Por Magdalena Gómez
No me referiré a la promoción de perdones de Estado frente a impunidades de la historia. Para mí fue suficiente observar cómo en 1992 los estados latinoamericanos acudieron a la fiesta del mal llamado encuentro de dos mundos, organizada ni más ni menos que por España. Lo más importante de aquel momento fue la otra fiesta, la de la resistencia por los 500 años, organizada a escala continental por los pueblos, donde el movimiento guerrerense tuvo participación destacada.
Dicho esto, ubiquemos lo imperdonable hoy, en tiempos en que los pueblos indígenas están buscando resistir. Hablo de los pueblos, no de las personas que los integran, las cuales pueden recibir los llamados apoyos oficiales, ojalá que con la conciencia de que eso no es un acuerdo de asamblea y que por tanto recibirlos no les compromete a abandonar la lucha frente a la amenaza de la continuidad y profundización del despojo en nombre del desarrollo, tal como hoy se ha transmutado a la consigna porfirista de orden y progreso. Muestra de ello es el ejercicio de consulta realizado el pasado fin de semana a través de la figura de la asamblea regional consultiva, en el contexto del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Fue convocada días antes por el jefe de las zonas económicas especiales y coordinador del proyecto del corredor transoceánico, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la subsecretaria de participación ciudadana de Gobernación. La consulta fue dirigida a las comunidades indígenas de los pueblos binnizá (zapotee), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano.
Este ejercicio calificado de inédito por el titular del INPI, lo es por malas razones, a diferencia de los estándares internacionales que dicen respetar, resultó absurdo que se diseñara un protocolo en el cual se definieron la etapa informativa, la deliberativa y la de construcción de acuerdos a realizarse en un solo día y mediante asambleas regionales. Lejos de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en el sentido de respetar las instituciones representativas de los pueblos. Quienes participaron, asumiendo que algunos fueron autoridades, difícilmente realizaron, antes de asistir a los foros regionales, una asamblea en su lugar de origen y la misma les mandató que acudieran, recibieran información, deliberaran y sacaran acuerdos sobre temas que la asamblea municipal o comunal desconocía. Tal situación resulta contraria a los mecanismos y tiempos que utilizan los pueblos para decidir.
El proyecto predecidido está basado en el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. Entre las obras de infraestructura considera: modernizar el ferrocarril transístmico del puerto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, realizar infraestructura carretera y de caminos rurales, la construcción de un gasoducto y la implementación de una línea de fibra óptica, preservando, señalan, el cuidado al ambiente y priorizando la inversión pública y nacional.
Ante la inminencia del plan de consultas anunciado, se realizó, dos días antes, el foro Vientos del Istmo en Resistencia, y anunciaron su rechazo a las asambleas regionales a través de la que denominaron consulta exprés, participaron, además de representantes del pueblo de San Mateo del Mar, lo hicieron los activistas por la tierra en San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Zanatepec y Juchitán, así como la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios, la Asamblea de Pueblos del Istmo y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Dicha postura motivó que el gobierno federal cancelara la asamblea regional prevista en San Mateo del Mar y la trasladara a la ciudad de Salina Cruz. También se sumaron, por su parte, en un comunicado el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En un reconocimiento implícito a la distorsión oficial de los estándares internacionales, se indicó que para aquellos casos en que sientan así lo dijo el titular del INPI, que se vulneran sus derechos, hay la posibilidad de llevar a cabo una consulta específica con la comunidad afectada y se escuchará su voz para no afectar a nadie y sí tener un desarrollo integral e incluyente.
Es evidente que la afectación ya se consumó. Como señaló la CNDH, al solicitar medidas cautelares en respuesta a una queja: se violenta el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas convocados, y afecta su sistema normativo interno la figura de asamblea regional consultiva (comunicado de prensa DGC/118/19). Por ello, pobladores de cinco comunidades indígenas de Oaxaca solicitaron el amparo de la justicia federal, que se conceda con la ley en la mano, sin la retórica oficial, para impedir que forme parte de perdones a futuro.