La organización Propuesta Cívica es coadyuvante de la investigación y acompaña a la familia de la periodista. Desde su óptica, ese libro se hizo con información incorrecta y falsa, además de tener un sesgo político electoral y pone en riesgo a la familia de Miroslava Breach.
Chihuahua.- La organización Propuesta Cívica señaló que el libro “Reporte Miroslava”, escrito por Guadalupe Lizárraga, tiene información incorrecta y falsa, es tendencioso en sus conclusiones, tiene tintes político electorales y pone en riesgo a la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo del 2017 en la ciudad de Chihuahua.
Propuesta Cívica es coadyuvante en la investigación emprendida por las autoridades para esclarecer el crimen, y es acompañante de la familia de Miroslava. Por ello solicitó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas que garantice la seguridad de la familia de la periodista.
También hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que investigue cualquier amenaza o acto de intimidación en contra de la familia a partir de que salió ese libro.
En el libro se hace énfasis en que desde el gobierno estatal del panísta Javier Corral y de la Feadle fabricaron pruebas para incriminar con el asesinato al grupo delictivo de Los Salazar, que opera principalmente en Chínipas, y al exalcalde de ese municipio, Hugo Amed Schultz, quien aceptó su culpabilidad en el caso. Sin embargo desde Propuesta Cívica refutan esas acusaciones.
En una publicación hecha en su portal digital, respaldado por la familia de Miroslava, la organización señala que se hizo un análisis comparativo exhaustivo del libro con las pruebas admitidas y desahogada en juicio oral por Juez de enjuiciamiento federal, imparcial e independiente y señala varias anomalías.
En este caso hasta el momento sólo se ha sentenciado a Schultz y a Juan Carlos Moreno Ochoa, señalado de organizar a varias personas para llevar a cabo el asesinato.
En las entrevistas practicadas a la familia, donde se señala a Hugo Amed Schultz Alcaraz y a Carlos Arturo Quintana alias “El 80” como probables partícipes del homicidio, “se recuerda que las víctimas no son testigos claves, ni directos o indirectos de los hechos”, indica la organización.
En este sentido establece que las Fiscalías tienen la obligación de generar hipótesis de investigación, líneas que apuntan a la actividad periodística de la víctima y su corroboración a través de múltiples estudios, como el análisis de contexto realizado por la FEADLE y el estudio de las notas periodísticas por parte de los Policías de investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
En el caso de Miroslava, las entrevistas de la familia fueron una ínfima parte del acervo probatorio desahogado en el proceso judicial de Juan Carlos Moreno Ochoa, y parte de los datos de prueba ofrecidos para la vinculación a proceso de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en las causas penales 259/2018 y 150/2020 respectivamente. Por tanto, es irresponsable comunicar que la responsabilidad de las líneas de investigación y las sentencias recaen únicamente sobre las víctimas en delitos de alto impacto, subraya Propuesta Cívica.
El libro indica que tuvo acceso a los 26 tomos del expediente del crimen de Miroslava Breach, pero la organización precisa que son 24.
Puntualiza que el hecho de integrar en la publicación la declaración ministerial del hijo de la periodista resulta irrelevante.
“No se omite mencionar que la entrevista del hijo de Miroslava Breach no fue utilizada para el enjuiciamiento de Juan Carlos Moreno Ochoa a petición de la familia y de Propuesta Cívica. Más aún, la responsabilidad de Ramón Zavala no fue sometida a acreditación judicial pues, como revelaron investigaciones posteriores, dicha persona fue asesinada antes de ser juzgada por el homicidio de Miroslava. Por tanto, pierde interés periodístico o relevancia pública su entrevista”.
Propuesta dice que las entrevistas de testigos y víctimas directas de delitos de alto impacto (haciendo énfasis en niñas, niños y adolescentes) pueden o no servir para identificar al responsable, circunstancia que depende de los factores de resiliencia de la persona frente a los hechos, así como su capacidad de memoria y retención.
“En el caso del hijo de Miroslava, no es lógico ni de sentido común señalar que, por haberse encontrado a escasos metros de los hechos y ser un “jóven”, tuvo la oportunidad de identificar plenamente al gatillero”.
Respecto a la supuesta participación de Javier Corral en la manipulación de evidencia y fabricación de responsables, ni la defensa Moreno Ochoa ni de Schultz Alcaráz presentaron argumentos o evidencia alguna que acredite la existencia de estos hechos, como se puede advertir de las audiencias de las causas penales 259/2018 y 150/2020, las cuales son de acceso público, establece el comunicado de la organización.
En el libro se añade también una supuesta entrevista con el testigo conocido como “Apolo”, hijo del líder del grupo Los Salazar, y quien en audiencias fue uno de los testimonios que estableció el vínculo entre ese grupo criminal con el asesinato de Miroslava Breach. En la entrevista para “Reporte Miroslava”, “Apolo” y Schultz principalmente acusan haber sido torturados para involucrarse como responsables en el caso.
Al respecto Propuesta Cívica señala que “el testigo no fue sujeto a tortura ni ha tratos malos ni degradantes, así señalado por el mismo Apolo, en una entrevista practicada a él el pasado 25 de marzo de 2023 y que consta en los registros de investigación, en la cual existió participación de peritos médico legista y psicólogo. Apolo declaró en audiencia pública que era su voluntad y derecho humano declarar y ser escuchado por la autoridad judicial”.
De los otros testimonios que alegan tortura, Propuesta Cívica señala que resulta “tendencioso adjudicar responsabilidades penales por la comisión de tortura a través de una publicación periodística, más aún si peritos, abogados y representantes legales deben tener conocimiento de esos estándares”.
“Por otro lado, suponiendo sin conceder, la existencia de afectaciones hacia las personas sentenciadas y sus familias no repercutió en los procesos penales iniciados en su contra, pues no se desprende del expediente ni de los procesos penales que a través de estos actos se hayan fabricado pruebas o confesionales utilizadas en el caso, máxime cuando tales peritajes no fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes ni por parte de Juan Carlos Moreno Ochoa, ni por Hugo Amed Shultz Alcaraz”.
Una de las hipótesis del libro de Lizárraga es que el criminal conocido como “El 80” es el presunto autor intelectual del homicidio de Miroslava, pero la organización informa que las diligencias e investigación del caso descartaron su participación.
“En el caso de Miroslava, la teoría del caso de la FEADLE permitió abrir líneas de investigación hacia integrantes de Los Salazar y actores políticos, tales líneas se comprobaron y quedaron sustentadas en 53 medios de prueba, que fueron corroborados por un Juez de enjuiciamiento y Tribunal de Alzada en el proceso penal en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa y la Juez de control que autorizó el procedimiento abreviado de Hugo Amed Schultz”, asevera la organización.
Acerca de dar nombres de personas integrantes de la familia de la periodista Breach Velducea, Propuesta Cívica lo considera grave, ya que la investigación que mantiene abierta con órdenes de aprehensión pendientes de cumplir en contra del autor intelectual y otro material en el caso, vinculadas al grupo delictivo “Los Salazar”.
“La revelación de los nombres de toda la familia de Miroslava en una publicación de investigación periodística es un descuido gravísimo que pone en riesgo real e inminente la integridad, libertad y vida de la familia frente a personas que se encuentran en libertad y, hasta donde se tiene conocimiento, operan en los estados de Sonora y Chihuahua con fuerte presencia”.
Además de considerarse un hecho posiblemente constitutivo del delito, añade la organización, es una brecha de seguridad alarmante ante las capacidades del crimen organizado para actuar en contra de la familia de la periodista.
Si bien Propuesta Cívica se dice consciente de que el periodismo no tiene la responsabilidad de acreditar todos los hechos plasmados en las publicaciones, sobre todo la crítica hacia el actuar de las autoridades, en el caso de “Reporte Miroslava” no se cumple con un estándar de debida diligencia periodística, enfatiza.
“Carece de parámetros mínimos de verificación y corroboración de fuentes, tampoco muestra información imparcial ni objetiva hacia la crítica la investigación, demostrando una tendencia hacia la búsqueda de responsabilidad de Javier Corral y de manera obsesiva intenta demostrar la supuesta inocencia de los victimarios, de quienes fue demostrada su plena responsabilidad penal ante las autoridades judiciales correspondientes, y que a lo largo de sus procesos existió un estricto respeto a sus derechos humanos y a sus garantías procesales”.