Por Francisco Ortiz Pinchetti
De niños nos advertían que de nuestro comportamiento durante el año dependería el premio o castigo de los Reyes Magos en su visita infaltable de cada 6 de enero, traducido en una opción radicalmente contrastante: juguetes o carbón.
No había término medio.
Recuerdo ese dilema infantil siempre inquietante ante lo que parece que los Magos de Oriente nos han traído esta vez a los mexicanos. Por un lado, nos traen el premio invaluable de una Suprema Corte presidida por una abogada con destacada trayectoria judicial que se puede definir por su imparcialidad y su autonomía ante el Ejecutivo Federal; pero por otro nos dejan no solo un costal de carbón sino un cuerno bien retorcido con los signos cada vez más ominosos de un autoritarismo atroz.
Más allá de la evidente derrota que ello significa para el Presidente López Obrador, la elección de Norma Lucia Piña Hernández por sus pares significa la decisión de nuestro máximo Tribunal de hacer valer su independencia constitucional. Y ante las amenazas que se ciernen sobre nuestra incipiente democracia, a pesar del rechazo legislativo a una Reforma Electoral constitucional que cancelaría de un tajo los avances logrados a lo largo de más de treinta años, el histórico hecho de que una mujer presida por primera vez en la historia la SCJN adquiere una transcendencia mayúscula.
Como lo advirtió en su momento el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, la reforma a la Constitución propuesta por el Mandatario mexicano vulneraba directamente los cinco pilares fundamentales en los que se sustenta el sistema electoral mexicano y, en consecuencia, el andamiaje mismo de nuestra estructura democrática.
La iniciativa en efecto parecía estar muy cuidadosamente elaborada para golpear justo los puntos clave de esta estructura: la autonomía e independencia de las autoridades electorales; el Servicio Profesional Electoral del INE; la estructura desconcentrada permanente del Instituto y su colaboración con los OPLEs; la gestión de un Padrón Electoral (del que depende la emisión de la credencial para votar) de manera autónoma del gobierno, y las condiciones de equidad en la competencia política.
Ante su derrota en el Senado, el tabasqueño recurrió a su mentado “Plan B”, integrado por reformas a seis leyes secundarias cuya modificación requiere solamente de la mayoría simple y no calificada del Congreso.
Esas modificaciones, analiza el propio Córdova Vianello, representan “una auténtica constelación de violaciones a la Constitución”. Precisa que todos y cada uno de los ejes antes mencionados antes se ven vulnerados en alguna medida: la autonomía e independencia del INE se transgrede al pretender destituir al Secretario Ejecutivo, cuando esa es una facultad exclusiva del Consejo General; a la par, al titular del Órgano Interno de Control, cuyas afinidades políticas son conocidas, se le confieren atribuciones sustantivas de decisión cuando la Constitución le reserva solo funciones fiscalizadoras.
El Servicio Profesional Electoral prácticamente desaparecería al eliminarse el 85 por ciento de sus plazas, lo que colocaría al INE en una condición de incapacidad operativa para organizar elecciones. Un número importante de los órganos desconcentrados del Instituto se volverían temporales, como si no hubiera actividades permanentes que desarrollar en los distritos, como ocurre con la credencialización.
Además, en la reforma legal se establece que el gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea quien valide la lista de los electores de los mexicanos en el extranjero, además que se establece que los módulos de atención ciudadana deberán ubicarse en escuelas y oficinas gubernamentales y no en espacios independientes.
Finalmente, se cambia el concepto de propaganda gubernamental para permitirles a los funcionarios públicos intervenir directamente en las elecciones, con lo que se alterarían las condiciones de equidad que hoy rigen a los comicios. En suma, a través de cambios a leyes secundarias se pretende erosionar e incluso nulificar las garantías constitucionales que nos permiten elecciones libres y auténticas.
Y es ahí donde cobra su verdadera importancia lo ocurrido esta semana en la SCJN.
Con la nueva configuración de ese máximo Órgano, podrá prosperar la ola de impugnaciones que provocará seguramente la aprobación de las reformas por parte del Legislativo, como lo anuncian ya partidos de oposición, organizaciones sociales y el propio INE. Así, la Suprema Corte toma su lugar como garante de la Constitución.
Mientras eso sucede seguiremos siendo testigos –y víctimas– de nuevas decisiones arbitrarias que vulneren cada vez más gravemente el Estado de Derecho, amén de las cotidianas y mañaneras agresiones contra los opositores, los intelectuales y los periodistas.
Ahora habrá que dilucidar quién fue el niño que se portó bien y cual el que de plano merece el montón de negro carbón en su zapato. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
SIN NOVEDAD. Luego de sufrir un atentado a balazos contra su vida, el periodista Ciro Gómez Leyva se fue de vacaciones. Al regresar este jueves a su noticiero radiofónico encontró que no hay ningún avance de la ofrecida investigación “exhaustiva” que supuestamente realizan las autoridades capitalinas, salvo el aseguramiento del auto que le cerró el paso en la colonia Florida para facilitar el ataque. Nada. Y pasaron ya tres semanas.
Twitter @fopinchetti
Francisco Ortiz Pinchetti
Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).