Por Ernesto Camou Healy

—El pasado 12 de noviembre Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue la culminación de un proceso de selección complicado, desaseado incluso, que puede afectar su desempeño y cuestionar la forma en que el actual Gobierno participa en la toma de decisiones y nombramiento de funcionarios que cumplen funciones delicadas de vigilancia y supervisión de la cosa pública en el País.

La función del Ombudsman, el defensor de los derechos humanos, consiste en amparar a los ciudadanos de los excesos o incluso agresiones de funcionarios de Gobierno que se aprovechan de sus cargos para violentar, hostigar o agraviar a las personas y vulnerar sus derechos. 

Es un protector oficial de los mexicanos frente a los posibles atropellos de las autoridades. En un País con una larga historia de cohechos, mordidas, abusos, invención de delitos, acciones arbitrarias, amenazas y corrupción a todos los niveles, vigilar y evitar que cualquiera con una pizca de autoridad se aproveche de su puesto para lucrar y molestar a los ciudadanos, o concederse impunidad por sus fechorías y maltratos, es una misión importantísima y muy delicada que se debe ejercer con autonomía y entereza frente a quienes gobiernan.

Para ese puesto se eligió a Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, la legendaria activista que fundó el grupo Eureka para buscar desaparecidos, en primer lugar su hijo Jesús, secuestrado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad en Monterrey durante la guerra sucia de los setenta; mujer luchadora y valiente que lleva ya casi cinco décadas en esa lucha. Su hija, la actual Ombudsman (palabra sueca que significa “defensor del pueblo”; no es inglés y si alguien quisiera llamarla Ombudswoman sería un desatino lingüístico), es licenciada en Sicología por la Universidad de Nuevo León, y estudió una maestría en Sicopedagogía en la Escuela Nacional de Ciencias de la Educación; tiene una larga historia de trabajo, junto a su madre y ella también en lo personal, en pro de los derechos humanos y de búsqueda de los ausentes, de antaño y hogaño.

Sin embargo el proceso que desembocó en su candidatura no parece haber sido tan meticuloso como debería y eso abrió la posibilidad de que los diputados y senadores de la oposición lo criticaran, señalaran irregularidades y que incluso opinaran que carecía de validez, con lo cual pusieron en entredicho a la misma presidenta ya en funciones, y se provocó que su trabajo iniciara con un lastre de legitimidad que complicará su actuación.

Probablemente el señalamiento de más peso es su pertenencia a Morena, incluso su participación reciente en el Consejo Nacional, debido a que no parece conveniente que el encargado de supervisar el actuar de un Gobierno sea un correligionario cercano y activo del mismo. Además de su capacidad y honestidad, es de desear que también el Ombudsman parezca públicamente contar con independencia frente al Gobierno que vigila.

Y eso no se tomó en cuenta, lo cual es un error político de la actual administración, que confió en tener los votos necesarios en el Congreso para que aprobaran la designación, pero debería haber previsto que los legisladores de los otros partidos se inconformarían, encontrarían los puntos débiles de la nominación y los revelarían en el intento de invalidarla o provocar desconfianza. 

Y eso sucedió, es el trabajo de la oposición, y no se previó y se suscitó una situación negativa para la gestión de López Obrador, pero sobre todo para los mexicanos, que tendremos un defensor del pueblo que debe iniciar sus trabajos remontando suspicacias y críticas.

El Gobierno actual inició con un capital político mayúsculo, pero el ejercicio del poder desgasta y genera críticas, se va perdiendo dicho capital y eso puede complicar los planes futuros. AMLO debe seguir para adelante, no hay duda, pero hacerlo con pulcritud y cuidando las formas para evitar traspiés innecesarios…
 

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