Por Jacobo Dayán**
—Nada parece sacudirnos al grado de exigir un cambio. Nada parece indignarnos lo suficiente como para movilizar a una sociedad que ha aprendido a convivir con el horror. No lo hacen los asesinatos que se relatan día a día. No lo hacen las madres de desaparecidos que continúan desenterrando restos y fragmentos. No lo hacen las escenas propias de una guerra que contemplamos de manera rutinaria. Por si fuera poco, tampoco lo hace la impunidad absoluta con la que se aborda la corrupción y la violencia.
La torpeza e irresponsabilidad de dos sexenios ha inundado de sangre nuestras vidas. Ahora nos encontramos en un proceso electoral que parece no acusar de recibido la gran crisis humanitaria. Las campañas han decidido darle un peso irrelevante a la violencia. Habrá que recordarles que la barbarie y la impunidad será su responsabilidad a partir del 1 de diciembre.
De la campaña de Meade es irrelevante hablar. En temas de seguridad ni la campaña de López Obrador ni la de Anaya han querido definir los detalles sobre su propuesta de política de seguridad. Ambos han rechazado hacer un cambio drástico en materia de política de drogas. Debería de haber una presión tal que obligara a la clase política a encontrar soluciones de Estado. No la hay, resulta cómodo para los candidatos evadir el tema. Cómodo pero irresponsable.
Sobre justicia y verdad Anaya ha planteado la creación de una gran Comisión de la Verdad para abordar corrupción y violencia. También ha afirmado que estaría a favor de una fiscalía autónoma e independiente y de la asistencia de un mecanismo internacional contra la impunidad. De manera inexplicable López Obrador, amplio puntero y virtual ganador, presenta propuestas más chatas. Si nos atenemos a lo que él ha dicho, ya que cuenta con múltiples voceros que declaran cosas distintas, tendremos una fiscalía atada al ejecutivo y comisiones de la verdad solo para casos específicos. Esa no es la solución. Reitero, a partir del 1 de diciembre los muertos y la impunidad serán responsabilidad de los que lleguen a ocupar nuevos cargos.
No todo está perdido. Existe la opción de buscar justicia desde fuera. La Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido un puñado de comunicaciones sobre Crímenes de Lesa Humanidad en México, una de ellas el día de ayer. Entre las más sólidas se encuentran un par sobre crímenes perpetrados en Coahuila y Chihuahua. Pueden ser consultadas aquí:
De acreditarse los crímenes, la CPI puede iniciar un examen preliminar solo sí el Estado no es capaz o no tiene voluntad de procesar esos crímenes. En el caso mexicano ambos supuestos están dados.
El próximo gobierno tendrá que enfrentar está presión que de manera inminente pende como Espada de Damocles sobre responsables dentro y fuera del Estado. La CPI no podrá mantenerse al margen ante la acumulación de evidencia presentada ante ella. Los casos documentados también implican a fuerzas del Estado que serán dirigidas por la nueva administración. Con un mismo modelo de seguridad o con cambios cosméticos los crímenes continuarán. Con el incentivo de la impunidad los crímenes continuarán. Sin presión social los crímenes continuarán. Probablemente la presión internacional transformará, como lo ha hecho en otros casos, las estructuras judiciales.
No es un asunto de partidos sino de Estado. No es un asunto que se resuelva exclusivamente con voluntad se requieren instituciones. La CPI está en el horizonte cercano de nuestro país. Mientras tanto seguiremos presenciando Crímenes de Lesa Humanidad con absoluta impunidad.
**Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.