Por Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México
—El 18 de junio, más de 400 personas se dieron cita en Ciudad de México en ocasión de la Cumbre sobre la Libertad de Prensa en México del CPJ. Alentados por la sensación de que el país se encuentra en un punto de profundo cambio político con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la conferencia analizó las amenazas que enfrentan los periodistas mexicanos.
Los periodistas hicieron un llamado a que el Gobierno modificara su retórica contra la prensa, reformara el gasto federal en materia de publicidad oficial y se comprometiera a la transparencia en la erradicación de la vigilancia ilícita. No obstante, las cuestiones más apremiantes fueron el ciclo de violencia e impunidad –durante mucho tiempo México ha sido el país del hemisferio occidental con los mayores índices de violencia mortal para los periodistas– y la debilidad de las instituciones que se han creado para proteger a los periodistas e investigar los crímenes contra la prensa.
La sensación generalizada fue de estar en presencia de una profunda crisis y también de una oportunidad sin precedentes cuando el presidente López Obrador fue investido en diciembre, con mayoría absoluta para su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. Pero muchos también consideran que esta ventana de oportunidad se está cerrando, y han comenzado a expresar dudas respecto a si el presidente cumplirá los compromisos efectuados durante su campaña electoral.
“Considero que el presidente tiene una oportunidad histórica para transformar la relación entre los medios y el poder y enfrentar la cuestión de la impunidad en los actos de violencia cometidos contra la prensa. Pero es una oportunidad pasajera”, declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, en sus palabras de apertura.
Los participantes afirmaron que la cumbre era apenas el primer paso y que el Gobierno precisaba ir más allá de sus promesas. Se identificaron varias medidas que la administración de López Obrador debe tomar, entre ellas:
Reformar el gasto en materia de publicidad oficial
La complicada relación entre el Estado y los medios fue un tema central de la cumbre, y el que suscitó la admisión y el compromiso más concretos de figuras políticas.
Como el CPJ lo ha informado anteriormente, el masivo gasto federal discrecional en publicidad oficial por mucho tiempo ha sustentado una relación desigual y compleja entre los medios y el poder. Cuando los medios impresos y audiovisuales se vuelven dependientes de los fondos gubernamentales, ello aumenta el riesgo de que se silencien informaciones críticas para no poner en peligro una crucial fuente de ingresos.
El actual Gobierno ha admitido el problema y ha prometido reformas pero, como lo expresó Ana Cristina Ruelas, directora regional de Article 19 para México y Centroamérica, el Congreso aún no ha presentado ninguna propuesta de reformas seria para someterla a votación, ello pese a que la prensa y la sociedad civil han elaborado una iniciativa al respecto.
“Decir que los medios han subsistido gracias al dinero público es cierto”, declaró Ruedas en su intervención en un panel. “Pero también es cierto que este Gobierno se comprometió a cambiar las reglas del juego … y decidió no hacerlo”.
Durante el último panel, la diputada federal Tatiana Clouthier se refirió a las leyes sobre el gasto gubernamental como un “gran reto”, y Jesús Cantú, director de información y comunicación social de la Presidencia, señaló que las reformas eran una cuestión pendiente.
Reiniciar la relación entre la Presidencia y los medios
Los participantes de la cumbre plantearon sus inquietudes respecto a la retórica hostil del presidente López Obrador hacia la prensa. Contrastando la propuesta que el presidente realizó durante la campaña electoral, sobre una amnistía para delincuentes de menor rango del crimen organizado, con su actitud de confrontación con la prensa, Adela Navarro, directora del semanario noticioso Zeta Tijuana, habló sobre la tendencia de López Obrador a calificar a los medios de sensacionalistas, chismosos o elitistas. “El presidente se ha reconciliado con la mafia del poder, con los corruptos que lo perseguían, inclusive con personas vinculadas con el crimen organizado a quienes ofreció amnistía [pero] con la prensa, sin embargo, mantiene la confrontación”, comentó Navarro.
Parece poco probable que López Obrador cambie su retórica pronto. Al día siguiente de la cumbre, en su conferencia de prensa diaria, él caracterizó su relación con los medios como elemento de un debate saludable.
Crear un mecanismo de protección federal más sólido y poner fin a la impunidad
El CPJ y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa han instado reiteradamente al Gobierno a que fortalezca el mecanismo de protección federal, que se fundó en 2012 y en la actualidad incorpora a más de 300 periodistas. Los participantes de la cumbre expresaron que las medidas de protección siempre serían inadecuadas si en más del 90 % de los casos prevalecía la impunidad.
Mostrando un chaleco antibalas que el Gobierno le había enviado para que se protegiera, la periodista investigativa Anabel Hernández preguntó: “¿Esta es la manera de proteger a los periodistas?”. La galardonada periodista, quien recibió amenazas contra su vida y se vio obligada a huir de México el año pasado, declaró: “La única manera de salvar las vidas de los periodistas es hacer que las instituciones funcionen, realizar las investigaciones y hacer que el Gobierno actúe como un Gobierno”.
El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, declaró a los presentes que pretendía reformar el mecanismo de protección en concordancia con las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, recientes recortes presupuestarios han limitado las funciones del mecanismo, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.
Encinas fue menos específico en lo referente a la impunidad. Él reconoció el papel de actores estatales en la comisión de crímenes contra los periodistas, lo cual ha generado una general desconfianza en la capacidad y la voluntad del Gobierno de investigar los crímenes contra la prensa. En una señal prometedora, él se refirió al combate a la impunidad como una responsabilidad del Gobierno federal.
En la actualidad la Fiscalía General de la República es objeto de reformas, lo cual brinda una oportunidad ideal para restructurar la manera como las autoridades federales abordan los delitos cometidos contra la libertad de expresión y para crear instituciones encargadas de velar por el orden público más eficaces. Todavía no está claro si investigar los ataques contra periodistas será una tarea prioritaria de la reestructurada Fiscalía General.
Acometer sólidas reformas para proteger la privacidad y cesar la vigilancia de los periodistas
A inicios de año, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos digitales como Citizen Lab, R3D: Red en la Defensa de los Derechos Digitales y la sección de México de Article 19 informaron que un sofisticado software de espionaje denominado Pegasus había sido utilizado para vigilar a periodistas y activistas. Ya en 2017, la prensa mexicana había informado que el Gobierno había adquirido el software Pegasus a la consultora de seguridad NSO Group. Citizen Lab expresó que no podía determinar si el Gobierno era el responsable directo, pero que las investigaciones apuntaban a un grupo vinculado con el Gobierno. [El Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto rechazó repetidamente las acusaciones de que estuvo involucrado en el espionaje].
Una de las víctimas de la vigilancia fue Griselda Triana, cuyo teléfono fue objeto de espionaje los días siguientes al asesinato de su esposo, el periodista mexicano galardonado en 2011 con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ Javier Valdez Cárdenas, asesinado en 2017. Triana afirmó que la experiencia la había hecho dudar del compromiso de las autoridades con la búsqueda de justicia por el asesinato de su esposo.
Luis Fernando García, director de R3D, instó a la implementación de reformas que limiten la capacidad de las autoridades de vigilar a los periodistas. “La vigilancia en México se realiza sin transparencia”, señaló García. “Es difícil saber la magnitud exacta del problema, porque la transparencia y la rendición de cuentas en el empleo de métodos de vigilancia en México son un desastre”.
García reiteró el llamado de muchas organizaciones defensoras de la libertad de prensa en el sentido de que el Gobierno otorgue prioridad a amplias reformas que determinen cómo se utilizará la tecnología para la vigilancia, con qué criterio y cómo las autoridades rendirán cuentas.
Próximos pasos
Quedó claro que había un amplio consenso respecto a lo que el Gobierno de López Obrador debía hacer: fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; darle prioridad a la investigación de los crímenes contra los periodistas por medio de la Fiscalía General de la República; reformar y regular la publicidad oficial en concordancia con las propuestas de organizaciones de la sociedad civil y la prensa; y garantizar que la vigilancia quede relegada al pasado.
No obstante, para que cualquiera de esas medidas se concrete, es necesario señalarlas a la atención del impredecible mandatario mexicano. La cumbre logró esto: López Obrador mencionó la cumbre durante su conferencia de prensa diaria matutina del 19 de junio, incluso si pareció interpretar la conferencia como una crítica a su gestión en materia de libertad de expresión.
[Informaciones recabadas desde Ciudad de México]