Por Francisco Ortiz Pinchetti | SinEmbargo.mx
Una palabra, farsa, describe lo que es la llamada “reforma judicial” en nuestro país. No podría ser de otra forma si tuvo su origen en un acto de venganza de Andrés Manuel contra una Suprema Corte por no acatar su directrices, y se procesó legislativamente con una mayoría gandalla que aprobó la desaparición del Poder Judicial en nuestro país.
Otra palabra, caos, describe al “proceso electoral” improvisado y absolutamente manipulado para colocar a incondicionales de la Cuatroté de modo que el partido hegemónico controle los tres poderes de la Unión, lo que no es otra cosa que la consolidación de un régimen totalitario en nuestro país.
Y una palabra más, desmadre, describe el cúmulo de irregularidades, mentiras, denuncias, trampas, renuncias y deficiencias de la supuesta “elección” de jueces, ministros y magistrados marcada por una desinformación generalizada.
En este mismo espacio escribimos hace dos semanas que independientemente de las intenciones autoritarias que evidentemente están detrás de esta aberración, falta ver si el pueblo bueno –o el malo— podrá entender de qué se trata esta pantomima y acude a las urnas para elegirá de “manera libre, informada e independiente” a sus juzgadores, que seguramente serán todos probos y ejemplares.
A dos semanas de los comicios, en los que se “elegirán” un total de 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, las dudas sobre un fracaso se convierten en certezas. Estamos, sin ambages, ante un crimen de lesa democracia. Son datos duros:
De acuerdo con el reporte del INE al organismo llegaron más de mil 600 observaciones, la mayoría de ellas declinaciones, confirmación de renuncias y datos o asignación de candidaturas de manera incorrecta. Los aspirantes que más se han quejado son los que aparecen en el listado del Poder Judicial, lista que elaboró el Senado, con 233 oficios para aclaraciones. Le sigue el Poder Ejecutivo con 166 y el Ejecutivo con 145. Mientras que los juzgadores en funciones han presentado 181 escritos. Éstos fueron incluidos en las listas también por el Senado.
Hasta el momento, de los cerca de cinco mil candidatos, 113 presentaron un oficio para declinar a su candidatura, especialmente de magistrados o jueces, y otros 17 ratificaron su renuncia…mientras que otros cuatro se arrepintieron de desistir a la candidatura, y solicitaron mantenerlos en las listas. Y otros 154 candidatos informaron que sus datos o nombres son incorrectos. Un 27 por ciento de los aspirantes (uno de cada tres) ni siquiera ha exhibido su título de abogado, requisito supuestamente indispensable para competir.
Por otro lado, el propio INE publicó en el Diario Oficial de la Federación los nombres de 34 candidatos a jueces y magistrados que fueron registrados erróneamente, pues el Senado no sólo les modificó el nombre, sino les redactaron otro apellido, tienen faltas de ortografía o están al revés.
El proceso de insaculación en el Senado para candidatos a la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante una tómbola, fue una mascarada en que la mayoría de los aspirantes no debieron haber sido tomados en cuenta, según han acusado magistrados de circuito. Ocho candidatos de la elección judicial han sido formalmente acusados de tener lazos con el crimen organizado para que determine si procede o no su elegibilidad.
Ante el cúmulo de denuncias, el INE anunció –¡un mes antes de la elección!– un mecanismo de revisión para “garantizar” que los aspirantes a cargos en el Poder Judicial cumplan con los requisitos de elegibilidad constitucional. El organismo electoral ha habilitado un procedimiento mediante el cual la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil podrán presentar denuncias por presuntas irregularidades cometidas por las personas candidatas a jueces, magistrados y ministros.
El pasado 4 de mayo, el Poder Legislativo solicitó al INE “tumbar” la candidatura de 26 candidatos a la “elección” judicial, entre ellos aquellos que tienen vínculos con la delincuencia organizada, han liberado delincuentes, han sido acusados de algún delito y otros porque no cubrieron el requisito de promedio de ocho. De todos los candidatos al PJ señalados, 17 fueron postulados por el Poder Ejecutivo, seis por el Legislativo y sólo tres por el Poder Judicial.
Hay también deudores alimentarios morosos, abusadores y violadores sexuales, narcomenudistas, personas relacionadas con el crimen organizado. Una excelente gama de donde escoger.
Según un recuento del diario El País, el Poder Legislativo entregó mil 416 registros, por lo menos uno de ellos tenía la fecha de nacimiento incorrecta, cuatro más estaban sin CURP, otros con la cédula de registro incompleta y una decena sin clave de elector.
“Ninguno de los tres poderes se ha salvado del desaseo”, pone el periódico español. En el Ejecutivo se entregaron mil 428 registros, de estos ninguno tiene fecha de nacimiento, tampoco número de teléfono ni clave de elector; 13 no tienen cuenta de correo y otros tantos no tienen circuito ni especialidad. El Poder Judicial, por intervención del Senado, ha entregado 955 registros sin datos de contacto, sin CURP y sin clave de elector. A las observaciones se suman candidaturas dobles, es decir, los aspirantes aparecen postulados por dos cargos distintos.
A todo esto hay que sumar el galimatías que representa el procedimiento de votación, con nueve diferentes boletas de colores y los nombres de cuatro mil 227 candidatos a los que nadie conoce… en la mitad de casillas receptoras que normalmente se instalaban en una elección nacional, además.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el alud de mensajes del INE, tan chabacanos como mentirosos, acaban de sumirnos en la confusión. Y el despapaye que será luego la separación de los votos depositados todos en la misma urna, el escrutinio de los mismos, su vaciado en las actas… y las impugnaciones que es de suponerse se precipitarán en cascada. Farsa, caos y desmadre, tres palabras, definen la pantomima, ¿Irá usted a votar? Válgame.
DE LA LIBRE-TA
DE IZQUIERDA. La congruencia de Pepe Mujica desnuda irremediablemente a muchos que se autodefinen “de izquierda”, como los que abundan en México. El expresidente uruguayo, guerrillero en sus orígenes, no presumió su austeridad: la vivió, sin aspavientos. Cuando llegó a la Presidencia de su país se quedó en su charca de las afueras de Montevideo. No se cambió a vivir a un suntuoso palacio virreinal. Hay diferencias. Digo.