La reforma aumenta los requisitos para solicitar la revocación del mandato de la gubernatura en Chihuahua y el porcentaje de votación necesario para que los resultados sean vinculatorios. Organizaciones rechazan la reforma y señalan que es regresiva y atenta contra el derecho a la participación ciudadana.
Chihuahua– El PAN y PRI aprobaron este jueves una reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, con la cual se endurecerán los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura, actualmente ocupada por María Eugenia Campos Galván.
A un día de dejar su encargo, las diputaciones estatales votaron el dictamen de reforma – impulsada por los diputados panistas Alfredo Chávez y Saúl Mireles–, cuestionada por organizaciones de la sociedad civil debido a que representa “un grave retroceso” en el ejercicio del derecho humano a la participación ciudadana.
El diputado Omar Bazán presentó en el Pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde sostuvo que la reforma busca “armonizar” los parámetros de la revocación de mandato de la ley estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Esta reforma incrementará el porcentaje necesario para solicitar la revocación de mandato de la persona gobernadora de un 5 por ciento a un 10 por ciento de la lista nominal del estado, es decir, aproximadamente 300 mil firmas: el doble de lo exigido actualmente.
Las diputaciones aprobaron también un incremento del 35 al 40 por ciento en el porcentaje necesario para que la revocación de mandato sea vinculante. Además, incorpora restricciones geográficas, mediante las cuales se exigirá el respaldo del 10% de la lista nominal en al menos el 50% +1 de los municipios del estado (35 municipios).
También, delimitará que la revocación de mandato podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo de la persona titular del Ejecutivo. Además, solo podrá plantearse y efectuarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.
Durante la discusión, la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena) señaló que los diputados promoventes, así como la Comisión de Gobernación, violaron lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, donde se indica que cualquier modificación a los instrumentos de participación política debe someterse a consulta pública, previo a su aprobación por el Poder Legislativo.
Por otra parte, el diputado Benjamín Carrera Chávez (Morena) señaló que la reforma no justifica el aumento al porcentaje de firmas requeridas al 10 por ciento. Además, tanto él como el diputado Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano) señalaron que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no trató en comisiones conjuntas con la de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, impidiendo un análisis minucioso.
Por su parte, la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena) señaló que las reformas aprobadas harán casi imposible el derecho de la ciudadanía “de quitar y poner” a las personas gobernantes.
“Los diputados del PRIAN lisa y llanamente no quieren decir que nos van a arrebatar, dificultar y poner trabas a los ciudadanos para que nunca más intentemos quitar a la gobernadora actual o a cualquiera de los gobernantes futuros”, señaló.
En alusión a los señalamientos, el diputado Alfredo Chávez Madrid (PAN) calificó a las posturas en contra como un golpeteo mediático a la gobernadora Maru Campos y reconoció que la reforma busca evitar que la revocación de mandato sea utilizada por partidos políticos, quienes afirmó “le quitan espacios a los ciudadanos”.
“Tenemos que cuidar a los instrumentos de participación (de actores políticos) que se apoderan de la agenda, para quitarles a los ciudadanos la posibilidad de instrumentar estos instrumentos de participación democrática. Tenemos que quitarles a los partidos políticos la tentación de utilizar estos instrumentos”, sostuvo en el Pleno.
La reforma finalmente fue aprobada en lo general con 19 votos del PRI, el PAN y la diputada morenista Adriana Terrazas Porras; en contra 12 votos de Morena y MC.
“Hoy el verdugo es el Poder Ejecutivo que, a través de su mayoría legislativa, pretende intimidar y socavar la participación ciudadana, porque lo que los gobierna a ellos es el miedo, pero también les decimos que ya conocemos el tamaño y las dimensiones de su miedo, y el tamaño de su miedo se resume en 300 mil firmas”, concluyó la diputada Jael Argüelles.
Obstrucción a participación y anomalías en proceso legislativo
El proceso legislativo en torno a la iniciativa estuvo rodeado de señalamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que denunciaron la obstrucción a la participación ciudadana y la omisión de procedimientos para reformar la Ley de Participación Ciudadana estatal.
El viernes 23 de agosto personal de seguridad del Congreso del Estado bloqueó el acceso de representantes ciudadanos del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Chihuahua (CCPC) al recinto donde se votó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Desde la entrada del inmueble, Nayo Rodríguez Varela, integrante ciudadano del CCPC, denunció que las representaciones del PRI y el PAN llenaron la sala con personal administrativo para justificar la restricción de acceso.
Desde dentro del Congreso, los miembros de la Comisión rechazaron una propuesta de la diputada Jael Argüelles Díaz que buscaba permitir el ingreso y la participación de la ciudadanía a la sala. El presidente de la Comisión, el diputado Omar Bazán, sentenció que se les escucharía al terminar la reunión, impidiéndoles participar durante la reunión.
El pasado martes 27 de agosto en reunión de la comisión, tanto el diputado Omar Bazán y Alfredo Chávez afirmaron que ninguna de las personas acudió a presentar una contrapropuesta de reforma ni recibieron ningún posicionamiento con el planteamiento de integrantes del CCPC.
“El diputado presidente de la Comisión esperó tres días a los ciudadanos interesados en el tema para poder entablar un diálogo y nunca llegaron (…) Estoy convencido de que la participación ciudadana es el segundo eslabón de la democracia, pero con reglas claras y contenidos que permitan que no sean un instrumento político de golpeteo, sino una verdadera arma del ciudadano frente al gobierno”, señaló el diputado panista Chávez durante la sesión.
La presidenta del CCPC, Laura Cecilia García Cerrillo, dijo que los señalamientos del coordinador de la comisión y el diputado panista son “una total mentira”, debido a que en ningún momento se invitó a la ciudadanía a presentar propuestas ciudadanas.
Además, sostuvo que las consejerías ciudadanas sí hicieron llegar su posicionamiento a todas las diputaciones, así como a la presidencia del Congreso del Estado, donde se les exhortó a votar en contra debido a que representa “un grave retroceso” en el ejercicio del derecho humano a la participación ciudadana.
Este miércoles, 28 organizaciones y 99 personas emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación debido a que la reforma representa “un grave retroceso” en el ejercicio del derecho humano a la participación ciudadana. Además, recordaron que no se realizó una consulta pública previa a su aprobación por el Poder Legislativo, como lo marca la Ley de Participación Ciudadana estatal.
Este jueves, Plan Estratégico de Juárez adelantó que las organizaciones civiles analizarán solicitar un referéndum legislativo para realizar una consulta pública. Además, se buscará impulsar un amparo colectivo en contra de la reforma en mención.
“Esta reforma lo que muestra a la sociedad chihuahuense de parte de quienes gobiernan y legislan, es un temor a la esencia de la democracia, que es la participación ciudadana”, enfatizó el director de Plan Estratégico de Juárez, Sergio Meza de Anda.