Por Patricia Mayorga / Raíchali
— Sierra Tarahumara.- La comunidad de Bosques San Elías Repechique aún no tiene acceso al expediente de la denuncia por despojo en contra de la rarámuri Teresa González Parra, quien es la encargada del taller de costura Bowe Najativo (significa seguir el camino), ubicado en un lugar llamado Cerro de la Virgen dentro del mismo territorio.
La comunidad denunció esa situación al director de implementación de los derechos de los pueblos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Jerónimo López Marín, quien se reunió con ellos el sábado pasado entre el bosque que rodea el taller, ya que no pueden ingresar porque tiene sellos de clausura.
El nombre del demandante, Fernando Cuesta Miledi, sólo se conoce de manera extraoficial por la misma Fiscalía General del Estado, ya que no aparece en comunicados de prensa ni se lo han informado a la comunidad. Tampoco conocen el número de expediente ni los sellos de clausura tienen algún número que identifique la orden para hacerlo.
El pasado 13 de agosto, alrededor de 15 agentes ministeriales llegaron a clausurar el taller. En el lugar había alrededor de 50 indígenas, incluidas mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Preguntaron por Teresa González, pero se encontraron con una respuesta contundente: “Todos somos Teresa”.
Los pobladores indígenas argumentaron que la decisión de construir el taller fue aprobada por la asamblea, todos son responsables. Y más: ese proyecto fue avalado después de la asamblea, por el comité técnico del fideicomiso ordenado por el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, quien les otorgó un amparo contra el gobierno de Chihuahua en 2014, por la falta de consulta a la comunidad para la construcción del aeropuerto regional de Creel.
En ese comité se encuentran cuatro dependencias estatales, que también están enteradas de la sentencia y del proyecto: Secretaría General, Hacienda, Innovación y Desarrollo Económico y Desarrollo Municipal.
Bosques San Elías Repechique tiene la posesión ancestral del territorio desde hace más de 100 años. Ahora se encuentra asentada en 12 predios particulares que fueron adquiridos cuando los indígenas los habitaban.
Jerónimo López dio a conocer que a él le corresponde hacer un diagnóstico de la comunidad para presentarla a sus superiores y tomar una decisión que la comunidad espera, se conozca hoy martes.
El funcionario del INPI escuchó a la comunidad cuando relató que el miércoles 13 de agosto, los agentes ministeriales los amenazaron con arrestar a quien alegaba más si no les decían quién era Teresa. La respuesta es que todos son Teresa y que los arrestaran a todos. Así sucedió, les indicaron que estaban detenidos.
Más de 50 rarámuri caminaron por dos horas hacia Creel. Atrás los escoltaban las unidades de la Fiscalía General del Estado. En la caminata los acompañaron integrantes de la organización que les da asesoría legal, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), incluida la directora Diana Villalobos.
Al llegar a Creel, los agentes se fueron y los integrantes de la comunidad se dirigieron a la oficina del Ministerio Público ubicada en la presidencia municipal, frente a la plaza principal. Esperaron por más de una hora al agente del Ministerio Público, quien les informó que él ya no tenía el expediente y que debían ir a Cuauhtémoc para solucionar su problema.
También les indicó que podrían entrar al taller únicamente por sus pertenencias que dejaron dentro. Durante semanas, se quedaron en el taller porque estaban construyendo y el asentamiento donde se encuentran sus casas, está lejos. Ahí comían, trabajaban y dormían. Regresaron caminando de nuevo por la noche, ya sin escoltas.
Al regresar, se percataron que no estaban sus pertenencias, faltaban maletas en las que tenían ropa y otras pertenencias, así se lo hicieron saber a Jerónimo López.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado aseveró en un comunicado de prensa, que los rarámuri no fueron detenidos, sólo desalojados del predio asegurado porque se encuentra en litigio.
“Los agentes atendieron un reporte de allanamiento de una finca, la cual está asegurada por personal de esta Fiscalía General del Estado, lugar donde había aproximadamente 80 entre hombres, mujeres y niños”, informa el comunicado sin datos del expediente ni del demandante.
Detalla que los policías estatales cuestionaron a los indígenas por qué violaron los sellos de clausura anteriores y que les informaron que debían desalojar el lugar.
“Posteriormente, el grupo emprendió una marcha por la carretera hacia el poblado de Creel, siendo resguardados por oficiales de la AEI (Agencia Estatal de Investigación) para su seguridad y una vez que arribaron al exterior de la presidencia, se manifestaron de forma pacífica”, es la versión de la FGE.
