Es una satisfacción saber que en el estado de Chihuahua aún se ejerce el buen periodismo, sobre todo cuando se vincula a la investigación profunda y sustentada, como es el caso de La Verdad Juárez, que dirige un equipo de brillantes mujeres, encabezado por la periodista Rocío Gallegos. Tengo fundado orgullo por el hospedaje que semanalmente me conceden en su portal noticioso, donde me permiten practicar un periodismo de opinión.
Y esta satisfacción me lo corrobora el que La Verdad Juárez haya recibido el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, por la investigación denominada “Permiso para matar”, que fue coordinada por Animal Político y producida por periodistas de otros medios como Amapola (Guerrero), LadoB (Puebla), Así como suena (CDMX), Noroeste (Sinaloa), Elefante Blanco (Tamaulipas), La Silla Rota Veracruz, Data Cívica (CDMX), y por supuesto La Verdad Juárez (Ciudad Juárez, Chihuahua), quienes se llevaron el tercer lugar de la categoría Radio, TV y Multimedia.
El galardón llega en tiempos oscuros para el periodismo en todo el país, cuando corren vientos de censura y de agresión estatal contra la libertad de expresión. Esta entrega toca el núcleo de este riesgo a partir de que la presidenta de la república envió al obsequioso Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Tras de esta iniciativa presidencial está el propósito de afianzar y centralizar el poder del Estado en materia del control de los medios, tanto los tradicionales como los tecnológicamente más avanzados.
Siguiendo la línea del lopezobradorismo, se quiere que la iniciativa se autorice, como ya se acostumbra decir, fast track, sin debate y sin mayor trámite; y lo más grave, sin que la sociedad en general esté informada de algo que le atañe centralmente, si estamos pensando en el sistema democrático, porque aquí lo que vemos es una mayor concentración del poder en la figura de la Presidencia de la república y un artero debilitamiento de las libertades que permiten el disenso y la crítica hacia las formas de conducir el país en los últimos años.
La resistencia a la iniciativa de Sheinbaum ha tenido una respuesta con origen en la desarticulada oposición parlamentaria, que pudiendo sustentar criterios teóricamente válidos, no están respaldados con la autoridad moral de quienes los expresan. Pero el riesgo, insisto, lo está corriendo la sociedad mexicana en su conjunto, opositores u oficialistas, pero sobre todo los que están en el disenso y la crítica a la llamada Cuatroté.
Ya tenemos el registro de cómo canales de comunicación en poder del Estado (televisión, radio e internet), es decir, los medios públicos que en principio pertenecen a todos, tienen como única función revelar la “verdad” del gobierno actual e imponer una narrativa única de lo que sucede en el país, al estilo de la propaganda en países que han padecido el totalitarismo y las dictaduras.
MORENA instalada en el poder ha dado muestras sobradas de su repudio a la herencia liberal del Estado mexicano, producto de la Reforma del siglo XIX y expandida con muchas dificultades, para terminar en monopolio de la verdad única, o al menos dominante. El PRI tuvo el monopolio del papel para impresión de los periódicos durante una larga época, a través de la nefasta PIPSA, con la que se ejercía el control del insumo básico sin el cual no había prensa. Por un lado la represión y por otro lado la zanahoria de la entrega de papel a los medios serviles al gobierno.
Después vino la competencia de la televisión y ahí estuvo –y están– los Azcárraga, con Televisa; los Salinas Pliego, con TVAzteca; los Vázquez Raña, ahora con el sistema Imagen y, en el caso chihuahuense, los Cabada con el Canal 44.
La hegemonía que se quiere imponer y consolidar, y que redundaría en un país monocolor, aunque eso es imposible, pasa por la actual pretensión de reforma en materia de telecomunicaciones, reservándole al Estado todos los procesos de licitación, de asignación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, que pasa por el otorgamiento de concesiones, el arbitraje de conflictos, pero sobre todo por la ambición de supervisar contenidos y restringir y poner límites a tiempos publicitarios. Hablan de ética y se olvidan de profundizar las libertades.
Y por encima de todo eso, en la iniciativa que se tramita a trancas y barrancas estará una Secretaría de Gobernación todopoderosa, encargada de administrar todos esos criterios sin ningún contrapeso y con una discrecionalidad que desde ahora se antoja, será absoluta y facciosa.
El tema está en proceso y es prematuro que pretendiéramos sacar conclusiones, aunque son previsibles.
Por eso hoy sabemos que, al encontrarnos con el premio a La Verdad Juárez, no todo está perdido, aunque haya negros nubarrones.