El juicio contra Víctor G. por la desaparición de ocho integrantes de la familia Muñoz inició en la ciudad de Chihuahua. Después de trece años, es la única persona que enfrenta a la justicia por este caso registrado, en colonia Anáhuac, en el municipio de Cuauhtémoc
Por Raúl F. Pérez Lira / Raíchali
La señora Emma Veleta Rodríguez está sentada dentro de una pequeña sala. Tres jueces del Poder Judicial del Estado de Chihuahua se sientan frente a ella. La audiencia la observa en el monitor desde una sala anexa. En cuanto los jueces están listos, piden que se reinicie la grabación.
Su voz no está distorsionada y su imagen no está difuminada. Se ve y se escucha claramente, pero Emma solicitó no estar en la misma sala que la persona acusada. Su asesor argumentó que sería revictimizante y los jueces estuvieron de acuerdo.
Después de algunos problemas de audio y las preguntas rutinarias de parte de los jueces, Emma comienza a hablar.
– Mi familia fue desaparecida el 19 de junio de 2011 en Anáhuac –declara Emma ante los jueces con voz segura, después de jurar que dirá la verdad–. Sabe que ese día estábamos reunidos festejando el día del padre y en ese, pues acudieron unas personas a nuestro domicilio y se metieron.
La familia Muñoz Veleta estaba reunida en su casa en Colonia Anáhuac, un poblado en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua. La casa queda frente a las vías del tren y es parte de una “sección” de casas-habitación propiedad de Ferrocarriles Mexicanos, empresa donde trabajó y se pensionó Toribio Muñoz, esposo de Emma Veleta. Ese día, gran parte de la familia se encontraba en su casa.
Al caer la noche, Toribio se fue a dormir a su cuarto. El resto de la familia siguió en el convivio. Poco después, llegaron varias camionetas y se estacionaron frente a la casa. Emma vio descender a hombres con armas largas, algunos vestidos como policía y al menos uno encapuchado.
Se metieron a su casa y comenzaron a gritar.
Su hijo, Óscar Muñoz Veleta, la tomó del brazo y la escondió en uno de los cuartos. Ahí le preguntó: “madre, ¿pues qué está pasando?”. Los hombres armados forzaron la puerta de la habitación y le arrebataron a Óscar de sus brazos. Emma vio cómo le cubrieron la cara con su playera. También vio cómo una persona encapuchada sacó a sus nietos del baño, donde se habían encerrado. A su esposo Toribio lo levantaron de su sueño. Emma escuchó que él gritó: “pero, ¿por qué están en mi casa?”.
Luego le ordenaron a Emma que se tirara al suelo y que no volteara a verlos. Con ella estaba una de sus nietas, también en el suelo.
–Ellos nos estaban rayando la madre, que tírense al suelo. Ay, no, con unas palabras muy crueles. Mi casa la dejaron volteada al revés. Buscaban un radio pero claro que no iban a encontrar nada –declaró Emma–. No volví a saber nada de mis hijos jamás.
No recuerda cuántas personas fueron ni podría reconocer a nadie. El agente del Ministerio Público encargado de la investigación, Carlos Emilio Reyes Chaparro, le pregunta cómo es su esposo, si han realizado búsquedas, si han encontrado algo y si han tenido dificultades en su vida a partir de estos hechos. Emma contesta que su esposo es tranquilo, que han hecho rastreos, que sólo han encontrado una hebilla y que la vida desde entonces ha sido muy difícil.
El asesor jurídico de la familia, Antonio Palacios, le pregunta si tiene algo que agregar.
–Si hay una persona que está detenida o algo, si no le costara mucho trabajo y si él sabe algo de mi familia, pues que nos ayude –contesta Emma. –Quisiera sus restos si es que ellos no están con vida. Eso le pediría a la persona, si no le costara mucho trabajo. Yo sé que para él es difícil, como lo es para nosotros. Para encontrar un poquito de paz.
Emma pide un vaso de agua.
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El juicio oral contra Víctor G. inició el jueves 28 de noviembre de 2024. Fue acusado de participar en la desaparición de ocho integrantes de la familia Muñoz aquel día del padre en Colonia Anáhuac: Toribio Jaime Muñoz González, Óscar Muñoz Veleta, Jaime Muñoz Veleta, Guadalupe Muñoz Veleta, Hugo Muñoz Veleta, Luis Antonio Romo Muñoz, Nemesio Solís González y Óscar Guadalupe Cruz Bustos, todos familiares entre sí. Es la única persona que enfrenta a la justicia por este caso, aunque desde hace años hay al menos otras seis órdenes de captura.
Su abogado intentó librarlo del juicio. El defensor público José Luis Razo Esquivel argumentó que no podían culpar a Víctor de “desaparición cometida por particulares” por un crimen de 2011, cuando el delito se tipificó hasta 2017. No lo podían juzgar por un delito que todavía no existía. Un magistrado le dio la razón en junio de 2022, un año después de su arresto.
Pero Víctor no salió de prisión. El Ministerio Público logró mantenerlo bajo arresto por el delito de robo de vehículo agravado por el uso de armas de fuego, ya que junto con los ocho miembros de la familia, el grupo armado también se llevó un automóvil Stratus modelo 2005, propiedad de uno de los hermanos Muñoz Veleta.
Como respuesta, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) también interpuso un amparo. El asesor jurídico Antonio Palacios argumentó que la desaparición no sucede sólo en el primer momento que sustraen a la persona, sino que el delito es de naturaleza “permanente o continúa” y se comete todos los días que la persona siga desaparecida. Un juzgado le dio la razón y la acusación volvió a recaer sobre Víctor.
Por eso es que el juicio tardó más de tres años en comenzar. Hasta ahora, Víctor es la única persona acusada por este crimen ante la terna de jueces en los tribunales del Centro de Readaptación Social (Cereso) en la ciudad de Chihuahua, capital del estado más grande de México.
Emma fue la primer testigo en el juicio y declaró el viernes 29 de noviembre, un día después de que se leyeron los alegatos iniciales. Después de ella acudieron otros familiares a dar su testimonio: esposas, hermanas, vecinas, madres, padres, sobrevivientes y policías de investigación. En cuanto a los familiares, es la primera vez que acuden a un tribunal a declarar por este caso o por cualquier otro.
–Ha sido un peregrinar, un subir y bajar el estar esperando saber algo de ellos, digo de ellos porque todos son familia –dice Antonio Fernando Romo Salas, padre de Luis Antonio Romo Muñoz, ante el tribunal. –Por parte de nosotros anduvimos desde el principio, para arriba y para abajo, buscándolos por campos y donde quiera. Hemos andado en rastreos y ahí andamos en reuniones. Hemos estado en la mayor disposición.
Fotografía: Raúl F. Pérez Lira
Luis Antonio tenía 21 años y vivía con sus padres al momento de su desaparición. Regresó a México de los Estados Unidos poco tiempo antes. No sabía escribir español y eso le dificultaba conseguir un trabajo, dice en el juicio su madre, Luisa Muñoz, hermana de Toribio. Lo describen como un muchacho de familia que no causaba problemas, “salvo que se echaba una que otra copita”. Desapareció junto con sus tíos, su primo y su abuelo. Fernando Romo no estuvo en la casa de los Muñoz ese día.
–¿Cómo considera el trabajo de la autoridad? –le pregunta el defensor.
–Yo considero que ha faltado un poco, pero también pienso que, no sé si sea por su trabajo, pero yo considero que ha faltado echarle más ganas –contesta Fernando Romo.
–¿Es porque no han encontrado a su hijo? –pregunta el agente del MP.
–Sí, señor, porque ya son 13 años y no tenemos nada relevante de saber algo de ellos. Vivos o muertos, lo que nos interesa es eso.
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El licenciado Óscar Chávez Estrada es agente del Ministerio Público desde hace 22 años. Ha estado asignado a las Fiscalías de la zonas Norte, Sur y Occidente de Chihuahua. Tiene la experiencia de haber trabajado en más de la mitad del territorio estatal. Al principio también se encargó de la investigación sobre el caso de los Muñoz.
–En ese entonces hice una entrevista y varios operativos de búsqueda –declara el oficial.
Los agentes a cargo de Óscar Chávez entrevistaron a los familiares después de los hechos, pero no recuerda sus nombres, ni de los oficiales ni de los familiares. Tampoco está seguro del nombre de la persona que él entrevistó, un policía municipal de Anáhuac.
Según recuerda, el policía declaró que esa tarde otro policía le habló para que acudiera a una cantina a ayudarle por un problema que tuvo con una patrulla que les quitaron y que luego encontraron ahí cerquita. Este hecho sucedió frente a la casa de la familia Muñoz, del otro lado de las vías del tren.
También recuerda que los automóviles que participaron en la desaparición fueron una camioneta Avalanch y una Durango blancas, así como una Blazer verde.
Su equipo realizó búsquedas en los municipios de Bocoyna, Urique, Namiquipa y sus alrededores, declara. No encontraron ni a las personas ni a los vehículos.
Después de un tiempo lo cambiaron de zona y ya no supo qué pasó.
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Los siguientes hechos están reconstruidos a partir de los testimonios de varios familiares que estuvieron presentes ese día del padre, como la señora Emma Veleta, sus hijas Alma y Maribel Muñoz Veleta y un testigo con identidad reservada. No fueron narrados de manera cronológica durante el juicio, sino que respondieron a preguntas tanto del agente del Ministerio Público como de la defensa del acusado en diferentes sesiones.
Como a las tres de la tarde llegó una camioneta gris a la casa de los Muñoz. “Se bajó un muchacho, le habló a mi primo Luis y lo empezó a golpear / salieron a defender a Luis, Hugo y Óscar, nada más trataron de defenderlo / temprano tuvieron un problema en el bar, había algunas patrullas y toda la gente se dio cuenta, porque se oyó mucho escándalo / cuando estábamos en la comida llegó un muchacho que al que le decían ‘El Cholo’ y le habló a Luis Romo y él comenzó a golpearlo. Salió corriendo y pasó un carro, bajó alguien y comenzó a disparar. Una bala le rozó en la mano a Óscar / iba pasando la patrulla 414, con el policía Abel Ledezma, en eso el tipo [El Cholo] saca una pistola y dispara. Nemesio le pide que haga algo, pero el policía le dijo que no podía hacer nada porque el que disparó era amigo de él / Óscar le reclamó al policía, lo conocía porque era su vecino / Nemesio le contestó ¿cómo de que no vas a hacer nada si para eso te pagan?”.
Nemesio subió a la patrulla 414, arrancó y la abandonó cerca de ahí. En el camino, agarró el radio del policía y lo tiró del vehículo.
–Aquí no tenemos ley, no hacen nada –dijo Nemesio.
Después de los balazos y el altercado con la policía, la situación se tranquilizó. La familia Muñoz siguió en su convivio hasta que cayó la noche y llegó el grupo armado.
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Al día siguiente, el policía de investigación Carlos Rodríguez González acudió al lugar de los hechos y tomó fotografías de la cantina donde fue el altercado y de la casa de la familia Muñoz.
En la sala del tribunal Rodríguez González reconoce las fotografías que proyectan sobre la pared. Una de ellas muestra al Bar Chey’s ubicado en la calle Celulosa, a 100 metros de la casa de los Muñoz. Es una construcción de un piso en una esquina, de fachada recta con pintura blanca y roja. El nombre del bar está en un letrero patrocinado por la cerveza Tecate. Carlos recuerda que el bar estaba como a dos kilómetros de la casa de los Muñoz.
Se muestran más imágenes: el exterior de las casas de la “sección” del ferrocarril, con árboles y varios automóviles al frente; el interior de una recámara y el de una sala comedor, desordenados, vuelta arriba.
Su investigación duró unos ocho o doce meses, no recuerda bien. Quizás terminó en 2011 o en 2012. Un día, miembros de la familia Muñoz dijeron en una entrevista de radio que el agente no se había contactado con ellos. Carlos niega que esto fuera cierto y dice que siempre mantuvo comunicación. Dice que un día se encontró con miembros de la familia, les hizo “el comentario” y les sugirió que no dieran su teléfono ni su domicilio en público para evitar problemas. Luego se enteró de que se quejaron de que “los había maltratado”, por lo que fue removido de la investigación. No recuerda los nombres de los familiares.
En otra sesión, el abogado de Víctor G., el imputado, pregunta a Maribel Muñoz si ella había sido amenazada por las autoridades en algún momento, a lo cual responde que no. Luego, le solicita leer en voz baja una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ella firmó.
–Una vez que usted leyó, ¿usted fue amenazada en algún momento? –pregunta el defensor.
–No –contesta Maribel.
Le pide entonces que lea la queja en voz alta.
“El agente de la policía de investigación de nombre Carlos Rodríguez ha estado yendo a mi casa y me preguntó que si qué es lo que teníamos (…) amenazándome nos dijo que ‘no sigan buscándole porque entonces sí se van a poner en peligro’”.
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Maribel Muñoz Veleta estaba en su casa cuando llegó uno de sus sobrinos a decirle que habían matado a su papá y que la casa de sus abuelos estaba llena de gente armada. Ella pasó la tarde con ellos, pero como a las 8:30 de la noche se fue a su casa, a una cuadra y media de la de sus padres.
Llamó a la policía sin éxito y corrió de regreso a casa de sus padres para ver qué pasaba. Encontró varias camionetas y hombres armados. Tenían uniformes de policía federal. Uno de ellos, vestido con pantalón negro y zapatos altos, golpeaba a Nemesio Solís, su cuñado. Cuando la vieron, le pusieron un rifle “cuerno de chivo” en el pecho y la llevaron con el resto de las mujeres al interior de la casa. Escuchó que alguien dijo “dispárale” y que luego le dispararon a Nemesio. Luego lo subieron a una camioneta. Ya dentro de la casa, a Maribel también la tiraron al suelo. Dice que no podría reconocer a nadie.
Maribel pudo escapar por una puerta trasera de la casa y se escondió tras una esquina. Escuchó que alguien gritó “se peló una vieja” y luego se escondió tras una esquina. Desde ahí vio que se acercó una patrulla de policía municipal y que el oficial preguntó a alguien en la calle si no había pasado por ahí una “señora loquita”. Maribel pudo ocultarse hasta encontrar a su esposo y huir a pasar la noche en otra ciudad.
Mientras, en la casa contigua se escuchaba el borlote.
–Tenían fiesta. De repente se empezó a oír muy feo, gritos –declara un testigo protegido, vecino de la familia en aquel entonces–. Yo estaba en mi casa, no sabría decirle a qué distancia pero cerca. Yo me asusté y le marqué a la policía. Nunca me contestó. Ahí con los Muñoz Veleta llegaron muchas personas armadas, encapuchadas, y se metieron en toda la sección.
Es posible escuchar el miedo del testigo al declarar, aunque su imagen y su voz están modificadas. Se encuentra en otra sala, junto con la terna de jueces.
Un grupo de hombres entró también a su casa. Sometieron a su familia y discutieron si a ellos también se los llevaban. Buscaron entre sus cajones y sus muebles, pero ahí tampoco encontraron el supuesto radio. Vestían de negro, pero el testigo no se fijó en si era un uniforme. Llevaban armas largas, pero no recuerda haber visto ninguna insignia de policía.
No todos llevaban el rostro cubierto. Por eso, pudo reconocer a tres.
–¿Puede decir los nombres? –pide el agente del Ministerio Público.
–No –contesta el testigo, nervioso, con voz quebrada.
Hay un silencio corto. El juez César Maldonado pide un momento. Luego pide que le lleven un vaso de agua y kleenex al testigo. Pasa un minuto y el testigo nombra a tres personas, entre ellas a Víctor. A solicitud del agente del Ministerio Público, lo señala y reconoce en el monitor: “es el de gris”.
El testigo con identidad reservada hizo esta declaración ante el Ministerio Público por primera vez en julio de 2014. El miedo le impidió hacerlo antes. Recuerda al grupo armado en su casa, discutiendo si se llevaban también a alguien de esa familia. Recuerda que la Policía Municipal no hizo nada cuando la necesitaban. Recuerda su mala actitud cuando por fin llegaron esa noche, horas después de marcarles por teléfono. Tuvo que abandonar su hogar después de declarar.
–En Anáhuac todos se conocen –contesta cuando le preguntan cómo conoció a Víctor.
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La ley establece dos tipos de desaparición como delito: la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. La primera involucra la participación de algún servidor público, como autor material o por su autorización, apoyo o aquiescencia.
Varios de los testimonios mencionan a personas vestidas de policía, pero algunos recuerdan a la Policía Federal y otros a la estatal. Además, Víctor sí fue policía municipal, pero ingresó a esta corporación un año después de la desaparición y fue dado de baja en 2014. Por eso el Ministerio Público lo acusa de “desaparición cometida por particulares” y no por “desaparición forzada”. Aún así, el Cedehm exige que el Ministerio Público mantenga considere la posibilidad de que en el crimen sí hayan participado autoridades de cualquier nivel.
Un año después de la desaparición, el Ministerio Público pidió órdenes de aprehensión contra seis policías municipales –entre ellos Abel Ledezma– por el delito de “negación del servicio público” y a tres por “encubrimiento por favorecimiento”. Sin embargo, ninguno de ellos fue vinculado a proceso. Desde entonces han sido las únicas autoridades que rozaron la justicia por delitos relacionados a este suceso.
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En el centro de la ciudad de Cuauhtémoc, un grupo de personas secuestró al cabo Hermelindo Estrada Zapata. Era lunes 24 de octubre de 2011. Se lo llevaron en una camioneta atado de pies y manos, con el rostro cubierto. Viajaron durante una hora por carretera y un camino de tierra hasta salir de la mancha urbana. Llegaron a un rancho donde lo bajaron de la camioneta, lo golpearon y le quitaron la venda de los ojos. Reconoció a sus captores. Habían estado con él en el 2° Batallón de Infantería.
Cayó la noche y el cabo Estrada vio que llegaban más hombres y camionetas. Estaban quemando un cuerpo humano y había otros dos en la fila para ser calcinados. Todavía podía ver sus huesos. La mañana siguiente vio a otros dos hombres y una mujer, amarrados pero con vida. El cabo Estrada aprovechó un descuido de sus captores para huir al monte. Permaneció escondido entre los cerros hasta el día siguiente, cuando huyó por un lecho de un arroyo seco hasta llegar a un rancho vecino, donde pidió ayuda. Dio aviso al Ejército en cuanto regresó a Cuauhtémoc.
Elementos de la Fiscalía llegaron al Rancho Dolores a partir de la denuncia del cabo Estrada. El lugar –a doce kilómetros del corredor comercial menonita (entre la ciudad de Cuauhtémoc y el pueblo de Álvaro Obregón o Rubio) – estaba aparentemente deshabitado, pero el fuerte olor a combustible quemado daba indicios de actividad humana. En un arroyo seco pudieron encontrar ropa, casquillos, ojivas, manchas rojas, indicios de un gran fuego, restos humanos y tubos metálicos con rastros de hollín “al parecer utilizados para fragmentar los cuerpos luego de incinerarlos para enterrarlos más fácilmente”.
Fue en ese Rancho Dolores que en 2011 se encontró la hebilla que la familia Muñoz reconoce como propiedad de Toribio.
Los hechos anteriores son narrados en un reporte elaborado en 2015 por el Equipo Internacional de Peritos (EIP) en asistencia a la Fiscalía del Estado, a petición del Cedehm y con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los detalles de este reporte o el testimonio del cabo Estrada no fueron tratados en el juicio, pero varios de los testigos recuerdan la hebilla o hablaron acerca de los hallazgos en el rancho.
Jorge Cruz, padre de Óscar Guadalupe Cruz Bustos, pudo visitar el lugar cuando recién habían encontrado los restos.
Recuerda haber visto un “arroyo que hace como una curva”, donde se ve que “quemaron no sé cuántas personas”. También pudo ver los largos “palos” que usaban para acomodar y esconder los cuerpos.
–¿Qué tan enorme tendría que ser el fuego para que los árboles que estaban ahí estuvieran quemados hasta las puntas? –preguntó en la audiencia.
El policía de investigación “Charly” también recuerda que acudieron a inspeccionar el lugar, aunque él dice que fue un trabajador del rancho quien encontró los restos y luego avisó al dueño. No mencionó al cabo Estrada ni al ejército.
Sobre los detalles de la hebilla, los familiares tienen recuerdos encontrados. En el centro tenía un caballo grande y en las esquinas tenía caballos chiquitos. Era blanca con amarillo en los lados. Era color oro y en medio decía algo. Tenía cuatro caballos. Emma dice que en su momento la reconoció, pero que ha pasado mucho tiempo –trece años– y poco a poco olvida las cosas. Todos recuerdan que esa hebilla se la trajo su hijo Hugo como regalo de los Estados Unidos.
Pero además de la hebilla no se ha encontrado otro indicio de que los ocho miembros desaparecidos de la familia Muñoz hayan terminado en el Rancho Dolores. La Fiscalía en Chihuahua no tenía –y no tiene– la capacidad técnica de analizar restos humanos calcinados de esa manera. Fue hasta el año 2017 –después de que el panista Javier Corral reemplazara al priista César Duarte como gobernador del estado– que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo firmar un convenio para poder asistir a los familiares y analizar los restos.
Para el 2021, el EAAF tenía certeza de que los restos encontrados en el Rancho Dolores pertenecían a al menos 108 personas. De estas, pudieron obtener el perfil genético de 25 e identificaron plenamente a 22, ninguna de ellas es de la familia Muñoz.
En una visita posterior, miembros del mismo equipo de peritos independientes encontraron más restos humanos en el rancho. Este hallazgo llevó a nuevos rastreos y levantamientos de evidencias, también con la participación del EAAF, entre 2021 y 2022. Tan sólo en las primeras dos semanas se encontraron 2 mil 424 restos de un número indeterminado de personas. De nuevo comenzó el proceso para analizarlos en la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero sigue sin saberse si entre estos están los de Toribio, sus hijos, sus sobrinos o su yerno.
Jorge Cruz también dice que al día siguiente de los hechos fue junto con su esposa a la casa frente a las vías del tren. Vieron que afuera había dos policías, con quienes hablaron. Entraron a la casa y vieron manchas de sangre y el cartucho de un arma. Jorge también vio cómo uno de los policías tomó la munición y se la guardó. Nunca se incorporó esta evidencia en la carpeta de investigación.
Hacia el final del interrogatorio, la defensa pregunta a Jorge:
–¿Usted confía en la investigación de la Fiscalía?
–Es algo muy difícil –contesta Jorge–, por todo lo que ha pasado.
Este juicio oral inició el día 28 de noviembre de 2024 y continúa hasta la fecha.