Ahora, fuego en la lucha por el agua en Ojinaga

Por SinEmbargo/ Devenir/ Raíchali

Chihuahua— Anoche, campesinos y agricultores volcaron e incendiaron la camioneta del Delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, así como otros dos vehículos de funcionarios públicos que lo acompañaban, en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

De acuerdo con lo divulgado por medios regionales, el acto fue llevado a cabo como protesta por la extracción de agua de la presa Luis L. León, conocida como “El Granero”, para realizar el pago de líquido acordado con Estados Unidos.

La quema de los vehículos se realizó frente al edificio del Ayuntamiento de Ojinaga, donde el funcionario se reunió con los productores en una mesa de diálogo, de acuerdo con los reportes.

En la reunión también participó René Almeida, titular de la Secretaría de Desarrollo estatal, Joel Gallegos, Director general de Gobierno del estado y los diputados Mario Mata y Jesús Villarreal. Igualmente estuvieron los alcaldes Martín Sánchez, Roberto Cervantes y Miguel Rubio, de Ojinaga, Coyame y Aldama respectivamente, así como personal técnico de CONAGUA.

Video insertado

Después de que los agricultores y campesinos lo rodearon y amedrentaron, Loera se resguardó dentro del Ayuntamiento. Los reclamantes voltearon los automóviles y después les prendieron fuego.

Los vehículos dañados estaban adscritos al Delegado del Bienestar en Chihuahua Juan Carlos Loera de la Rosa y a la Delegada regional Melissa Franco, uno más forma parte de la comitiva del delegado del bienestar.

EL CICLO AGRÍCOLA ESTÁ ASEGURADO: LOERA

Luego de los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Ojinaga, Juan Carlos Loera aseguró que el agua de los agricultores es prioritaria y está asegurada.

“Vine a Ojinaga a dar la cara y explicar que el agua de los agricultores de Ojinaga es prioridad, está asegurado su ciclo agrícola”, escribió el funcionario en su cuenta de Facebook.

Loera señaló que en el Ayuntamiento de Ojinaga se encontraban también los diputados Mario Mata, Jesús Villarreal, el Secretario René Almeida y el Alcalde Martín Sánchez, de quienes pidió conservar su integridad.

“Que se llamé a la calma y a la cordura. También aseguré que el diálogo es permanente”, finalizó Loera.

El funcionario agradeció a todos las personas que han externado preocupación por su bienestar.

Guerra por el agua

Desde el lunes, productores y ciudadanos de la región tomaron el puente internacional Ojinaga-Presidio ante la reunión que sostendrían autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del ayuntamiento de Ojinaga, así como el delegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera.

A la par, se tomó la caseta Chihuahua- Ojinaga y, en Camargo, más productores cerraron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El movimiento en defensa de El Granero se reactivó el domingo por el anuncio que realizó Conagua sobre una nueva extracción en la presa para el pago del Tratado de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos.

Pero el conflicto no es nuevo. La guerra por el agua de El Granero inició con el 2020 en el Twitter del diputado panista Mario Mata Carrasco, quien denunció que la presa estaba casi vacía “por la insensibilidad de Conagua”.

A partir de ahí, tanto agricultores y líderes de la región, como políticos y actores sociales, emprendieron varias protestas para impedir que el agua se destinara para los estados de Nuevo León y Tamaulipas, como para el Tratado con Estados Unidos.

En este lapso las manifestaciones han terminado en golpes en por lo menos tres ocasiones y, ayer, en Ojinaga, las agresiones alcanzaron al delegado federal, cuya camioneta en la que se trasladaba a una mesa de diálogo con agricultores, fue volcada.

La persecución inició con el ataque al vehículo y los de sus acompañantes y continuó hasta la plaza principal del pueblo, en donde, molestos, los productores y ciudadanos que exigían el cierre de las compuertas de la presa incendiaron otros dos vehículos oficiales.

La reunión comenzó, pero no se alcanzó el diálogo entre los presentes. La postura de los funcionarios del gobierno federal se mantuvo en que es necesario pagar el Tratado y en garantizar que el agua para el ciclo agrícola está garantizada.

Los productores y agricultores, en contraste, no cedieron a una nueva extracción a la presa que, según cifras de Conagua, el domingo presentaba presenta un almacenamiento de 177 millones de metros cúbicos, volumen que asegura el agua para los agricultores de Ojinaga para el presente ciclo agrícola.

Para las 21:38 del martes, desde el balcón de la presidencia municipal se escuchó la voz de uno de los representantes de los agricultores que anunciaba el triunfo del movimiento y pedía a los presentes detener la quema de unidades.

Si bien, el Tratado con Estados Unidos se firmó en 1944, los productores explicaron que el problema principal es que no hay transparencia en el pago de agua ni garantía de que el ciclo agrícola, además, sospechan que el agua es en beneficio para un particular.

Aunque el conflicto se disolvió, los productores y agricultores sostuvieron que no hay una resolución definitiva y que no darán su brazo a torcer pues, insistieron en que, “si se llevan el agua, Ojinaga pierde su vida”.

Durante el mes de abril, el Gobierno Federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para establecer como un asunto de seguridad nacional la utilidad pública de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo.

En el artículo 2 del decreto se indica que para contribuir con la mitigación de la sequía, los titulares de concesiones podrán ceder o transmitir temporalmente sus derechos durante la emergencia, todo con la finalidad de priorizar el consumo doméstico y público.

Ante ello productores se pronunciaron desde entonces contra ese decreto, al verlo como un posible recurso para legalizar la extracción de agua de Chihuahua y enviarla a otras entidades.

Cuando se hizo esa publicación Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), especificó que Conagua no ha logrado argumentar técnica ni legalmente la extracción de agua para el supuesto pago de tratado de agua, y ahora existe el riesgo de hacerlo con esa herramienta jurídica.

El problema radica en que la propia federación, si sabía que se venía éste problema, porque lo sabían, tuvieron un error en autorizar el plan de riego y ahora están notificando para darle salida al derecho humano al agua, señaló ante medios Alcántar.

Con ello no negó que el uso público urbano esté por encima del agrícola, sino que criticó que se haya permitido una cosecha a Tamaulipas superior a su capacidad de riego, y ahora que ya utilizaron el recurso de la cuenca del Bravo, buscan agua de otros estados para garantizar el consumo general.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *