Organizaciones de la Red por la Infancia en Ciudad Juárez demandan a los gobiernos el fortalecimiento a instituciones de atención protección a niñas, niños y adolescentes
POR VERÓNICA MARTÍNEZ / LA VERDAD
Ciudad Juárez– Organizaciones que conforman la Red por la Infancia en Ciudad Juárez hacen un llamado a reconocer la actual violencia que viven los niños, niñas y adolescentes (NNAs), que va en aumento.
“La Red por la Infancia y las organizaciones que atienden los temas de infancia hacemos un posicionamiento fuerte y enérgico en términos de la situación y realidad de las niñas, niños y adolescentes, pero también mencionamos la ausencia de las políticas públicas a favor de ellos”, dijo Catalina Castillo, coordinadora de la red y directora de la Organización Popular Independiente (OPI).
Las organizaciones posicionaron como principales temas la falta de presupuestos para las procuradurías de protección, falta de estrategias de prevención e integración de las víctimas y la tipificación de delitos contra menores código penal del Estado.
Lydia Cordero, directora de Casa Amiga, señaló que las cifras de atención a NNAs han ido en aumento en la organización. El 21 por ciento de los casos que Casa Amiga involucran a infantes y adolescentes como víctimas directas.
Mientras en el 2019 la organización atendió 609 casos, durante la pandemia las cifras se redujeron a 325 en el 2020 y 372 en el 2021.
“En pandemia los niños y niñas se quedaron sin posibilidad de contar a personas de confianza sobre el abuso que estaba ocurriendo. Sabíamos que estaba ocurriendo dentro de las familias, pero con pocas posibilidades de expresarlo”, explicó Cordero.
Para el 2022 estos casos se duplicaron llegando a cerca de los 700 casos de violencia contra niños y niñas.
La directora de la organización que da atención a mujeres víctimas de violencia señala que las principales problemáticas que afectan a los NNAs son violencia familiar, violencia sexual, problemas de salud mental como ansiedad y depresión y casos de violación.
Las cifras de atención en Casa Amiga muestran que al año se atienden, en promedio, 154 casos de violación y 408 por abuso sexual, explicó Cordero. El 61 por ciento son casos de niñas y mujeres adolescentes, y el resto son varones.
Sólo el 2.5 por ciento de los casos involucran a personas desconocidas y el resto llegan a ser personas cercanas a la familia como son padrastros, padres y tíos, se informó. Esta cercanía a la víctima hace complicado el proceso de denuncia y atención pues comúnmente llevan a una fractura en el núcleo familiar.
Comúnmente la víctima llega a responsabilizarse por el delito y existe una revictimización por parte de la familia y las instituciones públicas, se comentó.
“Nos faltan abordajes especializados con este contexto”, dijo Cordero. “No estamos preparados como comunidad a atender las problemáticas adyacentes a la violencia sexual”.
Este es un problema a largo plazo pues los efectos en la niña o niño se dan durante toda su vida como son las afectaciones a la salud mental y desarrollo sano del infante. Cordero señala que es necesario fortalecer las campañas de prevención que sean dirigidas a familiares y personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes y fortalecer los presupuestos de las procuradurías de protección.
“En esta procuraduría cae la encomienda de proteger a los niños cuando su familia no lo está haciendo”, comentó Cordero. “Ante el panorama que les estamos compartiendo y las dinámicas que estamos viendo dentro de la familia, ¿Quién va a proteger a los niños y niñas si la procuraduría está colapsada y no puede dar seguimiento?”.
En el 2021 y 2022, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Chihuahua mantuvo un presupuesto superior a los 3 millones de pesos. Aunque en el 2023 el presupuesto del Desarrollo Integral de la Familia incremento un 19 por ciento, el presupuesto de la procuraduría se redujo a 2 millones 561 mil pesos, se dio a conocer.
“No hay presupuestos. Ese es el grave problema que tienen las instituciones”, dijo Castillo.
Otro problema que señalaron las organizaciones a favor de la infancia fue la falta de información que en términos de sistematización y análisis son necesarios para definición de acciones y programas. Castillo mencionó que es necesario definir cuantos menores en el estado viven en orfandad y una estimación de cuantos no han sido registrados, algo muy común en comunidades de las periferias y comunidades indígenas.
Cordero también compartió que es un reto obtener información de la Fiscalía General del Estado en cuanto a delitos contra menores ya que los diferentes casos de violación sexual son referidos a diferentes instituciones.
Cuando se cometen estos delitos contra niñas son referidos a la Fiscalía Especializada de la Mujer, mientras que los casos de varones permanecen bajo la jurisdicción de la FGE, aunque también sean por violación.
Cifras del Observatorio Ciudadano Especializado en Género de la Red de Mujeres muestra que de enero a julio se han registrado 370 víctimas de violación sexual y 209 fueron menores de edad.
Los NNAs también son víctimas de homicidios con arma de fuegos registrando 627 casos de enero a septiembre del 2023 en el estado en los que las víctimas tenían entre 10 y 19 años de edad.