Por Francisco Ortiz Pinchetti
— No me refiero, ustedes perdonen, al linchamiento público del que han sido objeto en estos días los involucrados en el presunto reparto de sobornos del llamado “Caso Lozoya”, hábilmente urdido y ejecutado desde Palacio Nacional con evidentes motivos políticos y en violación de toda norma jurídica y ética. No: Me preocupan más ahora los numerosos casos recientes de intentos de linchamiento contra presuntos asaltantes y ladrones por parte de ciudadanos encolerizados, hartos.
Tan sólo en el Valle de México tengo registrados ocho casos en las últimas dos semanas, todos con similitudes notables. Es cierto que el registro y la difusión en videos que permiten ahora las redes sociales pudiera ser un elemento que nos hace suponer que los casos son más frecuentes que hace unos años, y que según psiquiatras podrían incidir en tales actitudes temas de ansiedad e irascibilidad atribuibles el estrés causado por la pandemia.
Puede ser.
Por supuesto que el fenómeno no es nuevo. Cada año hay centenares de linchamientos de diversas partes del país, sobre todo en áreas rurales. En Puebla, por ejemplo, en los 12 meses de la actual administración se han registrado 105 eventos de este tipo, según la Secretaría de Gobierno local. En lo que va de este año han muerto seis personas en linchamientos en aquella entidad.
Un caso ya iónico es el de los tres policías judiciales linchados en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, el 23 noviembre de 2004, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le costó la chamba a Marcelo Ebrard Casaubón como jefe de la Policía del entonces Distrito Federal. Los agentes realizaban una investigación sobre narcomenudeo cuando fueron interceptados y retenidos por los pobladores al propalarse el rumor de que eran robachicos. La policía llegó cuando ya habían sido asesinados.
Hace más de 20 años me tocó reportear un caso escalofriante ocurrido en la comunidad preponderantemente indígena de Huejutla, en la Huasteca hidalguense. Dos infelices vendedores de estampitas con premio llegaron al pueblo desde Tlahualica, Veracruz, donde vivían, en una desvencijada camioneta llena de pelotas, muñecas y otros juguetes y se estacionaron cerca de una escuela primaria para vender su mercancía. De pronto corrió el rumor de que eran robachicos y que habrían tratado de llevarse a una niña.
En minutos se reunió un gentío, que los detuvo y los entregó a la policía. Fueron encerrados en una celda del palacio municipal. Sin embargo, horas después, acicateados por la desconfianza en las autoridades que semanas antes habían dejado libre a un supuesto secuestrador de infantes, por el alcohol y por los insistentes llamados difundidos a través de la estación de radio local, decidieron asaltar la barandilla municipal y sacar a los detenidos.
Así resumí los hechos en la entrada de mi texto publicado en el semanario Proceso el 18 de mayo de 1998:
“Con un soplete abrieron la reja de la barandilla municipal. Arrancaron de la celda a los dos presuntos robachicos, detenidos la víspera. En vilo los llevaron a la calle. Ahí, tirados en el suelo, los golpearon, los patearon, los escupieron. Luego los lazaron de pies y cuello. Les rociaron gasolina y a punto estuvieron de prenderles fuego. Entre una turba, los arrastraron de los pies hasta la plaza y los subieron al quiosco. De nuevo los azotaron con palos y machetes, hasta que perdieron el conocimiento. A uno de ellos, el más corpulento, lo quisieron colgar de los brazos, pero su peso rompió el mecate y cayó hasta estrellarse en las baldosas de la plaza. Otra vez lo intentaron y otra vez cayó, ahora de cabeza. A otro lo picotearon con un machete y a medianoche lo colgaron. Más de un millar de personas –entre ellas el Gobernador del estado— presenciaron el martirio. La policía rescató finalmente los dos cadáveres…”
Efectivamente, ni la presencia del Gobernador del estado, que era por cierto Jesús Murillo Karam (el que años después, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fungió como Procurador General de Justicia), que viajó en helicóptero desde Pachuca, logró persuadir a los enardecidos pobladores, muchos de ellos evidentemente ebrios, de entregar a los acusados a las autoridades. Luego se sabría que durante su declaración preparatoria uno de los detenidos contó que había bromeado con una niña que se acercó a la camioneta a comprar estampitas. “Qué linda niña –le dijo— cuando crezcas vamos a venir a secuestrarte…”
En esos, como en otros quizá miles de casos registrados a través de los años, el linchamiento es resultado de una suerte de sentencia de muerte asumida por los ciudadanos contra supuestos o reales delincuentes. Generalmente ante la indolencia o la complicidad de las autoridades, deciden quitarles la vida, en un acto claramente de justicia por propia mano.
No es el caso, pienso, de los linchamientos recientes registrados en diferentes rumbos de la capital y el Estado de México, muy similares entre sí por cierto. Me parece que tienen otra lectura. En los eventos del asaltante de la combi en Tizayuca, de los ladrones de plantas en Xochimilco o los rateros de Iztapalapa, entre otros, observo un ingrediente común: la rabia.
Me parece que en todos esos casos no hay una determinación de matar a los delincuentes, como en los linchamientos aludidos antes, como un acto extremo de justicia, sino que la intención es darles un escarmiento atroz y entregarlos a la policía. La saña con que son golpeados, ultrajados y pateados es una expresión de hartazgo total, de venganza inmediata y desmedida. Tan brutal es la agresión que uno de ellos murió a consecuencia de la golpiza, en Iztapalapa.
Es indudable que esos actos son violatorios de la ley y no debieran ser tolerados bajo ninguna circunstancia, así se trata de delincuentes capturados in fraganti. El problema mayor que significa esta práctica, cada vez más frecuente, es el riesgo de que forme parte de otra “nueva normalidad” y que acabemos por acostumbrarnos a ella en ausencia de un cabal estado de Derecho. Válgame.
@fopinchetti