Actualmente los cargos de elección popular para personas indígenas están a expensas de que en cada elección se emita un acuerdo desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEE) con lineamientos que hablen de la representación indígena. Sin embargo esas reglas no han beneficiado del todo a las comunidades.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Chihuahua – Mediante varias reformas propuestas, la diputada por Morena, Edith Palma Ontiveros, busca que la representación de las personas indígenas en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos no quede sujeta a la voluntad de acciones afirmativas creadas por los organismos electorales antes de cada elección, sino que esa representación quede establecida por ley.
La iniciativa de Palma, legisladora indígena, busca hacer modificaciones a la Constitución Política del Estado, al Código Municipal y a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas para establecer, entre otras cuestiones, que quien busque ser diputada o diputado indígena cumpla con varios requisitos, entre ellos haber vivido 2 años en una comunidad.
Mientras que para las regidurías indígenas propone que deberán ser designados con respeto a los sistemas normativos internos de las propias comunidades, con el respectivo principio de paridad de género.
Actualmente todos esos cargos están a expensas de que en cada elección se emita un acuerdo desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEE) con lineamientos que hablen de la representación indígena.
Sin embargo esas reglas no han beneficiado del todo a las comunidades.
Por ejemplo, en el Congreso del Estado se ha reservado, desde 2021, el distrito 22 local, con cabecera en Guachochi, como diputación indígena, pero en la práctica se han postulado personas que, sin ser indígenas, se autoadscriben como tal y se les permite la participación porque cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad electoral.
Ese problema lo han ventilado integrantes de las propias comunidades en elecciones recientes, vía recursos legales y en manifestaciones públicas.
Las leyes en Chihuahua debieron adaptarse desde hace 5 años para garantizar la representación indígena en el Poder Legislativo y en los Cabildos, pero no se ha realizado.
El Tribunal Estatal Electoral emitió una sentencia en el 2020 ante el reclamo promovido por un miembro autoadscrito al pueblo apache mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales clave JDC-02/2020, en contra del Congreso local, por la omisión en legislar para darle posibilidad a las personas indígenas a votar y ser votados.
Eso derivó en un proceso de consulta realizado en el 2023 por el propio Congreso y por varias instituciones a pueblos y comunidades indígenas para realizar las reformas correspondientes, pero estas no se hicieron.
“Hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de resolver las omisiones legislativas que impiden la garantía, la protección y el respeto del citado derecho a favor de los pueblos originarios en los órganos de gobierno estatales y municipales que deciden las políticas administrativas, económicas y sociales que les atañen como miembros de la sociedad a la que pertenecen”, subrayó la diputada Palma ante la tribuna del legislativo al presentar su propuesta en la sesión del 14 de abril pasado.
En su exposición, hizo una relatoría desde el surgimiento del levantamiento indígena en Chiapas en el 1994, el cual concluyó con los Acuerdo de San Andrés Larraizar entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno federal en 1996, “se marcó el antes y el después del reconocimiento formal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México”, apuntó.
Posteriormente en 2001 se hicieron las primeras modificaciones en las leyes para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y, desde entonces, otra serie de cambios para integrarles en la toma de decisiones para la construcción de políticas públicas.
La diputada Palma consideró que ha sido un avance lento durante estos 24 años, pero resaltó que en ese tiempo ha habido constancia en las reformas sobre la representación política indígena en México.
Aquí puede consultarse la iniciativa completa.
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