Por Federico J. Mancera-Valencia*
—La Declaración Patrimonial es un proceso que causa molestia por el tiempo que se le destina, porque la información que se solicita es privada y porque la seguridad de la información aún es cuestionable. Además, porque es solicitada a docentes y a todo el personal que trabaja en Instituciones de Educación Superior (IES). ¿Por qué?: la Ley de Servidores Públicos así lo requiere.
El tema debe ser discutido con mayor profundidad, pues esta demanda proviene de la Reforma Educativa hoy ya desaparecida. Sin embargo, al aceptar llenar la base de datos, en https://declaranet.chihuahua.gob.mx/, uno se encuentra que no está actualizado. Mi lugar de trabajo es el Centro de Investigación y Docencia (CID), una institución de educación superior de Normales (instituciones formadoras y actualizadoras de docentes) dependiente, por desgracia, de la burocracia y la política sindical, de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y del Departamento de Educación Normal, que, a su vez, es dependiente de la Dirección de Educación Media y Terminal (secundarias federales y técnicas) (¿?).
Por razones desconocidas (tal vez por la tecnocracia), el CID, no está registrado en dicha base de datos, y por tanto, el criterio de empleo, cargo o comisión a declarar como actividad de funcionario publico, no existe.
Mi caso es “Titular C Tiempo Completo”, pero dicha categoría no aparece, por que no existe el CID en dicha base de datos y, por tanto, no se pueden capturar los demás criterios que solicita la engorrosa declaración patrimonial. Después de varios intentos, la tome prestada de la UACH, donde sí existe y posee toda la lista de empleos, cargos o comisión.
Esta situación me tomó dos días y medio.
Con estas demandas federales, solicitadas por ley desde el 2013, sólo provocan mal sabor de boca y también el necesario cuestionamiento y justificación del porqué docentes de IES tienen que declarar su situación patrimonial, ya que están frente a grupo a nivel licenciatura, maestría o doctorado, además de realizar gestiones para la procuración de fondos para investigación, realizar estudios con cuerpos académicos, publicar artículos, libros y ponencias, dirigir y revisar tesis, alcanzar el perfil que exige la SEP-Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) llenar su sistema de base de datos. Además, acceder al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y llenar también su base de datos.
Lo justo es que todo aquel o aquella docente-investigador, que pasan a las filas de la administración y dirección de espacios académicos o entrar a las oficinas de la función publica, a la burocracia de la administración de recursos públicos, realicen su declaración patrimonial. Es una necesaria evaluación y sentido de transparencia publica.
Es posible –y se ha comprobado– que sí pueda haber corrupción en el sector educativo; ya lo vimos en varios casos de ex funcionarios del gobierno del ex gobernador César Duarte Jaquez. Pero debe ser selectiva la declaración patrimonial, debe justificarse con criterios de transparencia, del uso y destino de los recursos públicos.
Nuestro sueldo es recurso público, pero su uso y destino es privado y un porcentaje se destina también para cubrir gastos de operación (traslados, comidas, pernoctación, investigación, publicación, adquisición de equipamiento, etc.) además de la gestión académica (llamadas telefónicas, gestión de recursos para investigación o publicación, porque la institución no tiene para ello; hacer gastos para trabajo de campo, emplear tiempo extra para la dirección de tesis o asesorías académicas, etc.), que por ley el estado mexicano, con recursos públicos, debe cubrir. En suma, lo anterior no se declara, ni en SEP-PRODEP, ni en CONACyT-SNI y mucho menos en declaranet.chihuahua.gob.mx/.
*Profesor-Investigador de Tiempo Completo Titular “C” del Centro de Investigación y Docencia.
Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.