Por Ernesto Camou Healy
Andrés Manuel López Obrador mandó a la legislatura su iniciativa de reforma electoral: Propone una serie de cambios que implican derogar y adicionar diversos artículos de la Constitución, para lo cual será necesaria una mayoría calificada, que no pueden conseguir Morena y sus aliados, lo que dificulta su ratificación.
De inmediato los voceros de la oposición declararon qué tal iniciativa no tiene futuro: Ellos no la aprobarán y no podrá modificarse la Carta Magna. Es obvio que el Presidente está consciente de eso, y sin embargo optó por proponer los cambios, sabedor que una mayoría de los ciudadanos aprueba el proyecto, por más que no le será posible conseguir los votos del PAN, PRI y PRD; sin embargo, debe calcular que eso redituará en simpatía para su plataforma, y votos para quien sea su candidato a la presidencia en menos de tres años. No da paso sin huarache.
Conviene revisar los principales puntos de esta propuesta, que seguramente se volverá a introducir en el siguiente sexenio, si se alza Morena con la victoria. Para empezar propone transformar el INE en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Y elegir a través del voto popular a los consejeros y magistrados electorales. Pretende también reducir el financiamiento de la autoridad electoral y reducir el número de los consejeros electorales de los once actuales, a sólo siete. Si se aprobara se plantearía la disolución del actual INE, y su reemplazo por el nuevo INEC, con sus propios consejeros y oficiales, lo cual convendría al ejecutivo que ha tenido fuertes desencuentros con la actual estructura.
Quizá lo más llamativo de la propuesta sea la reducción del número de legisladores: Se plantea la eliminación de los representantes de representación proporcional en ambas cámaras que pasarían de 500 a 300 diputados, y de 128 a 96 senadores. La desaparición de los legisladores de representación proporcional daría fin a la práctica de algunos partidos de asegurar una curul para sus cuadros principales, sin pasar por la experiencia de hacer campañas, y representaría también un muy sustancial ahorro para el País.
A nivel estatal, se plantea reducir el tamaño de los congresos locales, que sean no menores de 15 ni mayores de 45 integrantes, según la población de cada entidad, y en los municipios se disminuirá el número de regidores.
En la iniciativa se propone una reducción sustancial al financiamiento de los partidos políticos: Con la nueva normatividad recibirán un subsidio solamente para los periodos de elecciones, pero no para su funcionamiento ordinario. Esta sola modificación debería ser más que suficiente para concitar la aprobación de las mayorías, hartas ya de constatar que algunas agrupaciones políticas viven del presupuesto y se dedican a subastar sus apoyos a otros grupos, un poco más constituidos y en teoría más consistentes
Este corte al financiamiento, puede representar hasta un 66% de ahorro, puesto que sólo se subsidiaría uno de cada tres años, y sólo aquellos meses marcados como periodos electorales. En el resto del tiempo cada partido debería vivir solamente de las aportaciones de sus afiliados, supongo, lo cual torna a este intento de reforma en una píldora muy difícil de tragar para aquellos partidos que han vivido, y bastante bien, de los subsidios. De ahí el no pasará.
Si al corte de subsidios se añade el ahorro en sueldos y dietas de al menos 200 diputados y 32 senadores, más los gastos que conlleva esa representación en asesores y equipos de trabajo, se puede apreciar que en ambos renglones se lograría un considerable ahorro presupuestario, que podría llegar, dicen, a unos 24 mil millones de pesos.
Con estas modificaciones, las elecciones dejarán de ser las más caras del mundo, y habrá procedimientos modernos para que se instaure y se normalice la vida democrática en el País con la participación directa de los ciudadanos, afirmó Augusto Adán López, el secretario de Gobernación. Si no se logra ahora, habrá que insistir.