Por John M. Ackerman
—El periodista Jorge Ramos se equivoca. El nuevo Ejecutivo federal no es el poder al cual hay que derrotar, sino la resistencia hecha gobierno a la cual hay que apoyar frente a los ataques de los verdaderos poderes, económicos, criminales e internacionales, que quisieran acabar con la esperanza del pueblo mexicano.
También yerra el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío. La comunicación que envió la semana pasada el Presidente de la República a sus colaboradores sobre la reforma educativa no viola ni deroga artículo constitucional o legal alguno. Al contrario, es un mensaje estrictamente administrativo que tiene un sentido profundamente humanitario, en favor de los presos políticos y los derechos laborales de todos los maestros, que demuestra el compromiso irrestricto de Andrés Manuel López Obrador con los principios libertarios y revolucionarios de la Constitución de 1917.
Luego de 30 años de neoliberalismo y casi 80 de despotismo pareciera que nos hemos acostumbrado tanto a la hipocresía y la simulación como forma de gobierno que algunos ya no pueden reconocer la transparencia o valorar la franqueza del primer mandatario del país.
Antes, los gobernantes se llenaban la boca con su supuesto respeto por la libertad de expresión y el derecho a la protesta mientras simultáneamente mandaban sus policías, militares, bots,agentes publicitarios y provocadores para reventar cualquier disidencia y castigar a quienes se osaban a confrontar al régimen autoritario. Los desaparecidos de Ayotzinapa, los muertos de Nochixtlán, los censurados de la radio y la televisión, los amenazados en redes sociales y los cientos de presos políticos, vivimos en carne y hueso la operación del Estado autoritario encabezado por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En contraste, desde el 1º de diciembre de 2018 no ha habido una sola masacre, represión, preso político o censura del gobierno federal contra adversario político alguno. Y el nuevo acuerdo sobre la política de comunicación social del gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril, prohíbe tajantemente tanto la utilización de la propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación como la concentración de más de 25 por ciento de cualquier pauta publicitaria en un solo medio de comunicación.
Las críticas del Presidente de la República a la hipocresía de la prensa conservadora, cuyo principal interés es defender el régimen de privilegios heredado de los gobiernos neoliberales y despóticos del pasado, no constituye agresión alguna a los medios de comunicación o a la libertad de prensa, sino que refleja un mero ejercicio de educación cívica sumamente útil que permite a la ciudadanía ubicar a los diferentes medios en su justo contexto.
De igual manera, el reconocimiento y el agradecimiento de López Obrador a la ciudadanía que lo defiende en las redes y las calles de los ataques del verdadero poder (oligárquico, mafioso y financiero) que quisiera hundir su gobierno, no constituye amenaza alguna hacia el periodismo crítico, sino simplemente un abrazo fraternal al pueblo que lo respalda tanto en las buenas como en las malas.
Ahora bien, el memorando que el Presidente envió a sus secretarios de Estado en días recientes donde les pide cumplir al pie de la letra con el mandato del artículo tercero de la Constitución con respecto a la educación obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita, así como liberar a los presos políticos, acabar con el tráfico de plazas en el magisterio y dejar sin efectos prácticos a la reforma educativa de Peña Nieto, no sólo es perfectamente legal, ya que el mandatario tiene el derecho de comunicarse libremente con su gabinete, sino también profundamente humanitario y democrático.
Todos recordamos cómo en 2012 se giró una instrucción que jamás se puso por escrito pero que fue diametralmente opuesta a la de López Obrador. Al llegar a Los Pinos, Peña Nieto instruyó a su gabinete a imponer su reforma educativa a sangre y fuego, a hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción del SNTE y avanzar hacia la privatización de la educación pública, todo en abierta violación de los principios fundamentales de nuestra Constitución.
En aquel momento, muchas de las mismas voces que hoy reclaman a López Obrador por el memorando aplaudían las acciones despóticas de Peña. Al parecer, les importan más sus intereses que sus principios.
Demos la bienvenida al vigoroso debate ideológico y político sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación, claro signo de los nuevos tiempos democráticos. Pero evitemos las posiciones hipócritas que buscan engañar a la población recubriendo válidas posiciones críticas con aires de falsa neutralidad. Fuera máscaras.