la formulación, la intención del Ministerio Público de hacer privada la audiencia bajo los argumentos de que el informe forense debería permanecer en secrecía, la información podría causar un daño a las víctimas, en un futuro podrían configurarse otros delitos, que el hecho ha provocado una conmoción social y por un interés de obtener justicia.
Los abogados defensores dijeron que ellos estaban de acuerdo en que la diligencia fuera privada, pero por motivos diversos, como la protección de los datos de los acusados.
El juez concluyó que uno de los ejes rectores del sistema penal es la publicidad, que se imparta justicia de frente a la sociedad. También, expuso que un derecho de las víctimas es el acceso a la verdad, la publicidad no arriesga el proceso penal, y dijo que la comunidad tiene un alto interés en este tema, por lo que desechó la petición.
Colectivos denuncian negligencia
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte manifestó profunda preocupación ante el hallazgo de 383 cuerpos no incinerados en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, y denunció posibles actos de negligencia y omisión por parte de las autoridades.
Expresan solidaridad con las familias afectadas por la situación, quienes “viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados”. Y extienden un abrazo a quienes enfrentan las posibilidades de vivir nuevamente un duelo.
Se le exige a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo un proceso “exhaustivo, científico y transparente” de identificación forense, y que se ponga en duda la identidad de las personas localizadas. Piden que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad.
El fiscal general del estado declaró que difícilmente podrían encontrarse personas desaparecidas, lo cuál preocupa profundamente a los colectivos al ser Chihuahua un estado con una crisis forense y con miles de personas no localizadas.
A continuación el comunicado completo:
Comunicado del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte ante el hallazgo de 383 cuerpos no incinerados en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua
Ciudad Juárez, 01 de julio de 2025
Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte manifestamos nuestra profunda preocupación ante el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, y declaramos lo siguiente:
En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente.
Exigimos que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos.
Asimismo, la disposición final de los restos debe realizarse únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.
Nos preocupa profundamente que, pese a la magnitud del caso, el fiscal general del estado haya declarado que “difícilmente” entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas. En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos.
Asimismo, exigimos que se deslinden responsabilidades sobre las irregularidades en la operación del crematorio: los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos.
Enfatizamos que debe garantizarse que estos lugares operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. Lo contrario, abre la puerta a que este tipo de espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.
Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece.
Organizaciones, colectivos y personas firmantes
1. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN)
2. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC)
3. Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
4. Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas.
5. Colectivo Madres de Fé
6. Colectiva Hijas de su Maquilera Madre
7. Alianza Sierra Madre A.C.
8. Judith González
9. Viviana Martínez
10. Colectivo Buscadoras Guanajuato
11. Bordeamos por la Paz
12. Hazel Dávalos
13. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
14. Carlos A. Ventura Callejas, defensor de derechos humanos
15. No te olvidamos Te buscamos Irapuato
16. Salvador Salazar Gutiérrez
17. Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia
18. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.
19. Rosy Hernández
20. Favia Lucero Montoya
21. ESKUELA RADICAL ESE-ERRE A.C.
22. Tania González Ortiz
23. Fundación Monica Alejandrina Por los DDHH.
24. Bravas Colectiva
25. Valeria Peñafiel
26. Miguel Silerio
27. Colectivo Te Busco
28. Sara Leticia López Uribe
29. Claudio Ivan Grijalva Ortega
30. Colectivo ÁNGELES DE PIE POR TI
31. Política Colectiva
32. Ana Infante/Muralista
33. Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo.
34. Periodistas Unidos
35. FotorreporterosMx
36. Alejandro Meléndez Ortiz
37. Jorge Meléndez Preciado
38. Patrizia Ythalia Cruz Güereque
39. Sofía Corral
40. Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC
41. Maricela Peralta
42. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.
43. Amada Esquípulas Hernández Loza
44. Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
45. Teresa Morales Rodríguez independiente
46. Faviola Montoya Rosales
47. Leticia Chavarría Villa
48. Red Mesa de Mujeres
49. Sheyla Muñetones
50. María de Lourdes Contró Monroy
51. Ixchel Teresa Mireles Rodríguez
52. Daniel Leonardo García Salinas
53. Red Solidaria Trans
54. Colectivo Histórica Ciudad Juárez
55. Artemisa Ramirez Ortiz (FUNDEC-M)
56. LaGuerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C.
57. Virginia Garay Cazares
58. Daniela Macias Valenzuela
59. Luz de Lourdes Ortiz Quintana
60. Diana Candelaria Iris García madre de Daniel Cantú Iris desaparecido
61. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
62. Clara Euenia Rojas Blanco
63. Alfredo Peñaloza Murillo
64. Adriana Moreno Becerril (FUUNDEC-M)
65. Colectivo Encontrando la paz
66. Abraham Rubio
67. Gabriel García Moreno
68. Rocío Sotelo Palafox
69. Karina Bernabé Arriaga
70. Karla Ma. Villalobos Hernández
71. Manuel Ramírez Juárez
72. Nithia Castorena-Sáenz
73. Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua
74. Karla Arvizo Lozano
75. Rosa Angélica García Saucedo madre de Jaime César desaparecido fuundec .m
76. Itzel González
77. Colectivo José Revueltas
78. Ana Leticia Hernández Vélez
79 ATUENCUENTRO GUANAJUATO A.C
80. Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C.
81.Alejandra Ignacio Álvarez
82.Maria Eugenia Gabriel Ruiz