Por Ernesto Camou Healy
Esta semana el Gobierno mexicano presentó una apelación contra una sentencia emitida en Boston, que consideró que los fabricantes de armas norteamericanos tienen inmunidad legal y no son responsables por el uso criminal de las armas que fabrican y la violencia y muertes que ocasionan en nuestro País.
En el 2021 México presentó una demanda en contra de 10 empresas estadounidenses fabricantes de armas: “Durante décadas, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar, que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la querella. El que se haya inundado el País con pertrechos bélicos es “el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”.
La razón de la demanda es que se trata de armas utilizadas por el crimen organizado, que causan inseguridad y muerte en nuestro País y permiten el trasiego de estupefacientes hacia el consumidor gringo, donde la contraparte estadounidense de los cárteles mexicanos recibe la droga, la prepara para su distribución, organiza y controla una vasta red nacional de vendedores y, además, logra pasar “desapercibida” y difuminada para los medios de información y el aparato de justicia estadounidense.
Resulta verdaderamente espeluznante la capacidad del sistema judicial del otro lado para hacer como que no existen allá poderosos grupos criminales que resuelven con eficacia el traslado y comercio de estupefacientes y logran ganancias millonarias, sembrando muerte y adicción sin que se les detecte, señale y persiga en su territorio y sus fiscalías y juzgados.
Si allá sus así llamadas fuerzas del orden saben cuántos grupos se dedican al trasiego de droga en nuestro País, quiénes los comandan y qué regiones controlan; conocen los nombres de los líderes y sicarios, a veces sus escondites y movimientos, son capaces de mostrar las regiones de México controladas por narcotraficantes, sus nombres y apellidos, pueden identificar a sus colaboradores y empleados, a sus mujeres y hasta a sus mamacitas; pero no atinan a identificar, al menos en público, a sus ciudadanos dedicados con eficacia a la distribución de cocaína o fentanilo, no parecen conocer el destino de las ganancias, o se hacen de la vista gorda frente a los ingentes depósitos bancarios provenientes de esa actividad y el poderío que ostentan esos cabecillas al parecer anónimos, es dable suponer que deben tener algún tipo de protección que les concede inmunidad para permanecer sin demasiadas molestias, ni publicidad, en tan infame negocio.
Contra esto va la demanda que ahora fue desestimada en una Corte de Boston, y para proseguir el litigio se presentó una apelación a la que se sumaron muchos “amigos de la Corte” que, “en una clara muestra de apoyo a los esfuerzos del Gobierno de México”, suscriben la apelación. Entre ellos se encuentran un ex comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y jefes de Policía de ese país, que destacaron que las armas traficadas a México han causado una crisis de seguridad en ambos lados de la frontera.
Otro texto fue firmado por procuradores de 17 estados de la Unión Americana, que cuestionaron la ley que otorga inmunidad a la industria de armas; otro, por 24 fiscales de distrito, quienes señalan que dichas armas facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, y causan daños a sus comunidades. Además, los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago, así como una coalición de organizaciones en favor del desarme, presentaron otro documento, en el que expresan la correlación entre la presencia de armas estadounidenses en América Latina y el Caribe, y el nivel de violencia, homicidios y tráfico de drogas en la región.
La demanda mexicana es un reclamo de justicia y un acto de dignidad contra un sistema que protege las ganancias y el capital, aún en contra de la vida y salud de cientos de miles de personas que, para ellos, resultan desechables.