Durante el Encuentro de Comunidades Desplazadas por la Violencia, especialistas, periodistas y representantes de organismos internacionales abordaron las múltiples causas del desplazamiento forzado en México y en Chihuahua, sus impactos en la vida de las personas y la falta de una respuesta efectiva del estado.
En el marco del Encuentro de Comunidades Desplazadas por la Violencia, se realizó el panel “Problemáticas del desplazamiento forzado: contexto del desplazamiento en México y en Chihuahua”, con la participación de especialistas, personas desplazadas, periodistas y organismos internacionales.
Karina Baltazares, psicóloga con experiencia en el acompañamiento psicosocial a víctimas, explicó que el desplazamiento forzado debe reconocerse como una responsabilidad del Estado y no como una situación individual.
“El desplazamiento es algo que no se elige, es una violencia, pero también una estrategia de supervivencia frente a las violencias que se viven en el territorio”, señaló la experta.
Agregó que muchas veces las personas no toman la decisión libremente, sino que se ven orilladas a abandonar sus comunidades tras amenazas o actos violentos contra personas cercanas:
“Para salvar la vida, porque se sabe que se está en riesgo en esos lugares, pues nos tenemos que mover. Y entonces acá hay muchas familias que tuvieron que hacer eso”, dijo Baltazares frente a las personas desplazada y medios de comunicación.
La psicóloga enfatizó que el desplazamiento es sólo una parte del conjunto de violencias que enfrentan estas familias. Hay una etapa previa de agresiones que orillan a las personas a salir de sus comunidades, y una segunda etapa cuando llegan a nuevos lugares, donde enfrentan nuevas dificultades.
“Seguramente hubo muchas cosas materiales, muchas relaciones sociales también que se quedaron allá en los espacios donde vivíamos. Tal vez estaban allá las casas, los animales, también los amigos, las amigas, los compadres, las comadres, […] porque cuando uno se desplaza no se lleva todo, se lleva lo que puede”.
Sobre las causas del desplazamiento, explicó que este fenómeno responde a intereses económicos y de control territorial. “Las causas del desplazamiento forzado tienen un origen muy particular, ya sea por grupos de crimen organizado que quieren controlar el territorio, […] por empresas que tal vez quieren construir ahí sus minas”.
Para Baltazares, el Estado tiene la responsabilidad de atender esta situación: “Si las familias lo que buscan es regresar, pues el Estado tiene que generar las condiciones para que el regreso sea seguro, si no es posible regresar al territorio por estas violencias, al Estado le corresponde atender las condiciones para que las familias tengan una vida digna en los espacios en donde viven actualmente”.
La periodista Patricia Mayorga planteó que el desplazamiento forzado en México ha sido invisibilizado: “Hemos entendido que el desplazamiento forzado, de acuerdo con la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un signo de guerra”.
Aunque en México no hay una guerra declarada como en Siria o Ucrania, “hay signos de guerra”, dijo. “Tanto periodista asesinado con arma de fuego, tanto defensor y defensora de territorio y de otras luchas asesinados con arma de fuego, es indudable que hay un problema fuerte en México, hay un problema de armas”.
Mayorga concuerda que cada desplazamiento está vinculado a un interés económico. “Donde hay un desplazamiento forzado o donde hay gente que se tiene que ir, siempre hay un negocio detrás: ya sea tala, minería, proyectos turísticos, droga, empresas energéticas que quieren extraer todo el recurso natural del territorio”.
Uno de los mayores obstáculos es que el desplazamiento forzado no se reconoce oficialmente como un fenómeno de violencia estructural. “Reconocer que hay desplazamiento forzado […] significa que hay un problema grave de armas tipo guerra, tipo conflicto armado, el problema en México es que no se ha nombrado lo que vivimos”.
En el caso de Chihuahua, la ley fue aprobada en 2023 y reconoce al desplazamiento forzado como delito. Sin embargo, la periodista denunció que un mes después los diputados reformaron la ley para agregar un párrafo que, en sus palabras, “criminaliza a las víctimas” al condicionar su reconocimiento como tales si se defienden.
El decreto establece: “No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio.”
Recordó que en 2011, en la comunidad de Jicamórachi, todo un poblado tuvo que desplazarse. “A partir de ahí ya no ha dejado de ocurrir. Y esto es como desplazamientos masivos o algunas comunidades cuyo problema es más visible, pero también ha habido mucho desplazamiento más silencioso”.
Mayorga destacó la fortaleza y cosmovisión de los pueblos indígenas desplazados que son ejemplo para enfrentar las situaciones adversas que enfrenta una sociedad.
Antonio Mendoza, integrante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), explicó que el desplazamiento interno en México tiene décadas ocurriendo, pero fue hasta 2019 cuando el gobierno federal lo reconoció como un problema nacional.
En Chihuahua, dijo, se realizó un ejercicio de caracterización del fenómeno para identificar quiénes son las personas desplazadas y cuáles son las principales problemáticas que enfrentan. En ese proceso participaron organizaciones como CONTEC, Alianza Sierra Madre, CEDEHN y gobiernos estatal y federal, entre otras organizaciones.
Los hallazgos del estudio muestran que siete de cada diez personas entrevistadas se desplazaron por amenazas o agresiones directas. El resto lo hizo por temor fundado ante hechos violentos ocurridos a otras personas de su comunidad.
“Quiero recalcar que fue en todo el estado, fueron personas aquí en Chihuahua, en Parral, en Guadalupe y Calvo, en Baborigame, en Juárez”, dijo. Las principales necesidades de las personas al momento de huir fueron alojamiento, alimentos y transporte. A largo plazo, enfrentan consecuencias psicológicas, pérdida de ingresos y la separación de sus familiares, no solo por muerte, sino por la ruptura de vínculos.
Además, casi la mitad de las personas entrevistadas se identificaron como indígenas, muchas hablaban una lengua originaria y enfrentaron discriminación y dificultades para encontrar empleo en las ciudades.
El funcionario de la ONU explicó que el estado de Chihuahua cuenta con una comisión que se activa en casos de emergencia por desplazamiento. Actualmente trabaja en la elaboración de un protocolo para atender estas situaciones de manera más integral.
Finalmente, sostuvo que el desplazamiento sólo termina cuando la persona puede reconstruir su vida: “Puede tener trabajo, puede tener una calidad de vida, puede tener sus documentos, puede tener justicia por lo que le pasó […] ya sea regresando a su comunidad, en la ciudad si es que ya quiere quedarse ahí o en otro lugar”.