Por Ernesto Camou Healy
— Bastante revuelo se ha armado con el anuncio, y posterior cumplimiento, de que el Gobierno federal iba a decretar la terminación de algunos fideicomisos situados en instituciones oficiales por varias razones, entre las cuales destaca que permitían bastante amplitud para manejarlos y una alta dosis de opacidad en su funcionamiento.
El fideicomiso es un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin determinado y encomienda su realización a una institución fiduciaria para que administre o invierta tales valores en beneficio propio o de un tercero.
En el caso de los fideicomisos que se han ido constituyendo generalmente de forma legal, se ha ido levantando una estructura económica paralela al presupuesto que los organismos gubernamentales manejan. Se trata de fondos que se pueden utilizar para los fines de la institución, sin dar cuenta de ellos más que de una manera general.
En el caso del centro donde laboré por casi tres décadas, el fideicomiso con que cuentan, un poco más de seis millones de pesos, se ha utilizado entre otras cosas para garantizar el pago de sueldos a tiempo, cuando las ministraciones del Gobierno federal se retardan.
Pero hay otros que tienen orígenes diversos cuya administración no resulta transparente y que pueden ser objeto de malos manejos, carecen de mecanismos eficientes de evaluación y no tienen que dar cuentas estrictas del uso de esos recursos.
Esto ha dejado un margen muy amplio para algunos, no todos, hay que subrayar, que utilizan dichos fideicomisos sin demasiado escrúpulo.
No es posible saber cuántos no cumplen con los objetivos para los que se instituyeron; frente a ese panorama, el Gobierno tuvo que elegir entre iniciar un examen riguroso de cada uno de ellos, auditorías y revisión de cuentas, para determinar cuáles merecían cerrarse, y cuáles permanecer; o bien, extinguirlos todos, revisar su historial a posteriori, y diseñar mecanismos que les permitan seguir accediendo a esos recursos para los fines lícitos para los que los usaban.
Por lo pronto se mencionó que muchos seguirían utilizando esos recursos, pero como parte del presupuesto regular.
Ya hemos visto que esta administración prefiere dar machetazo y luego enmendar lo que sea necesario, en vez de ir realizando un trabajo de hormiga que daría frutos a mediano plazo, pero que podría permitir que las sangrías y los malos manejos permanecieran por un tiempo mayor de lo prudente.
Se optó por el factor sorpresa, pues si se anunciaba un proceso de varios años, se concedía prórroga a que quien trabaja sucio para que limpiara su escenario…
Un ejemplo entre tantos de manejos discrecionales, mal planeados y deshonestos, es la iniciativa para dotar a miles de escuelas mexicanas con bebederos de agua. Se inscribió dentro del Fideicomiso Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo que opera la Secretaría de Educación Pública, y se planeó comprar 31 mil 500 bebederos e instalarlos en planteles escolares, sobre todo en el área rural.
El fideicomiso contrató a tres empresas para el proyecto, al parecer de ramos distintos al aprobado. Sólo montaron una tercera parte del total, 20 mil 500, a un costo de 153 mil 900 pesos cada uno que, además, necesitan estar conectados a la electricidad y suponen un costo mensual de mantenimiento de 2 mil 400 pesos cada uno: Una rápida revisión en Internet arroja que los bebederos comunes cuestan entre 10 mil y 15 mil pesos.
No hay presupuesto de escuela pública que aguante… Para colmo, se presume que tienen una vida útil de solamente dos años. Mal planeado, mal realizado y bien cobrado. A la hora de evaluar el programa, sólo funcionaban unos 10 mil bebederos y se presume un desfalco de 937 millones de pesos contra el fideicomiso…
Historias como éstas hay muchas y vienen de antiguo. Por eso fue necesario el remedio; pero también es imperativo que no paguen justos por pecadores. Se necesita sutileza para resolver este tipo de problemas: Hay que tener cuidado, no se vaya a tirar al bebé con el agua sucia…