Por Elena Reina | El País
El periodista Antonio de la Cruz ha sido acribillado a balazos cerca de su domicilio la mañana de este miércoles. Su hija ha sido también asesinada y su esposa se encuentra herida, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. El reportero, que trabajaba desde hace 15 años para el diario Expreso en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, se ha convertido en el asesinato número 12 de periodistas en el país. Y ha colocado este año como el más sangriento para la profesión desde que se tiene registro. En lo que va de 2022, han sido asesinados a un ritmo de dos al mes, casi siempre cerca de sus casas o sus lugares de trabajo. Una tragedia que recuerda por qué México es el país más mortífero del mundo para ejercer el oficio, sin que ninguna autoridad le ponga freno a la violencia contra la prensa.
De la Cruz salía de su casa el miércoles por la mañana con su hija y su esposa, según la información del medio para el que trabajaba, cuando fueron atacados a balazos. Las autoridades de Tamaulipas, una de las entidades más violentas del país, frontera con Estados Unidos, han confirmado los hechos, pero no han proporcionado más detalles del suceso. Ha sido el diputado del Congreso local, Gustavo Cárdenas, del partido Movimiento Ciudadano, la primera autoridad en manifestarse sobre lo sucedido: “Está confirmada la muerte de Toño de la Cruz. Esta es una acción donde los principales sospechosos son los funcionarios del Gobierno del Estado. Me duele en el alma que hayamos perdido a un compañero de los medios de comunicación de esta forma. Era un hombre de bien, no tengo ninguna duda de la responsabilidad de los señores del Gobierno del Estado. Es muy triste y muy lamentable, que estos cabrones hayan asesinado a un hombre de familia. No puede pasar por alto. Al fiscal le exigimos que aclare esta situación”, ha denunciado visiblemente afectado.
Las palabras del diputado remiten a una realidad a menudo silenciada. La creencia general de los crímenes contra la prensa apunta casi siempre al poder del narco, pero organismos internacionales de defensa de los derechos de los periodistas, como Artículo 19, han advertido desde hace años que las amenazas más recurrentes contra los reporteros provienen de funcionarios públicos y no tanto de pistoleros del crimen organizado. La estrecha relación entre algunos funcionarios corruptos locales y los capos de la zona provoca además el ambiente de impunidad en el que se desenvuelven este tipo de casos, donde más del 90% de los acusados no ha recibido una sentencia. En general, para cualquier delito, en México la impunidad ronda el 95%.
El jefe de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, ha enviado un mensaje en sus redes sociales en el que lamenta lo sucedido: “No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas. Estos crímenes no quedarán impunes”. Unas horas antes, había celebrado la polémica sección que se lleva a cabo semanalmente durante las mañaneras del mandatario, los miércoles, el Quién es Quién de las mentiras, donde desde la tarima presidencial se señala a periodistas, medios de comunicación e informaciones que el Gobierno considera falsas. Un programa que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que se suspendiera “porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas”, afirmó en una entrevista con Proceso el relator del organismo Pedro Vaca Villarreal.
Los crímenes contra la prensa se convirtieron este año en una gran mancha en el expediente del Gobierno de López Obrador. El Parlamento Europeo llegó a condenar la situación de extrema violencia en la que trabajan los reporteros en el país y la inacción de las autoridades en un documento aprobado por la Cámara en marzo. El presidente, que ya contaba en ese momento con ocho profesionales acribillados y pocos avances en las investigaciones, acusó a sus adversarios políticos de estar aliados con los conservadores europeos para dañar su imagen. Los periodistas se habían plantado en algunas conferencias de prensa diarias del mandatario. Y era la primera vez en casi 800 ruedas de prensa en las que se unieron para pedir justicia por sus compañeros, no había más preguntas.
Después de que los asesinatos contra los periodistas se convirtieran en un tema de agenda nacional e internacional, los siguieron matando. Los últimos, Luis Enrique Ramírez, en Culiacán (Sinaloa), a principios de mayo; y el doble asesinato de Yesenia Mollinedo y Johana García, en Cosoleacaque, Veracruz, una semana después. De la Cruz se ha convertido en la última víctima de una cacería contra la prensa que no cesa. Pues además de los balazos, otros muchos reporteros de provincia han denunciado amenazas, otros han sido desplazados o han pedido protección al endeble Mecanismo de Protección del Gobierno federal y estatal que ha servido de poco a algunos como Lourdes Maldonado, asesinada en enero en Tijuana, que contaba con esta medida.
Según las estadísticas que maneja Artículo 19, el año más mortal para la prensa había sido hasta hoy 2017, con 12 periodistas asesinados. En lo que va de 2022 y en solo seis meses, se ha alcanzado esa cifra. Pese a que López Obrador insiste en que no habrá impunidad, en muchos de los crímenes solo se ha detenido a los pistoleros, asesinos a sueldo, y ni rastro de quién dio la orden.