Maru Campos no atiende la violencia ni el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara

Por Zona Free |

La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que atienda de manera urgente hechos de violencia en Guadalupe y Calvo, que han ocasionado desplazamiento forzado.

  • En fechas recientes, diversas comunidades indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, se encuentran en circunstancias graves de inseguridad.
  • Constantemente sufren ataques y amenazas por partes de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio, para llevar a cabo diversos fines delictivos.
  • “Instamos a la Gobernadora del Estado a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, prestando especial atención a aquellas que presenten desnutrición o que requieran atención médica inmediata, asistencia jurídica y psicológica”.

Datos: De 2015 a 2023, al menos 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han tenido que abandonar sus viviendas, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

  • “Consideramos urgente se brinde el alojamiento digno y seguro para las personas que ya fueron desplazadas de sus territorios”, dijo.
  • “En 2019 y 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recomendaciones de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender esta situación”, recordó la diputada.
  • Sobre las recomendaciones de la CNDH ha emitido a la autoridad estatal, en octubre del 2019, sobre el caso de desplazamiento forzado interno de 80 personas integrantes de un grupo familiar que derivó en diversas violaciones a sus derechos humanos.
  • Y por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas.
  • En abril del 2022, otra recomendación por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.

Detalles: El INEGI registró en 2020, 2 mil 877 habitantes del estado de Chihuahua desplazadas por la violencia o la inseguridad delictiva entre 2015 y 2020.

  • Mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, estima que durante 2021 hubo 14 mil 652 personas que cambiaron de vivienda, o lugar de residencia en el estado de Chihuahua, para protegerse de la delincuencia.
  • La diputada Ortega Máynez también solicitó llevar a cabo las investigaciones correspondientes, para que puedan reinstalarse en sus hogares con la seguridad de retomar su vida y sus actividades cotidianas, sin poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.

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