Pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara exigen justicia, paz y seguridad, ¿cuál es la deuda de los gobiernos con ellos?

Los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente la Sierra Tarahumara han vivido en el mayor abandono del país, nunca han tenido reconocimiento de su territorio a diferencia de otros pueblos originarios. En Chihuahua han sido desplazados de sus territorios o viven amenazados por despojo

Por Patricia Mayorga | Raíchali

Los representantes de las comunidades asistentes a la última visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Sierra Tarahumara, depositaron de nuevo y de diferentes formas, la esperanza para que cese la violencia, el despojo y desplazamiento forzado en sus respectivos territorios. El Plan de Justicia para algunas comunidades, representa una opción viable para recuperar un poco de paz.

Y es que los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente la Sierra Tarahumara nunca han tenido reconocimiento de su territorio, a diferencia de otros pueblos indígenas del país, debido a que las tierras indígenas en Chihuahua fueron acaparadas por particulares, por los gobiernos que repartieron su tierra en ejidatarios o simplemente fueron declarados como terrenos nacionales sin escrituras para los dueños indígenas.

Con la fuerza de los rituales indígenas de la Tarahumara que les caracteriza, la gobernadora rarámuri de la comunidad de Guachochi, Hortensia Palma Palma, tomó del brazo a Claudia Sheinbaum para conducirla a la ceremonia del saludo a la cruz, tradicional en los pueblos de la Sierra Tarahumara por la gran carga de compromiso de hermandad.

Al lado de ellas, caminó Luis González Rivas, el primer gobernador de la comunidad de Mogótavo, del municipio de Urique y que fue anfitriona de la última visita de mandataria federal el pasado 20 de diciembre.

Atrás de ellos rodearon dos cruces de madera enfundadas en mantas, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como el segundo gobernador de Mogótavo, Enrique Manuel Parra y otras autoridades tradicionales que llevaron las ofrendas a la cruz.

Los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara depositaron una vez más, ante la presidenta y la gobernadora, la esperanza de que la situación de violencia cambie en sus regiones.

Ahí estuvieron presentes rarámuri en representación de las comunidades indígenas desplazadas. Cruz Sánchez, exgobernador de la comunidad El Manzano, del municipio de Uruachi, entregó una carta en la mano a Claudia Sheinbaum. Otras comunidades que asistieron son Monterde, de Guazapares; Bosques San Elías Repechique, Creel, de Bocoyna; Cuiteco, Bahuichivo, Huetosachi, Bcajípare, de Urique, unas más del municipio de Batopilas, entre otras.

Con violín y guitarra, autoridades tradicionales de Cuiteco y Mogótavo. Las danzas tradicionales estuvieron a cargo de las y los estudiantes de la primaria y la secundaria de la Casa de la Niñez Indígena “Rebelión del Tarahumara”, así como la encargada de ésta, Emilia Batista.

El saludo de la cruz, con el que inició la ceremonia de la visita de Claudia Sheinbaum y María Eugenia Campos, representa la unión con los demás y con onorúame (Dios en idioma rarámuri) y un compromiso con el pueblo rarámuri.

En su turno, Claudia Sheinbaum destacó en en Mogótavo que se trataba de un día histórico porque estaban regresando tierras a quienes les pertenecen. Fueron poco más de 2 mil hectáreas, una mínima parte del reclamo de las comunidades ódami, rarámuri, warijó y pima.

Tenemos que completar lo que ya se pactó en el Plan de Justicia, pero avanzar más, queremos seguir construyendo caminos, mejorar los caminos, recursos especiales del programa la Escuela es Nuestra. Lo importante es que el trabajo que hagamos, lo hagamos juntos y juntas, de eso se tratan los Planes de Justicia, con el reconocimiento de lo que ustedes decidan, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes necesitan. Que no se abandone nunca más a los pueblos originarios, que no se despoje nunca más a los pueblos originarios, sino todo lo contrario, que se resarza lo que históricamente se les ha quitado y que se reconozca como la esencia, como el México profundo. Sobre todo con la dignidad, porque lo que nos enseña el pueblo rarámuri y lo que nos enseñan los pueblos originarios, es que la dignidad profunda del pueblo de México se encuentra aquí en la Sierra Tarahumara y en cada lugar donde existe un pueblo originario, que conserva, que resiste y que nos recuerda que México es lo que es gracias a sus pueblos originarios.

El desplazamiento forzado y despojos, imparables

Como parte de las comunidades desplazadas de manera forzada y a nombre de organizaciones que acompañan a algunas de éstas, Cruz Sánchez, habló brevemente con la presidenta y también le entregó una carta a la presidenta, quien le preguntó si él está desplazado y se comprometió a leerla y atenderla.

La carta está firmada por la Pastoral de la Diócesis de la Tarahumara, así como por nueve organizaciones que acompañan la defensa del territorio y que trabajan desde hace décadas con las comunidades indígenas desde diferentes enfoques del derecho al territorio

Le solicitan una audiencia para escuchar y establecer las bases para un diálogo sobre tres problemáticas que afectan gravemente a la Tarahumara actualmente: tala criminal, inseguridad y desplazamiento forzado.

“Hemos sido testigos del aumento exponencial de la degradación del bosque, producida por la extracción forestal ilegal ahora llamada tala criminal del bosque, realizada de manera directa o indirecta por el crimen organizado”.

Las organizaciones advierten que los factores que fomentan esta situación son:

– La falta de actuación efectiva de los tres niveles de gobierno para combatirla y prevenirla

– La ausencia de una política forestal local que integre el cuidado y preservación de los bosques, con una política social de fortalecimiento de las instituciones locales; ejidos, comunidades agrarias y comunidades indígenas en el marco de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

“En la actualidad un conjunto importante de ejidos -ejemplificamos con la mesa de Guachochi- son controlados por el crimen organizado, quien ha desarticulado las instituciones locales, infundiendo miedo entre los habitantes y defensores de los bosque, provocando procesos de degradación ambiental.

“La degradación ambiental ha propiciado la pérdida de la biodiversidad, la reducción de la cubierta vegetal, de la cantidad y calidad del agua, la erosión y la perdida de la fertilidad de los suelos, lo cual afecta no solo a las comunidades indígenas sino también a los habitantes locales, a los agricultores, a los usuarios del agua partes bajas de las cuencas del Río Grande y del Pacífico, agravando los efectos del calentamiento global en el estado de Chihuahua, y aumentando los periodos de sequía”.

Esa situación se agrava con la violencia que ejerce el crimen organizado por la lucha por el control de los territorios y sus recursos, ya que la consecuencia más grave es el deplazamiento forzado masivo de comunidades indígenas y mestizas, que vulneran los derechos más elementales de los habitantes.

Sin una coordinación de los tres niveles de gobierno y sin voluntad, la situación se agrava cada día, alertan, por lo que llaman a encontrar soluciones integrales que abonen a la construcción de la paz y a la vigencia de los derechos de las comunidades indígenas.

Las organizaciones son Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosydhac); Servicios Integrales Emuri (Siné Comunarr); Fondo Defensores; Pies de la Tierra; Alianza Sierra Madre; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) y Red de Defensa del Territorio indígena de la Sierra Tarahumara (Redeti).

Entrevistado en las últimas reuniones de este año, del Plan de Justicia en Guachochi, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, habló sobre la problemática de la tala ilegal y el desplazamiento. En 2021, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, reconoció que en Chihuahua hay lavado de madera, junto con otras entidades federativas.

Respecto del desplazamiento forzado, Adelfo Regino -quien pertenece al pueblo mixe del estado de Oaxaca-, externó:

“Nosotros tenemos que dialogar con ellos (con pueblos desplazados), tenemos que crear las condiciones para su retorno, para su regreso en condiciones de paz y seguridad, ese es un trabajo que también estamos realizando en coordinación con otras dependencias del gobierno de México que tienen que ver con el tema de la paz y seguridad.

“Es un asunto doloroso, lamentable, a todos nos duele pero nosotros tenemos que crear las condiciones para que en su caso, pueda darse un retorno en condiciones de paz y seguridad. Creo que ese es un desafío que tenemos en nuestro caso, como responsable de la política indígena a nivel nacional, pero siempre en coordinación con las instituciones de paz y seguridad y también es un tema que tendremos que platicar con el gobierno del estado y con las autoridades municipales, porque al final del día es una responsabilidad compartida”.

Sin embargo, el director del INPI precisó que los factores del desplazamiento forzado en la región son múltiples, pero como dependencia no han sido indiferentes, ya que tienen un programa de apoyo a personas desplazadas para apoyar a las familias que enfrentan esa situación, con el fin de que tengan lo elemental para hacerle frente con apoyo humanitario. Les ofrecen alimentación, enseres domésticos y lo básico para que sobrevivan en otros contextos fuera de sus lugares de origen.

Adelfo Regino agregó que la demanda de reconocimiento de sus territorios es una de las primeras que les plantearon los pueblos indígenas de la Tarahumara al inicio del proceso de diálogo y otro tema muy importante, es la destrucción de sus bosques por la tala ilegal y todos los actores que intervienen en ésta. Otro tema prioritario es el del agua porque es otra demanda por las condiciones geográficas y climáticas.

El sistema tradicional normativo es otro tema que han planteado los pueblos indígenas de Chihuahua en el Plan Justicia. “Hemos notado aquí en la sierra, que ha habido un proceso de debilitamiento del sistema de organización comunitaria, yo creo que son varios factores que han incidido en este debilitamiento del sistema de organización comunitaria, proque es un problema histórico estructural que tiene que ver con el hecho de que no hay normas, no hay leyes que reconozcan el gobierno tradicional que le den facultades y atribuciones”, detalló y destacó la importancia de la reforma constitucional para que los pueblos indígenas tengan reconocimiento de unidades de estos pueblos como sujetos de derecho público.

En las últimas reuniones del Plan de Justicia en Chihuahua, asistieron alrededor de 62 autoridades de comunidades indígenas, de acuerdo con Adelfo Regino.

Los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, con mayor abandono histórico que otros

“A diferencia de otros pueblos originarios, por ejemplo los lacandones, los mayos, yaquis, los pueblos de la Sierra Tarahumara no tuvieron reconocimiento de tierras. A los otros pueblos indígenas, el Estado mexicano les reconoció sus posesiones ancestrales y en algún momento tuvieron un título virreinal que les reconocía esas tierras o mercedes reales.

Ese reconocimiento virreinal permitió que en el período de la Reforma Agraria, los otros pueblos indígenas pudieran obtener el reconocimiento y validarles esos documentos a través de resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales o de restitución de tierras, en la Tarahumara no ocurrió”, explicó Luis Cruz Nieva antes de dejar su cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu). Recientemente fue nombrado director general del Registro Agrario Nacional (RAN).

En ese contexto, han implementado los programas de Plan de Justicia en la Sierra Tarahumara: territorio de los pueblos rarámuri, ódami, pima y warijó.

Hubo pueblos, como el yaqui, a quienes no se les reconoció la totalidad del territorio por alguna razón y que sólo cuentan con el reconocimiento ancestral, con el Plan Justicia se les han reconocido poco más de 40 mil hectáreas, así como a otras comunidades que cuentan con sus documentos o bien, que sufrieron alguna invasión o los han despojado, es más fácil ayudarles a que tengan su su reconocimiento.

“Pero aquí en Chihuahua no es el caso, aquí ninguna comunidad tuvo un reconocimiento. No cuentan con un documento de esa naturaleza, entonces toda la vida han habitado en estas tierras, pero resulta que en su momento, cuando a finales de l800 (siglo XIX) y principios de 1900 (siglo XX), se empiezan a otorgar nuevos títulos y se empieza a titular la pequeña propiedad, pero se titula con las comunidades indígenas en esas tierras, sobre ellas como si no existieran. Entonces se le otorga un título de propiedad a un particular y se pasó por encima de la comunidad que estaba ya habitando por siglos. Esa es la situación que tenemos en Chihuahua y eso genera una situación compleja jurídicamente porque a diferencia de estos otros pueblos que digo, hay un antecedente jurídico que les reconoce”, detalló Luis Cruz.

Adelfo Regino detalló que una vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmo el Plan Jusitica, en el caso de Chihuahua el siguiente paso fue ir a la Sierra Tarahumara porque para el gobiero es fundamental iniciar la implementación en el norte del país. “Normalmente cuando se habla de la cuestión indígena en México, es fundamentalmente en el sur, es Chiapas, Oaxaca, la Península de Yucatán,, porque la población y la presencia indígena en el sur y en el sureste de México es muy fuerte.

“Es donde ha habido más abandono, más olvido, pero además, es donde, como lo muestran las estadísticas, tenemos pueblos indígenas en procesos de desaparición. Además es lamentable aquí en el norte, se observa con más fuerza la discriminación y el racismo, por esa razón se tomó la decisión de empezar el Plan Justicia con el pueblo yaqui y un desafío que nos fijamos como gobierno, fue venir a la Sierra Tarahumara para construir este Plan con los cuatro pueblos indígenas que viven en ella. Es un planteamiento muy importante porque se el Plan se construye con los propios pueblos a través de sus autoridades”.

En Chihuahua, agregó Regino Montes, hay situaciones donde se dotó de ejidos en tierras de comunidades indígenas y esos ejidatarios hacen una ocupación de uso completamente diferente al que le dan las comunidades indígenas. Esa situación ha afectado a los pueblos indígenas de manera importante. Además, dotaron de derechos ejidales a personas mestizas junto con comunidades indígenas en su territorio, pero con el paso del tiempo éstas las han ido expulsando para apropiarse de sus tierras.

“Entonces hay una complejidad en materia agraria y en materia de reconocimiento del territorio mucho más compleja aquí en Chihuahua que en otros estados del país”, sostuvo el titular del INPI.

Por ese motivo, han avanzado en tres vertientes para trabajar con las autoridades tradicionales, el reconocimiento de sus tierras:

1. El programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) como medida alternativa al conflicto territorial, que busca resolver controversias por la tenencia o explotación de la tierra a través de la conciliación de intereses y la concertación de acuerdos. El objetivo es contribuir a la seguridad jurídica de las comunidades indígenas en la tenencia de la tierra y pagar indemnización por expropiaciones. Este programa se aplica en los casos de conflictos entre núcleos agrarios o bien, entre núcleos agrarios y posesionarios, comunidades o propietarios particulares.

2. Declaración de terrenos nacionales para que el gobierno federal pueda reconocer territorios en caso de los que demuestren sus derechos ancestrales.

3. Regularización de derechos que consiste en apoyar a las personas indígenas a regular sus derechos como ejidatarios o sucesiones de derechos, ya que en ocasiones no cuentan con actas de nacimiento ni con actas de defunción de personas que tenían derechos ejidales, por ejemplo.

Víctor Martínez Juárez, jefe de la oficina de representación del del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el estado de Chihuahua, explicó que en el caso de los procesos de reconocimiento de tierras, se trata de un trabajo coordinado entre todas las instancias del sector agrario, las comunidades y en INPI que acompaña a las personas indígenas.

“Acompañamos los procesos facilitando las reuniones con las instituciones, con la la traducción, la gestión y con el traslado, la información, todo lo necesario para que se creen las condiciones necesarias. En el tema de Cosomer, por ejemplo, que está dentro de la ley y que permite buscar una forma pacífica legal acordada para la recuperación de la tierra, nos encargamos de que quede clara para las comunidades toda la información. Esa parte es muy importante porque todo se ha logrado a través de las reuniones donde ellos nombran representantes para una comisión negociadora antes”, agregó Martínez Juárez.

¿QUÉ FALTA EN EL PLAN JUSTICIA DEL PUEBLO DE LA SIERRA TARAHUMARA?

En el marco del Plan de Justicia, 11 comunidades han solicitado la restitución de sus tierras, aunque las autoridades han anunciado en las reuniones del proyecto, que ampliarán el número de comunidades que buscan el reconocimiento con títulos de propiedad.

Los casos más avanzados son Huasachique o Guasachique en el municipio de Balleza y Bosques San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna. Son las dos comunidades que recibieron el título de propiedad por parte de su territorio, de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 20 de diciembre.

Guasachique solicitó en 1998 la regulación de su predio “Huasachique” y en el año 200 se declaró terreno nacional una superficie de más de 1,485 hectáreas. Pero fue hasta el 20 de diciembre pasado, que les entregaron las escrituras.

En Bosques de San Elías Repechique, la comunidad rarámuri ha mantenido ancestralmente la posesión tradicional o ancestral. Entre 1888 y 1906 , la propiedad está amparada en escrituras públicas, tierras bajo el régimen de pequeña propiedad, tituladas a particulares en el gobierno de Porfirio Díaz, de acuerdo con documentos recabados por el mismo Plan de Justicia. Las autoridades de la comunidad recibieron también las escrituras pero por más de 693 hectáreas del predio Agizaina, fracción del precio Batuybo.

La escritura de ese predio se logró por la negociación que hicieron con uno de 12 propietarios de esa comunidad, que aceptó vender su parte. Sin embargo, aún faltan por negociar la mayoría del territorio, ya que pelean el reconocimiento de 10, 717 hectáreas. La negociación la realizaron dentro del Plan Justicia, dentro del programa Cosomer. Las autoridades tradicionales de la comisión negociadora de dicho programa, firmaron la escritura el mes pasado ante una notaría de Chihuahua, dio a conocer Víctor Martínez Juárez, jefe de la oficina de representación del del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el estado de Chihuahua.

Además de esas dos comunidades, otras ocho se encuentran en proceso de reconocimiento de tu territorio: Mogótavo, Mala Noche, Tepozán, Cordón de la Cruz, Altos de la Garrocha, Bawinokachi, Arroyo del Pajarito y Barrancas de Sinforosa.

La comunidad de Mogótavo sostiene dos litigios, uno penal y otro civil, contra cinco políticos-empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI): Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal, exlegislador local y recién nombrado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ( Conalep); Ricardo Orviz Blake, exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Delicias; Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, exlegislador por Sonora. Ellos demandaron a las autoridades rarámuri por despojo, a pesar de que cuentan con sus derechos ancestrales.

Mogótavo lleva el proceso de reconocimiento de su territorio a través de Cosomer y a finales de 2023, el Instituto Administrativo y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), realizó los trabajos técnicos de avalúo trabajos técnicos de avalúo.

Luis Cruz explicó durante una de las últimas mesas del Plan Justicia en Guachochi, que en julio pasado tuvieron el primer acercamiento con los propietarios. “Les informamos lo que podemos hacer como gobierno federal y ellos se quedaron con la información para analizarla. Fueron con sus abogados.

Y el Plan Justicia informa en su página oficial, que está programada para principios de 2025, una tercera
reunión con los particulares que ostentan títulos de propiedad sobre el territorio ancestral de la comunidad de Mogótavo (1,500 hectáreas), para buscar vías alternas para la resolución del conflicto agrario a través del Cosomer.

En el caso de Mala Noche, del municipio de Guadalupe y Calvo, están espera de la publicación de la declaratoria de Tierras Nacionales para entregar a favor de la comunidad, por una superficie de 3, 000 hecátreas, como parte de la regulación de sus derechos.

Las comunidades del pueblo ódami, Mesa Colorada, Cordón de la Cruz y Tepozán, Víctor Martínez explicó que el gobierno federal ya declaró como terreno nacional más de 502 hectáreas. Varias personas que son de esas comunidades están en desplazamiento forzado desde hace alrededor de 10 años.

En ese caso, un particular fue quien pidió el reconocimiento de esas tierras, ya que ha pretendido quedarse con ese territorio desde hace alrededor de una década, de acuerdo con testimonios que Raíchali ha recabado los últimos años.

“Ya se tuvo una reunión la titular la representante de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) recibió a la representación de estas rancherías que pertenecen a la comunidad ódami de Baborigame. Los recibió para comunicarles que ya salió la declaratoria que es terrreno nacional, que es un primer paso después de los estudiso que se hicieron, definir que es un terreno nacional. Si bien fue solicitado por un particular, la declaratoria no manifiesta que sea entregado al particular sino sólo se constata que es un terreno nacional. Lo que sigue a continuación es recibir la solicitud de quienes han habitado ahí por generaciones y revisar la solicitud del particular para que sobre eso, se haga el análisis de a quién le corresponde la propiedad que es del predio de Las Agujas.

“Al ser terreno nacional quiere decir que ya se hicieron todas las investigaciones para que no haya ningún particular o alguna propiedad social que lo pelee, para evitar alguna controversia o demanda, o amparo. El terreno nacional le corresponde al gobierno federal. Lo que sigue es hacer el análisis de las solicitudes del particular y las familias. Obviamente al ser dentro de la visión del Plan de Justicia dan prioridad a la condición ancestral, pero la representante se comprometió a analizar e informar a particular y a las comunidades lo que corresponde.

“Nosotros, como representantes del Plan de Justicia, aspiramos a poder documentarle a la Sedatu que, quien ha tenido la posesión desde hace varias generaciones, donde hay constancia en los asentamientos, que hay derecho ancestral, es el pueblo ódami, para que lo valore”, agregó Víctor Martíenez.

Esas rancherías se ubican en el límite del ejido de Baborigame, quien solicitó la escritura a su nombre es José Alderete Urtusúastegui, quien ha sido acusado por personas ódami por desojo, amenazas, entre otros delitos.

En la comunidad Altos de la Garrocha, ubicada en el municipio de Balleza el proceso fue a través de la declaratoria como terrenos nacionales, contemplada dentro de la Ley Agraria, que indica que es necesario que se hagan tres publicaciones para posteriormente realizar el deslinde del territorio y poder iniciar el proceso de escrituración a la comunidad. Esta comunidad está en espera de recuperar 1,640 hectáreas.

La comunidad de Bawinokachi, en el municipio de Bocoyna, plantea la recuperación de 1,000 hectáreas ubicadas en el predio Bajío Largo. Este proceso también correspondió a apostarle a la declaratoria de terrenos nacionales.

Las comunidades de Arroyo del Pajarito y Barranas de Sinforosa, del municipio de Guachochi, pelean 1,000 y 1,888 hectáreas, entre otros conflictos que se suman para las comunidades de la región.

Y otras dos comunidades con fuertes problemas de desplazamiento forzado o intento de despojo, están tratando de llevar procesos a través de Cosomer.

A Choréachi o Pino Gordo, del municipio de Guadalupe y Calvo, la apoya la Sedatu para el proceso de recuperación de su territorio. Ellos enfrentan una lucha por su territorio con otra comunidad vecina, conformada por mestizos.

Representantes de la comunidad de Coloradas de la Virgen, también de Guadalupe y Calvo, se encuentra casi vacía por desplazamientos masivos originados por violencia. En una de las últimas mesas del Plan Justicia, propusieron negociar a través de Cosomer, con ejidatarios mestizos que tienen la mayoría de las tierras ejidales que atraviesan su territorio indígena.

Coloradas de la Virgen tiene una historia de décadas de lucha y violencia por el territorio. Ahí mismo cohabita un ejido y una comunidad agraria, declarada desde 1968. La mayoría de quienes viven en el territorio son indígenas, pero el ejido tiene autoridad mestiza y no viven ahí los ejidatarios. La comunidad también tiene sus propias autoridades indígenas.

Ellos pelean 52 mil hectáreas. Desde 2019 el ejido tiene suspendido el uso agrario por el Tribunal Agrario que le reconocen posesión a las personas indígenas y le pidió a Semarnat que no les dé más permisos. Sin embargo, los desplazamientos masivos no han cesado. Una propuesta de parte de dicha comunidad, es negociar para comprarles los derechos ejidales a los mestizos, ya que han devastado el bosque.

Hay por lo menos otras tres comunidades, San Alonso del municipio de Urique y Quírare y Munérachi de Batopilas, que tienen proceso de regulación de derechos. Dentro del Plan Justicia les están apoyando con los trámites legales para la apertura de sobres de ejidatarios que fallecieron y dejaron sucesor, así como en la regulación de censos y/o trámites de actas de nacimiento, matrimonio y/ defunción, ya que es una cuoltura que en muchos casos no realizan esos procedimientos civiles, ya que por ejemplo, bajo la cultura rarámuri no existe el matrimonio.

Las otras áreas del Plan Justicia en Chihuahua, aún tienen retos importantes en materia de Justicia ambiental y proyectos productivos; Educación indígena; Lengua, cultura e identidad, entre otras.

Dentro del mismo Plan Justicia, han construido 16 caminos artesanales de un trayecto a otro, ya que es un tema prioritario del proyecto.

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