Por John M. Ackerman
El atrincheramiento de la derecha global ha venido acompañado de una destrucción de la institucionalidad democrática. El giro hacia gobiernos neofascistas en Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, ha implicado un cínico ataque a la legalidad y el estado de derecho.
El caso de Luis Inacio Lula da Silva es particularmente llamativo porque su encarcelamiento fue la única manera en que los conservadores de aquella nación pudieron recuperar el control sobre la presidencia de la república. Frente a la enorme popularidad del ex presidente, la derecha tuvo que quitarse la máscara de su supuesto liberalismo para apostarle directamente al lawfare, lo cual implica la utilización de la ley para lograr fines bélicos, de acuerdo con el coronel del ejército estadunidense Charles Dunlap (véase: https://bit.ly/2OTEeAE).
El compromiso de la derecha con la democracia siempre dependerá de que los procesos participativos le sirven a su agenda neoliberal. El momento en que el pueblo logre utilizar las elecciones para construir una hegemonía democrática en favor de la justicia, la paz y la igualdad, la derecha inmediatamente busca dinamitar la institucionalidad, tal y como ocurrió en México en 2006 y 2012, escenario que la Coparmex quisiera repetir en 2024.
El intelectual y activista Alipio Freire lo dijo con toda claridad en 1984: En Brasil, los liberales son fascistas de vacaciones. Y de acuerdo con el escritor Gustavo Codas, hoy los liberales han regresado de viaje y están demostrando su verdadera cara autoritaria en aquella nación (véase: https://bit.ly/33r3JMR).
Afortunadamente, a partir de las publicaciones de Glenn Greenwald en The Intercept (https://bit.ly/2IJSXrD) la comunidad internacional está cada vez mejor informada sobre lo que realmente está pasando con respecto al caso del ex presidente brasileño. Las investigaciones de Greenwald han revelado que hubo una abierta colusión entre el principal fiscal del caso, Deltan Dallagnol, y el juez instructor, Sergio Moro. Al parecer, no fue en realidad Dallagnol quien llevó el caso, sino que en todo momento recibía instrucciones de Moro, en abierta violación de la separación de poderes y la necesaria independencia de los jueces de las partes involucradas en cualquier juicio.
Moro mismo acepta en su sentencia que no existen pruebas contundentes contra Lula, sino que la condena se basa en la muy cuestionable tesis de los hechos indeterminados(https://bit.ly/2ORSxFX). Todo parece indicar que la acusación del empresario Leo Pinheiro en contra de Lula fue resultado de los estímulos ofrecidos y las presiones aplicadas por las autoridades cuando Pinheiro se encontraba en prisión preventiva (https://bit.ly/2YFWQbP). En general, de manera similar al caso del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, la acusación se basa en una supuesta responsabilidad indirecta de Lula por contar con la facultad constitucional de nominación de los miembros del consejo de la empresa petrolera Petrobras.
Así que este domingo 11 de agosto, un grupo de juristas, abogados y ex ministros de cortes supremas, provenientes de ocho diferentes países, publicamos un desplegado en el importante periódico brasileño Folha de Sao Paolo, en el que señalamos precisamente que Lula no fue juzgado, fue y sigue siendo víctima de una persecución política(https://bit.ly/2KEgprn). Firman el gran jurista italiano Luigi Ferrajoli; el ex juez español Baltasar Garzón; el distinguido jurista francés William Bourdon; el ex ministro de Justicia de Alemania Herta Daubler-Gmelin; el ex ministro de Justicia de Portugal Alberto Costa; el ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia Alfredo Beltrán, así como un servidor y el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Diego Valadés, desde México. También firman los juristas Bruce Ackerman y Susan Rose-Ackerman desde la Universidad de Yale, ambos profundamente preocupados por el actual clima de politización de la justicia en Brasil.
El texto del comunicado afirma que no se respeta el debido proceso legal cuando un juez no es imparcial, sino que actúa como jefe de la acusación. Los firmantes señalamos que “nos ha conmocionado ver cómo se han violado sin vergüenza las normas de procedimiento más fundamentales en Brasil. En un país donde se supone que la justicia es la misma para todos, un juez no puede ser a la vez juez y parte… Por eso, en el seno de la comunidad jurídica internacional, la justicia brasileña atraviesa actualmente una grave crisis de credibilidad, en vista de estas prácticas ilegales e inmorales”. Finalmente, la carta concluye con el señalamiento de que para que el Poder Judicial brasileño recupere su credibilidad, la Corte Suprema tiene el deber de liberar a Lula y anular estas condenas.