Por José Pérez Espino | Zona Free
En el Congreso del Estado, la diputada Leticia Ortega Máynez expuso un posicionamiento para condenar la impunidad y protección al exgobernador César Duarte Jáquez en Chihuahua.
- Duarte Jáquez es “un personaje que representa el rostro más crudo de la corrupción gubernamental, del saqueo al erario público y del abuso de poder en México”, dijo la representante del Distrito 02 de Ciudad Juárez.
- La diputada exhibe la protección que se otorga a Duarte Jáquez desde las autoridades estatales y el Poder Judicial, las 21 órdenes de aprehensión en su contra, incluyendo una del orden federal, que documentan el desvío de más de 1,200 millones de pesos directamente por su persona.
- También exige que se acelere el proceso penal en su contra y que se evalúe seriamente si existen las condiciones legales para que continúe el proceso en libertad.
Por ser de interés público, reproducimos íntegro el posicionamiento de la diputada Ortega Máynez, durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, el viernes 4 de julio de 2025:
El día de hoy, expresamos, con toda firmeza y sin ambigüedades, nuestra total condena e indignación frente a la impunidad que sigue protegiendo al exgobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, un personaje que representa el rostro más crudo de la corrupción gubernamental, del saqueo al erario público y del abuso de poder en México.
Su gestión entre 2010 y 2016 no solo dejó un conjunto de deudas e irregularidades administrativas, sino que también fragmentó profundamente la confianza ciudadana.
Durante su mandato, Duarte diseñó y operó una red de corrupción sin precedentes. Utilizó empresas fantasmas para desviar recursos millonarios a través de contratos simulados; estableció una nómina secreta mediante la cual se entregaban sobornos a funcionarios, políticos y comunicadores para asegurar lealtad y silencio.
Además de los señalamientos públicos, las acusaciones penales contra César Duarte se sustentan en múltiples carpetas de investigación abiertas por delitos como peculado agravado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y delitos electorales federales.
Se le imputa el desvío de más de 1,200 millones de pesos del erario público, en parte mediante el uso de empresas fachada que simulaban contratos de servicios, los cuales nunca se prestaban, pero sí se cobraban.
También está acusado de desviar recursos públicos hacia campañas del PRI, particularmente en procesos electorales estatales y federales, constituyendo delitos de financiamiento ilícito.
Se le atribuye además la retención ilegal de sueldos a más de 700 trabajadores del Gobierno del Estado, recursos que fueron canalizados ilegalmente a estructuras partidistas.
Uno de los casos más escandalosos es el relacionado con la fundación y operación del Banco Unión Progreso, del cual Duarte fue accionista mayoritario mientras aún ejercía como gobernador.
Este banco fue constituido en 2014, durante su gestión, y recibió un capital inicial de aproximadamente 80 millones de pesos, que, según diversas investigaciones, provenían en parte de desvíos del erario estatal.
Duarte no solo ocultó su participación accionaria a través de prestanombres, sino que también facilitó al banco beneficios indebidos mediante operaciones financieras del propio gobierno estatal, consolidando así un esquema de conflicto de interés, abuso de funciones y uso indebido de recursos públicos.
La Fiscalía (anterior) ha documentado cómo este banco fue utilizado para lavar dinero proveniente del desvío de recursos, otorgar créditos simulados y realizar inversiones inmobiliarias, tanto dentro como fuera del país.
Este caso representa con claridad cómo Duarte tejió una red financiera para blindar su enriquecimiento ilícito y garantizar la permanencia de su poder económico aún después de dejar el cargo.
Las investigaciones también apuntan a que adquirió propiedades y ganado en diversas entidades, tanto a nombre propio como de prestanombres, utilizando recursos públicos.
Estas acusaciones no solo están documentadas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, sino también respaldadas por auditorías oficiales, testimonios de exfuncionarios y resoluciones judiciales.
Se documentó el uso ilegal de aeronaves oficiales para fines personales y familiares, así como la construcción de presas privadas en terrenos de su propiedad, violando leyes ambientales y de uso del agua, en detrimento de comunidades rurales que sufren de la sequía que azota al estado.
Se trata, sin lugar a dudas, de un caso ejemplar de cómo un individuo abusó del poder que el pueblo le otorgó, para enriquecerse ignorando su deber, siendo guiado por pura ambición y codicia.
Duarte dejó a Chihuahua con una deuda pública histórica, cuyas secuelas siguen afectando a las finanzas del estado hasta el día de hoy.
Al inicio del mandato de Cesar Duarte en el 2010, la deuda estatal era aproximadamente de 12,547 millones de pesos, al concluir su administración en 2016 la deuda registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ascendía a 42,762 millones de pesos.
El endeudamiento masivo fue resultado directo de una política llena de vicios y del derroche sin vergüenza, sin resultados, sin compromiso.
Solo existían fines claramente personales o partidistas.
Tras concluir su mandato, Duarte huyó del país.
Fue extraditado desde los Estados Unidos en 2020, luego de una intensa búsqueda internacional y años de impunidad.
Actualmente, se encuentra vinculado a proceso por distintos delitos, pero aquí está lo más alarmante, lo indignante, lo injusto: sigue en libertad, a pesar de acumular 21 órdenes de aprehensión: 20 de ellas por delitos locales en relación con peculado y una más a nivel federal por delitos electorales.
Resulta una ofensa total que, pese a los cargos, pruebas documentales, testimonios y la magnitud del daño causado, este criminal al día de hoy goce de libertad, protegido por recursos legales, omisiones y una red de intereses que sigue operando para evitar que enfrente las consecuencias de sus actos.
El pueblo no olvida, y no debe olvidar.
No se trata de un juicio político ni de revancha partidista: se trata de defender el principio básico de la legalidad en un gobierno democrático.
Chihuahua merece justicia. Las y los ciudadanos de este estado no pueden seguir pagando las consecuencias de la corrupción sin que se sancione con todo el peso de la ley a quienes fueron responsables.
La libertad de Duarte es una burla, un insulto al pueblo de Chihuahua y a su esfuerzo por exigir justicia y verdad.
Exigimos que se dé celeridad a los procesos judiciales, que se garantice transparencia en todas sus etapas, y se revise con rigor el fundamento legal de su libertad.
La justicia debe aplicarse a todos por igual. Todos somos responsables de nuestros actos y se tiene que pagar por ellos.
El garantizar un proceso limpio, transparente y apegado a derecho en el caso de Cesar Duarte, esta comprometido, a causa de la presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Miriam Hernández Acosta, quien fungió como testigo en favor del propio Duarte durante uno de los procesos en su contra.
Este antecedente no es algo para tomarse a la ligera, es una completa vergüenza que una figura ampliamente señalada por su cercanía con el propio exgobernador sea quien tenga que garantizar la imparcialidad del debido proceso.
¿Cómo asegurar que no habrá favores, omisiones o resoluciones indulgentes, cuando quien encabeza el Poder Judicial fue parte del mismo grupo político que gobernó durante el duartismo?
Los chihuahuenses merecen saber que el proceso no esta contaminado por intereses personales o lealtades pasadas, y que es responsabilidad del Poder Judicial, que se apliqué una correcta interpretación y decisiones justas.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua no debe estar al servicio de quien saqueo al estado.
Hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial para que el proceso penal contra César Duarte se lleve con imparcialidad, independencia y sin interferencias políticas, garantizando así que las decisiones que se tomen estén basadas en pruebas, no en presiones ni favores.
Es indispensable que se revalore con objetividad su situación jurídica y se evalúe seriamente si existen las condiciones legales para que continúe el proceso en libertad.
¡Quien roba al pueblo debe pagar!
César Duarte debe pagar por cada peso robado, por cada ley quebrantada y por cada vida afectada por su gobierno corrupto y criminal.