Estas semanas los partidos ahora opositores, PRI y PAN sobre todo, están provocando una alharaca en contra de los resultados de los comicios de hace unas semanas: Están muy molestos, yo añadiría que también asustados, con la composición de la Cámara de Diputados en las que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde, lograron juntos la mayoría calificada con lo que tienen la posibilidad de modificar la Constitución, y para empezar, realizar una reforma al Poder Judicial.
Lo que el actual Gobierno ha propuesta es que los ministros de la Suprema Corte y los jueces de los siguientes niveles, se habló de mil 600 en todo el País, sean elegidos en vez de nominados por el Ejecutivo y designados por el Senado.
Esta posibilidad ha generado una ola de rumores y protestas, más acusaciones al Presidente, hasta de dictadura han hablado: Un conjunto de imputaciones supuestas que intentan mover a la opinión pública para que no sea posible la transformación. Recordemos que una reforma a la Suprema Corte no es algo impensado, ni impensable: En enero de 1995 Ernesto Zedillo separó de su cargo a 26 ministros, los “jubiló”; era una Corte, digamos, sobrerrepresentada; planteó reformas a 26 artículos constitucionales que fueron aprobadas sin demasiada polémica ni acusaciones necias, reformó la Corte y redujo su composición a tan sólo once magistrados, lo que la transformó en más ágil y eficiente, y no hubo escándalos porque el partido del Ejecutivo tenía una mayoría cómoda y aliados agradecidos.
Ahora, el PRI y el PAN no cesan de acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena de mala voluntad y complicidad con quienes serán elegidos si se hace la reforma, incluso llegando a sugerir que la ciudadanía no tiene madurez para votar a los integrantes del poder judicial. Son patadas de ahogado, pero muy estentóreas, que han elegido una consigna más bien espuria: Que Morena y sus aliados lo están intentando porque ostentan una “sobre representación” en la cámara de diputados, una coyuntura que es injusta, por más que legal, que les permite imponer su voluntad a la Nación… El meollo de la queja es que, entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde reúnen un total de 373 diputados, de mayoría y representación proporcional, más el 8% de cada uno, lo que les otorga la mayoría calificada tan temida. Vale volver a la historia y comprobar que durante dos décadas esos partidos tuvieron la mayoría calificada y la utilizaron continuamente.
En 1996, en tiempos de Zedillo, se reformó el artículo 54 de la Constitución para regular la distribución de los diputados plurinominales, y se estipuló que ningún partido debería tener más de 300 diputados en una cámara con 500 representantes en total. Pero, para facilitar la gobernabilidad, también se convino que los partidos victoriosos podrían tener un total de diputados que no excedieran del 8% de su porcentaje de votación.
Un poco después, ese mismo año, los mismos partidos, PRI y PAN, decidieron eliminar del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la cláusula que acordaba que, en caso de coaliciones, se las tratara como un partido, no varios, y que a la coalición se la restringiera a no más de 300 diputados y sólo se le otorgaría un excedente del 8% de diputados sobre su votación total.
Eso hubiera imposibilitado lo que ahora ellos llaman sobrerrepresentación; pero la eliminaron porque pretendían medrar con sus alianzas. Y eso hicieron: En las elecciones del 2009, 2012, 2015 les funcionó el mecanismo, pero ya en el 2018 y 2021, y ahora el 2024, fue Morena quien se vio favorecida por la eliminación de las coaliciones: Simplemente no consideraron que otros partidos tuvieran más votos que ellos. Ahora la misma norma que aprovecharon antes, benefició a sus adversarios. No lo previeron y no intentaron modificarla para hacerla más justa. Les faltó reflexión y les sobró soberbia…
Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.