Por Francisco Ortiz Pinchetti
Más allá de la polémica sobre la efectividad de la medida en una reducción del consumo en beneficio de la salud pública –que la industria minimiza con sus cifras y la academia valora muy positivamente– la aplicación de impuestos especiales a bebidas azucaradas, alimentos no esenciales altos en densidad energética, tabaco y alcohol parece tener justificaciones económicas y científicas evidentes.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INS) acaba de elaborar una nueva propuesta de “aumento moderado” a los impuestos a esos productos, para reducir la carga de la enfermedades crónicas en México, a cuyo texto tuve acceso. Y resulta de veras interesante.
Según el INS, el paquete económico para 2020 plantea ajustes inflacionarios importantes para los impuestos específicos a bebidas azucaradas y tabaco. “La propuesta de actualizarlos y contemplar ajustes anuales por inflación, son medidas muy pertinentes para evitar que los impuestos pierdan valor y que se reduzca la carga tributaria, para que no haya incrementos abruptos (para el caso de bebidas azucaradas) y para contribuir en el combate al sobrepeso y obesidad”, indica la institución.
El Gobierno federal propuso hace unos días en su paquete económico para 2020 aumentar el impuesto a los refrescos a partir del próximo año para que paguen una cuota de 1.2705 pesos por litro, mayor a la actual de 1.17 pesos, como parte de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) cuya reforma se propone en el documento presentado por la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, el Instituto considera que la propuesta del gobierno podría mejorar si se aprobaran incrementos moderados a los impuestos a bebidas azucaradas, alimentos no esenciales altos en densidad energética, tabaco y alcohol.
El documento, que incluye gráficas y tablas estadísticas, muestra los incrementos a los impuestos que permitirían lograr mayores beneficios en salud derivado de la reducción en consumo. Adicionalmente, se podría financiar, a través de una parte de la recaudación, la reforma en salud, prioridad del actual gobierno. Lo anterior requeriría por supuesto permitir etiquetar estos impuestos para asegurar su aplicación adecuada.
Los incrementos propuestos permitirían que la recaudación por esos impuestos alcanzara los 192 mil 702 millones de pesos, cifra que indica un incremento de 62 mil 110 millones de pesos adicionales con respecto a lo recaudado en el año 2017.
Concretamente, se propone aumentar de uno a dos pesos por litro el impuesto a bebidas azucaradas, del ocho al 12 por ciento a alimentos no esenciales, de 0.35 a 1.35 pesos por cigarrillo (adicional al gravamen actual de 160 por ciento), del 26 al 35 por ciento a cervezas, y del 30-53 al 45-60 a otras bebidas alcohólicas.
Los argumentos a favor de esos incrementos son contundentes. En 2017 el consumo de bebidas azucaradas se asoció con 16 mil 348 muertes (2.3 por ciento del total de muertes con factor de riesgo identificado). Con el actual impuesto de un peso por litro, las compras de bebidas con impuesto se redujeron en seis por ciento en 2014 y 9.7 por ciento en 2015, las compras de bebidas sin impuesto aumentaron, sobre todo el agua embotellada.
La reducción fue mayor en los más pobres, en los altos consumidores y en los hogares con niños y adolescentes. El empleo en la industria de bebidas y en los establecimientos comerciales, no se redujo. Modelos de simulación proyectan reducciones en sobrepeso y obesidad, diabetes y diversas enfermedades crónicas.
Igual contundencia muestran las apreciaciones sobre los efectos distributivos de la medida. Los impuestos, indica el INSP, tienen mayores beneficios en los más pobres (la población con más bajos ingresos) por las siguientes razones: Los pobres reducen más su consumo cuando se implementan estos impuestos (la elasticidad precio de la demanda es mayor en los pobres porque tienen menos recursos).
Si la reducción en consumo tiene efectos positivos en salud, precisa la propuesta, los pobres podrían reducir su gasto de bolsillo en salud. Un beneficio adicional es que la recaudación puede utilizarse para invertir en salud, particularmente en programas focalizados en los más pobres.
El estudio que sustenta la propuesta concluye que el aumento a los impuestos a tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no esenciales altos en densidad energética tendrían importantes beneficios en reducción de consumo, beneficios en salud que permitirían reducir los elevados costos directos de atención derivados de su inclusión en la alimentación cotidiana.
Asegura que los beneficios pueden ser mayores, ojo, en la población más pobre, dado que responden más a los aumentos en precio y particularmente si los ingresos fiscales se utilizan para cumplir con el objetivo de cobertura universal efectiva con protección financiera a todos los mexicanos.
Frente a las necesidades que la propuesta enfrenta, se esgrimen razones económicas que como tales pueden ser válidas, pero que languidecen ante los efectos positivos del incremento de impuestos a productos cuya producción y comercialización representan sin duda grandes negocios, lo que se traduce en ingresos, empleos y desarrollo económico.
El dilema se diluye, sin embargo, cuando se ponen en la balanza los pros y las contras. De entrada, me parece que es inaceptable que se privilegie la ganancia cuando está de por medio la salud de millones de personas, y que tengan el gobierno y la sociedad que asumir los costos del tratamiento de enfermedades causadas por esos productos. No se vale. Válgame.
@fopinchetti