La fiscalía de Chihuahua se ha negado a entregar la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, la cual ejerció su facultad de atracción por tratarse de un caso de tortura.
Por Raúl Fernando Pérez Lira | Raíchali
El juez de Distrito Vladimir Véjar Gómez aceptó asumir la competencia del caso de tortura psicológica en el que se acusa al exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco G. A., ya que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción.
En una audiencia sobre competencias realizada el 11 de enero de 2023, la FGR expuso que desde el día 13 de diciembre del año anterior se solicitó la atracción del caso a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), sin embargo, hasta la fecha se han negado a entregar la carpeta de investigación.
La FGR hizo tres peticiones al juez Vladrimir Véjar: que pida a la jueza de control Hortensia García Rodríguez que se declare incompetente en el caso y remita los registros al juzgado federal; que emita un oficio en el que ordene a la FGE entregar la carpeta de investigación a la FGR; que establezca una fecha para la siguiente audiencia federal.
El juez aceptó las peticiones y dio tres días a la fiscalía del estado para que entregue la carpeta de investigación. De lo contrario, especificó el juez, se iniciará un procedimiento o denuncia por desacato a una orden judicial.
La FGR explicó que esta facultad de atracción no depende de la voluntad de la fiscalía local, sino que se trata de una petición unilateral que debe de ser cumplida. Para esto recordaron una serie de casos en diferentes estados de la República, entre los cuales destacaron el del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, en los que la fiscalía federal atrajo la carpeta de investigación sin que tenga que ser tomada en cuenta la opinión de la fiscalía estatal.
En un comunicado de prensa publicado el 20 de diciembre de 2022, la FGE reconoce que “se encuentra imposibilitada jurídicamente” en el caso “toda vez que por la etapa en que se encuentra el procedimiento (carpeta judicializada), se pasó a ser parte del proceso y NO AUTORIDAD, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el Juez”. Hasta el momento de la realización de este texto, siguen sin entregar la carpeta de investigación.
El artículo 22 de la Ley General de Tortura establece, en su facción IV, establece que estos delitos serán de competencia federal cuando el Ministerio Público de la Federación así lo solicite “atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo”.
En este caso, la FGR aludió a la relevancia de esta investigación, ya que se trata del primer caso a nivel federal en el que se está investigando la tortura psicológica contra un denunciante que además fue acogido por un criterio de oportunidad en un caso de corrupción de alto impacto.
La víctima, identificada como JJBP1/2021, era investigada en un caso de corrupción en el estado de Chihuahua cuando González Arredondo era fiscal. Para evitar enfrentar la cárcel u otras penas severas, accedió adherirse al criterio de oportunidad que establece la ley. Es decir, esta víctima proveería de información relevante a la fiscalía, la cual serviría para casos de mayor impacto, a cambio de ciertos beneficios a su favor. Es en este contexto que el denunciante dice haber sido víctima de tortura.
La defensa de Francisco G. A. también solicitó al juez federal que sustituyera las medidas cautelares, para que este pudiera permanecer en arraigo domiciliario, ya al tratarse ahora de un caso del ámbito federal, el riesgo de influir en la investigación ya no existe. En cuanto a la protección de la víctima, los abogados sugirieron que ésta podría ser protegida de otra manera y que no era necesario que Francisco G.A. permaneciera en la cárcel para resguardar su integridad.
La FGR no se opuso a la petición y estableció ciertas condiciones, como comparecer ante el juez cada 15 días, no acercarse a las víctimas, dejar una garantía económica de 100 mil pesos y entregar su pasaporte y su visa para evitar una fuga del país. Sin embargo, el juez respondió que antes de tomar cualquier decisión, es necesario que los órganos locales entreguen el caso.
El asesor jurídico del denunciante, Guillermo Saucedo, se declaró en contra tanto de la atracción del caso por la FGR como de la sustitución de las medidas cautelares contra Francisco G. A.
Argumentó que el riesgo contra su cliente no se ha desvanecido ya que la fiscalía que dirigió G. A. contaba con un grupo interdisciplinario el cual tiene datos personales del denunciante y que esto podría afectar su integridad. También declaró que la víctima no se encontraba presente en la sala por la serie de amenazas que ha recibido durante el último año.
También denunció que la carpeta de investigación abierta por la FGR no ha tomado en cuenta la voz del denunciante, sino que fue abierta por una denuncia hecha por G. A. en la que se declara víctima de persecución política por el estado de Chihuahua.
“¿Cómo voy yo a iniciar una carpeta de investigación con la denuncia del propio imputado… Nosotros todavía no tenemos el gusto de conocer a los señores fiscales”, declaró el abogado Saucedo.
Ruth Fierro, una de las abogadas de Francisco G. A., declaró en entrevista que su equipo legal ha tenido acceso a la carpeta de investigación abierta por la FGR y que en ella consta que han intentado contactar a la víctima, pero sin éxito, y que incluso el denunciante ya interpuso un amparo contra el ejercicio de la facultad de atracción de la federación.
“En cuanto se dejen encontrar podrán tener acceso, porque nosotros sí tenemos copia de la carpeta de la federación”, dijo.
Durante la administración del exgobernador Javier Corral, el exfiscal G. A. estuvo a cargo de la investigación de un entramado de corrupción de alto impacto que involucró a altos funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez, quien está hoy preso en el mismo Centro de Rehabilitación Social que G. A.
Iker Ibarreche, quien encabeza el equipo defensor del exfiscal, dio a conocer que la jueza Hortensia García se puede oponer a la disposición del juez federal y de hacerlo, se generaría un conflicto competencial.
Francisco G.A fue detenido el pasado 21 de noviembre y la jueza lo vinculó a proceso el 28 de noviembre. Permanece en prisión en el Centro de Reinserción Social UCereso) número 1, de Aquiles Serdán.