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En México, una cifra cercana a los 22 millones de personas sufrió algún tipo de delito, pero solo 10 de cada 100 acudió ante las autoridades para denunciarlo y demandar justicia.
¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Por qué tan pocas, apenas 2 millones 200 mil?
Porque las víctimas no confían en la autoridad, consideran una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público y lo ven como un trámite inútil.
En el país donde el delito cuesta el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), quienes los cometen caminan tranquilos por las calles y pueden reincidir sin mayores dificultades.
En muy pocas ocasiones llegan a ser interrogados y, en raras ocasiones, se sientan frente a un juez. Y, si llegan a quedar tras las rejas, salen muy pronto.
Las faltas a la ley no solo afectan a millones de personas y cuestan cientos de miles de millones de pesos, sino que también obligan a familias y empresas a gastar más en su seguridad.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revela datos elocuentes.
Por ejemplo: apenas el 10.2% de las víctimas de la delincuencia presentaron denuncias, mientras que el 90% restante dejó las cosas como estaban y siguió con su vida.
Pero, ¿qué pasó con quienes sí se tomaron el tiempo, se armaron de valor y reunieron los elementos probatorios para entablar una querella ante el Ministerio Público?
Las cifras de la Envipe indican por qué la víctima prefiere cargar con su pena y tratar de resarcirse por sí misma del impacto del delito.
Solo en muy pocos casos, el o la afectada se abstiene por temor a sufrir represalias.
El documento del INEGI informa que los motivos más comunes para no denunciar fueron: pérdida de tiempo, con 34.4 %; desconfianza en la autoridad, con 12.7 %; y trámites largos y difíciles, con 9.8 %.
Otras causas fueron que se consideró un delito de baja importancia, con 12.9 %; falta de pruebas, con 9.4 %; y miedo al o la agresora, con 6.2 %.
Gráfica: ahoramismo, con cifras de la ENVIPE-INEGI
“Aquí no ha pasado nada”
Durante el 2023, se cometieron en el país 31.3 millones de delitos, pero apenas el 10.4% motivó una denuncia ante la autoridad investigadora.
Es decir, solo 3 millones 200 mil casos llegaron ante un agente del Ministerio Público (MP), mientras que 27 millones de infracciones a la ley quedaron en el olvido.
Los datos que arroja la Envipe acerca del curso de esas denuncias lo explican todo.
La autoridad investigadora, es decir, el Ministerio Público, abrió una carpeta de investigación en el 68.0 % de estas denuncias.
De ese total, en el 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la denuncia, mientras que el 27.6 % se mantuvo en trámite.
Esto se traduce en que el 75.5 % de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2023.
En resumen, más de 31 millones de delitos derivaron en apenas 2 millones 176 mil carpetas de investigación.
“Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, el 92.9 % no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra)”, señala el INEGI en su reporte.
Solo en el 17.2 % de los delitos investigados se llegó a una conclusión favorable para la o el denunciante.
Esto significa que, en 2023, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para la o el denunciante fue del 1.2%.
El delito más frecuente fue el fraude, con una tasa de 6 mil 962 afectados por cada 100 mil habitantes.
Le sigue el robo o asalto en calle o transporte público, con 6 mil 526, y la extorsión, con 5 mil 213.
Según el INEGI, los delitos cometidos contra personas, de manera individual y sin incluir robos a casas o negocios, perjudicaron en mayor medida a los hombres.
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¿Denunciar, como para qué?
A pesar del grave perjuicio económico, familiar y psicológico que deja la victimización, 3 de cada 10 personas consideran que poner una denuncia representa una pérdida de tiempo.
Los datos del INEGI revelan que el 60.8% de las abstenciones se atribuyen a la falta de confianza en las autoridades.
De ese total, el 34.4% lo consideró una pérdida de tiempo. Otro 12.7% manifestó desconfianza, y un 9.8% se alejó porque los trámites son largos y difíciles.
Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en un 60.8% de las ocasiones; otras causas ocuparon el 38.5%, y en el 0.7% de los casos no se especificó motivo alguno.
Contrario a lo que se supone, el temor a sufrir represalias por parte del victimario no fue el principal freno para denunciar, ya que solo el 6.2% argumentó esta razón para no seguir con el proceso.
La Envipe revela, además, que los ciudadanos no confían en las autoridades estatales o locales, prefiriendo a las fuerzas federales.
En el nivel de confianza, la Marina obtuvo el porcentaje más alto, con un 89.3% de personas que la consideran la entidad más confiable.
Le sigue el Ejército Mexicano, con un 86.7%, y la Guardia Nacional, con un 80.6%.
En contraparte, las policías viales son las menos confiables, pues solo el 48.5% de las personas confía en ellas; el 58.3% en las policías municipales y el 60% en los jueces.
El delito le costó al país 282 mil millones de pesos durante el 2023. Falta ver a cuánto asciende la cifra en este 2024… o si se logra reducir.