Por Axel Hernández
Rodeada de vallas metálicas y elementos antimotines de la Guardia Civil que disparaban balas de goma fue como la Casa Michoacán recibió a unos 200 comuneros y comuneras purépechas de Arantepacua, quienes acudieron a la ciudad de Morelia la mañana del pasado 26 de mayo.
Días antes, el Consejo Comunal Indígena de Arantepacua exigió, a través de una misiva, sostener una mesa de trabajo con el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, cuya administración lleva meses en la construcción de un hospital integral y una unidad deportiva en la comunidad.
Ambas construcciones, además de una sede universitaria y una escuela de artes y oficios, forman parte de las medidas de reparación que la comunidad acordó con el gobierno michoacano tras la recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reconoce graves violaciones realizadas por policías municipales en contra habitantes de Arantepacua el 5 de abril del 2017. Ese año, la policía perpetró cuatro ejecuciones extrajudiciales, tortura y decenas de detenciones arbitrarias contra pobladores de la comunidad purépecha. La masacre de Arantepacua, lejos de infundir el miedo entre su población, fortaleció la organización comunitaria y su proyecto de autonomía, llevándolos a expulsar de su territorio a partidos políticos e instituciones estatales.
Al llegar y ver el operativo desplegado para fortificar la antigua residencia oficial michoacana, actualmente usada como oficina gubernamental, los comuneros de Arantepacua retiraron las vallas antimotines y con ellas bloquearon en su totalidad el Periférico Paseo de la República.
La exigencia fue firme: que el gobernador Bedolla atendiera personalmente a los consejeros purépechas y a víctimas de la masacre del 5 de abril. Ante la negativa del morenista, la protesta se intensificó y un vehículo fue usado para derribar la puerta principal de la Casa Michoacán. Simbólica y literalmente, la comunidad derribó las puertas que el gobernador les había cerrado.
Ante la presión, una delegación de autoridades se comprometió a que el gobernador firmaría la minuta de acuerdos. Durante tres horas, una veintena de habitantes de Arantepacua sostuvo una mesa de trabajo con varios funcionarios: el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Oceguera, el Secretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínes, y el Secretario de Salud, Lázaro Cortés.
También estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Michoacán, Josué Alfonso Mejía, y el Coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa.
Todos los funcionarios se comprometieron a que el hospital de Arantepacua estará terminado el próximo 30 de noviembre y en completo funcionamiento el 16 de diciembre. Por su parte, en una conferencia de prensa que Bedolla realizó mientras se daban las negociaciones, reiteró que la obra se concluirá este año.
A las cinco de la tarde del lunes, la comunidad decidió en asamblea levantar el bloqueo que sostuvo durante varias horas, retirarse del lugar y designar a una pequeña comisión para esperar la minuta firmada por el gobernador.
Transcurrieron algunas horas más y la minuta no llegaba. En comunicación telefónica, los funcionarios argumentaron que la lluvia había demorado el proceso. La espera entonces fue interpretada por las y los purépechas como otra muestra del desinterés del gobernador Bedolla por atender a la comunidad y sus demandas.
El contingente regresó y bloqueó de nuevo el periférico de Morelia y otra puerta de la Casa Michoacán fue derribada. Dos camiones refrigerantes ardieron al exterior del recinto de gobierno y sólo entonces el gobernador Alfredo Bedolla firmó la minuta.
La indiferencia de las autoridades hacia Arantepacua ha obligado a que esta comunidad se movilice en los últimos meses; en el marco del octavo aniversario de la masacre, marcharon pacíficamente en la Ciudad de México para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones.
Esta demanda es fundamental para que se avance en el proceso para hacer justicia en el caso, pues en la fiscalía local hay un fuerte conflicto de interés que ha sido señalado por la comunidad: el actual titular de dicha dependencia, Adrián López Solís, fungía como Secretario de Gobierno durante la administración de Silvano Aureoles. Ambos son señalados por sus habitantes como los responsables políticos del ataque contra Arantepacua.