Hablo del Estado para anotar, de entrada, la dimensión que guarda en amplias regiones del país la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas. ¿Quién se encarga de cumplir con la obligación de garantizar la paz y el respeto al más fundamental de los derechos como lo es el derecho a la vida?, para colocar de entrada que la dimensión del derecho colectivo de los pueblos resulta inexistente por lo que en los hechos resulta fielmente practicado el paradigma salinista de “ni los veo ni los oigo”.
Es otra la agenda prioritaria. Todo un tinglado oficial en torno a la reforma al Poder Judicial y se deja fuera la procuración de justicia y es justamente la gran ausente en la numeralia que anotaré sólo de las últimas semanas.
La comunidad otomí residente en la CDMX demanda vivienda digna por años y finalmente ocupa el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy llamado por ellos Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes (cuyo asesinato sigue sin esclarecerse). El gobierno de la CDMX ignora sus demandas y cual amenaza, una más, de desalojo los hostiga, cortando la energía eléctrica y el suministro de agua potable.
En Chiapas José Díaz Gómez, indígena ch’ol, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, permanece preso afrontando serios problemas de salud, una acusación sin pruebas y un aplazamiento de la conclusión de un juicio que como corresponde declare su inocencia y ordene su libertad, lo cual debería ocurrir el 6 de agosto.
Ello además de la liberación de cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc en Chiapas: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.
También en Chiapas, uno más de los enfrentamientos . Recién se desataron ataques armados contra habitantes de Tzanembolom, conflicto en el que participan presuntos integrantes de las autodefensas El Machete, de Pantelhó, contra Los Herrera para intentar defender a las familias que están resguardadas en la escuela de la localidad.
Los Herrera, coludidos con otros criminales, tuvieron el control durante dos décadas en el municipio de Pantelhó, colindante con Tzanembolom, hasta julio de 2021, cuando irrumpieron las autodefensas del pueblo El Machete. ¿Qué hizo el gobierno de Chiapas todo ese tiempo? Ahora envió unos militares que no intervienen porque dicen que no tienen orden. Por último tenemos la más reciente agresión a la comunidad nahua de Santa María Ostula.
Ante la violencia de la delincuencia organizada contra la población y la inacción de los tres niveles de gobierno , durante años los sucesivos gobiernos han sido notificados y la comunidad los acusa de no hacer nada para desactivar la constante embestida y detener a “los cabecillas”.
Ante la inacción institucional, la comunidad organizó su guardia comunal, pero, lamentablemente, hoy la capacidad de fuego del crimen organizado la tiene cercada. Luego de los recientes ataques, organizaciones, colectivos nacionales y de otros países, académicos y sociedad civil en general se unieron a las demandas de la comunidad.
El Congreso Nacional Indígena alertó: “El gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula. No sólo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la Sierra Costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra, a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad”.
Por su parte, la Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas reivindicó la historia de esta comunidad que ha sido “ejemplo de dignidad y organización en la defensa de su territorio y el ejercicio de su derecho a la libre determinación”, recordando que en 2009 miles de comuneros de Ostula recuperaron cientos de hectáreas que estaban en poder de caciques locales.
Y pregunto de nuevo: ¿quién de parte del Estado escucha la defensa, la denuncia, el acompañamiento nacional e internacional a los pueblos? En el caso de Michoacán semanas atrás se presentó el conflicto sobre el aguacate y vimos al gobernador del estado muy activo y diligente con el embajador de Estados Unidos para lograr la reanudación de la exportación de ese producto.
Qué bien para los productores y la economía, pero ahora ante la emergencia en Ostula no se responde al llamado urgente: ¡Exigimos acción inmediata para desarticular los grupos criminales! ¡Exigimos respeto a la libre determinación de la comunidad nahua de Santa María Ostula! Hace años un amigo con amplia experiencia me decía hay que recordar que no es lo mismo tener derechos que no tenerlos.
Nuestro problema es que pareciera que para el Estado los derechos de los pueblos indígenas y de sus integrantes sencillamente en la práctica no existen.